El Plan Vive cambia sus reglas: más accesible para rentas medias, más restrictivo para los recién llegados

La Comunidad de Madrid ha aprobado una modificación del decreto que regula el Plan Vive, el programa de alquiler a precios moderados que es la principal apuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en materia de vivienda. Los cambios, adoptados en Consejo de Gobierno, afectan tanto a los criterios económicos de acceso como a los de arraigo territorial, un concepto que el Ejecutivo regional emplea para justificar lo que, en términos llanos, supone exigir más años de residencia en la comunidad para poder optar a una de estas viviendas.

Seis años después de su lanzamiento, y con apenas el 20% de las 25.000 viviendas prometidas por Ayuso efectivamente adjudicadas, el programa se enfrenta a una demanda que supera con creces su oferta real. La respuesta del Gobierno regional tiene dos caras: abrir la puerta a hogares con ingresos algo más altos y, al mismo tiempo, estrecharla para quienes llevan menos tiempo empadronados en el municipio donde se ubica la vivienda.

Nuevas condiciones de acceso por años de residencia o empadronamiento

Hasta ahora, el requisito mínimo para solicitar una vivienda del Plan Vive era acreditar tres años de empadronamiento en el municipio correspondiente, o bien tres años trabajando en él. Con la reforma aprobada, ese umbral sube a cinco años. Los solicitantes que no alcancen ese periodo de residencia local pero lleven diez años en cualquier municipio de la Comunidad pasarán a un segundo nivel de preferencia, frente a los cinco que se exigían anteriormente. El resto de personas empadronadas, independientemente de cuánto tiempo lleven en la región, quedará en el último escalón de la lista.

Estos cambios no son un capricho administrativo. Se enmarcan en la redacción del nuevo reglamento de vivienda protegida que está preparando la Consejería de Vivienda, que prevé fijar un mínimo de cinco años de empadronamiento para acceder al alquiler protegido y de diez para la compra. La normativa vigente, aprobada en 2009, no contemplaba este tipo de exigencias con carácter general, salvo para las viviendas gestionadas por la Agencia de Vivienda Social, destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. Ese modelo se mantiene: los pisos de la AVS seguirán requiriendo diez años de empadronamiento en la comunidad, con al menos tres consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud.

Unos cambios que dejan fuera a los más vulnerables

La narrativa oficial habla de «actualizar los criterios vinculados al arraigo territorial» y de garantizar el acceso a quienes tienen un vínculo más consolidado con el municipio. Es una forma elegante de decir que quien lleva poco tiempo en Madrid —sea porque acaba de llegar, sea porque ha tenido que moverse por razones laborales o personales— tendrá muchas más dificultades para competir por una vivienda pública. Que Madrid es una ciudad abierta y acogedora comienza a sonar, en este contexto, a eslogan con fecha de caducidad. La tendencia apunta hacia un modelo más excluyente, donde el acceso a los recursos públicos de vivienda se va desplazando hacia quien más tiempo lleva instalado y, como veremos, hacia quien más ingresos tiene.

Porque la segunda gran palanca de la reforma va en esa dirección. Los umbrales de ingresos para acceder a las viviendas de precio básico se amplían hasta 5,5 veces el IPREM para unidades familiares de dos miembros, cuando antes el coeficiente era el mismo que para hogares unipersonales. En las de precio limitado, el rango llega hasta 7,5 veces el IPREM. El argumento del Ejecutivo es que esto permitirá que «un mayor número de ciudadanos pueda cumplir las condiciones exigidas». Traducido: el programa se está quedando sin solicitantes que encajen en los límites anteriores, y ampliar hacia arriba es la manera más sencilla de cubrir la demanda.

Del Plan Vive con 25.000 viviendas prometidas se han adjudicado un 20%

El dato más revelador de toda esta reforma no está en los nuevos baremos: está en el porcentaje de viviendas efectivamente adjudicadas. De las 25.000 que Ayuso prometió en 2019, solo han llegado a sus inquilinos alrededor de 5.000. Un 20%. No es que el programa esté saturado de demanda insatisfecha porque haya demasiados candidatos; es que hay muchos pisos que no encuentran inquilino dentro de los perfiles establecidos. Ampliar hacia rentas medias no es una conquista social, es una corrección técnica para llenar viviendas que, con los criterios anteriores, quedaban vacías.

La modificación también abre la posibilidad de que la Comunidad actúe sobre suelos propiedad de otras administraciones, como los ayuntamientos, para levantar nuevas promociones protegidas. Y se refuerzan las medidas de transparencia en los procesos de adjudicación, con publicación continua de listas en la web del concesionario.

Un alineamiento con la ciudad de Madrid

El día después de la aprobación del decreto autonómico, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, anunció un nuevo programa municipal de alquiler dirigido a rentas medias, con inicio en la promoción Iberia Loreto 1, en Barajas, que ofrecerá 52 viviendas sorteadas en junio. El perfil de los destinatarios es prácticamente calcado al del Plan Vive reformado: personas de entre 18 y 50 años con al menos cinco años de empadronamiento en Madrid. Preguntada por la coincidencia, Sanz no dudó: Ayuntamiento y Comunidad están «absolutamente alineados» y la vivienda es «la prioridad absoluta máxima» de ambas administraciones.

El alineamiento es innegable. La pregunta es en qué dirección apunta ese consenso. Hacia viviendas para quienes llevan años en la ciudad y tienen ingresos suficientes para moverse cerca del mercado libre, pero no del todo. No hacia quienes más necesitan protección: los recién llegados, los más vulnerables, los que el sistema de vivienda social en sentido estricto debería atender. Para ellos, la oferta sigue siendo la misma de siempre: escasa, condicionada y, con cada reforma, un poco más difícil de alcanzar.