Bilbao ha decidido que un piso cerrado a cal y canto ya no puede salir gratis. El Pleno municipal ha aprobado de forma provisional las Ordenanzas Fiscales de 2027, y entre ellas figura la medida con más carga simbólica del curso: un recargo del 75% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas vacías. En el otro plato de la balanza, el Consistorio eleva hasta el 99% la bonificación del IBI a los propietarios que incorporen sus pisos a programas públicos de alquiler como Bizigune u otros de tipología similar. Palo y zanahoria, en versión fiscal.

Las ordenanzas han salido adelante con el voto a favor del equipo de Gobierno de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP. Elkarrekin Bilbao apoyó la modificación de las tasas por utilización del dominio público y se abstuvo en las otras dos. Es decir, nadie ha salido a defender con entusiasmo el derecho a mantener un piso vacío, pero tampoco se ha visto una gran ovación.

El concejal de Hacienda, Carlos Urgoiti, se ha encargado de dejar claro que la intención no es recaudar más, sino movilizar vivienda para que un piso vacío pueda convertirse en uno disponible. Una declaración impecable sobre el papel. La pregunta, como siempre en estos casos, es si un recargo sobre un impuesto que muchos propietarios pagan sin pestañear será suficiente para cambiar comportamientos, o si acabará siendo un peaje más que se asume con resignación mientras el piso sigue criando polvo.

Ampliar el mercado del alquiler en la capital bizkaina

El trasfondo de la medida es evidente: el alquiler en Bilbao, como en buena parte de las capitales españolas, está sometido a una presión que no da tregua. Cada vivienda que permanece cerrada es una vivienda que no compite en un mercado donde la oferta escasea y los precios suben. El Ayuntamiento pretende utilizar la fiscalidad municipal en las dos direcciones: desincentivar el piso vacío y premiar al propietario que lo pone a trabajar dentro de un circuito público.

Ahí es donde la bonificación del 99% para Bizigune tiene más recorrido que el recargo. El programa del Gobierno vasco lleva años funcionando como intermediario entre propietarios reacios y demandantes de vivienda, con garantías de cobro y conservación que tranquilizan a quien teme meter inquilinos en su casa. Eliminar prácticamente el IBI a quien entre en él es un argumento contante y sonante.

El recargo, en cambio, tiene la letra pequeña de siempre: qué se considera vivienda vacía y cómo se acredita. Sin un sistema de detección fiable, basado en consumos o padrón, y sin voluntad real de inspección, el 75% corre el riesgo de quedarse en titular. Y conviene no olvidar que un recargo sobre el IBI, por muy llamativo que sea en porcentaje, puede ser una cantidad modesta frente a la rentabilidad esperada de un piso que su dueño prefiere guardar a la espera de vender mejor.

Otras medidas sobre los pisos turísticos

Si el piso vacío recibe un tirón de orejas, la vivienda turística recibe directamente el tipo máximo. Bilbao aplicará los importes más altos que permite la normativa foral a los apartamentos turísticos y a las viviendas de uso turístico, con el argumento de mantener un desarrollo turístico compatible con el modelo de ciudad.

En la práctica, las viviendas de uso turístico pagarán 6,50 euros por persona y noche, tanto si se ceden íntegramente como si se alquilan por habitaciones. Los apartamentos turísticos tributarán 3,50 euros, otros establecimientos de alojamiento turístico 2 euros y las embarcaciones de crucero turístico, 6 euros. El mensaje es transparente: el Ayuntamiento no quiere que el piso turístico sea el destino natural de las viviendas que se le escapan al alquiler residencial. Otra cosa es que 6,50 euros por noche vayan a disuadir a un operador que factura en temporada alta cifras muy superiores a las de un contrato de larga duración.

La tasa turística en general

La gran novedad de las ordenanzas es el estreno del Impuesto sobre Estancias Turísticas, que se aplicará desde el 1 de enero de 2027 al amparo de la Norma Foral 3/2026, de 17 de junio, aprobada por las Juntas Generales de Bizkaia. Ahora son los municipios quienes fijan los tipos, y Bilbao ha optado por situarse por encima del mínimo invocando criterios de moderación y equilibrio: que el visitante contribuya a sostener los servicios públicos sin restar competitividad al destino.

El gravamen se cobra por persona y noche, con un máximo de seis noches. En hoteles, la escala va de 5 euros en los de cinco estrellas a 4 euros en los de cuatro, 2 euros en los de tres, 1,50 euros en los de dos y 1 euro en los de una estrella, tarifa que comparten pensiones, campings, casas rurales, agroturismos y albergues. Los propios establecimientos actuarán como sustitutos del huésped y harán la autoliquidación trimestral. Quedan exentos los menores de 18 años, varios supuestos sociales, sanitarios o humanitarios y las reservas realizadas antes del 5 de febrero de 2026.

Impuestos municipales congelados por segundo año

La otra cara de las ordenanzas es menos llamativa pero toca a todos los bilbaínos: los tributos municipales se congelan por segundo año consecutivo en 2027. Urgoiti lo justifica como un alivio ante el encarecimiento progresivo del coste de la vida, aunque reconoce que el Ayuntamiento deberá absorber el aumento de sus propios costes sin rebajar la calidad de los servicios. Como novedad recaudatoria menor, el gravamen del 1,5% sobre los ingresos brutos de las empresas de suministros se extiende también a las operadoras de telefonía móvil.

El conjunto dibuja una estrategia coherente: congelar al residente, cobrar al visitante y apretar al propietario que no pone su piso en circulación. Falta comprobar si la ejecución estará a la altura del discurso. Porque en materia de vivienda vacía, España acumula ya demasiados recargos anunciados con solemnidad y aplicados con timidez.