El Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, la primera norma autonómica que regulará de forma integral la vivienda vacacional en el archipiélago. La nueva legislación sustituye al Decreto 113/2015, que durante una década fue el único marco de referencia en la materia, y nace con el objetivo de equilibrar el derecho a la vivienda con la actividad económica del alquiler turístico, tras años de tensiones entre la oferta vacacional y la residencial. “Por primera vez, Canarias contará con una ley que regula el alquiler vacacional, tras diez años de vigencia de un decreto que carecía de normas claras para propietarios, administraciones, ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias”, afirmó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

Equilibrar el derecho a la vivienda con la actividad económica

El nuevo texto legal aspira a ordenar y planificar la actividad turística sin expulsar a los residentes de sus barrios ni desvirtuar la función social de la vivienda. Según De León, la norma representa “un paso importante hacia la gestión y disciplina urbanística, entendiendo que el derecho a la vivienda de los 2,2 millones de canarios debe equilibrarse con una actividad económica que ha venido para quedarse, pero que necesita orden y mesura”. Con esta ley, el Gobierno canario busca establecer un marco jurídico estable, donde los pequeños propietarios puedan seguir desarrollando su actividad con plena seguridad legal, pero evitando que la vivienda turística siga tensionando el mercado inmobiliario y afectando a la convivencia vecinal.

La ley intenta poner freno a la gentrificación y a la turistificación

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, destacó que la nueva ley “define la sostenibilidad como la garantía de una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, defiende un territorio habitable y equilibrado y pone freno a la gentrificación y la turistificación, que expulsa a los residentes y erosiona el pequeño comercio”. La norma, según el Ejecutivo autonómico, no busca limitar la actividad turística, sino regularla de manera responsable para proteger tanto el tejido social como la economía local. Desde ahora, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no podrán destinarse al uso turístico y se prohíben los pseudohoteles, es decir, edificios completos con uso vacacional pertenecientes a grandes tenedores. Además, se establece que las nuevas viviendas no podrán destinarse al alquiler turístico hasta que transcurran diez años desde su construcción, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria y garantizar el destino residencial para el que fueron concebidas.

El 55,5 % de las plazas son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros

Uno de los datos que más ha llamado la atención en la presentación de la ley es el elevado porcentaje de viviendas vacacionales controladas por propietarios extranjeros. Según los datos del Gobierno de Canarias, el 44,6 % de las viviendas vacacionales están en manos de personas físicas, mientras que el 55,5 % de las plazas son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros, lo que refleja un fuerte proceso de inversión internacional en el parque inmobiliario turístico canario. Esta concentración, advierte la consejera, “refuerza la necesidad de una regulación que priorice el interés general y la calidad de vida de los residentes sobre la rentabilidad externa”. La ley, por tanto, pretende proteger al pequeño propietario local, reforzar la transparencia del sector y fomentar un modelo turístico sostenible y respetuoso con la convivencia.

No se podrán establecer nuevas viviendas vacacionales durante un periodo de cinco años

Uno de los puntos más relevantes del articulado es la moratoria de cinco años para la creación de nuevas viviendas vacacionales. Durante este tiempo, los ayuntamientos deberán elaborar su planeamiento municipal, que determinará cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas turísticas podrán habilitarse. Esta medida busca devolver a los municipios el control sobre la expansión de esta modalidad de alojamiento, garantizando que las decisiones urbanísticas no comprometan la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, la ley establece que el 90 % del parque residencial deberá destinarse a uso permanente y solo el 10 % podrá dedicarse a uso vacacional, un límite que intenta reequilibrar el mercado y facilitar el acceso a la vivienda habitual.

Las limitaciones al empleo de la vivienda como alquiler turístico

Con la entrada en vigor de la ley, el uso turístico de las viviendas quedará sujeto a criterios de sostenibilidad, planificación y control municipal. Los ayuntamientos dispondrán de seis meses para poner en marcha un plan de inspección, y el Ejecutivo canario les facilitará una ordenanza provisional estándar para agilizar su aplicación. Desde el Gobierno insisten en que la norma “ordena y regula, no limita”, y que su finalidad es dar seguridad jurídica a los propietarios cumplidores y reforzar la convivencia vecinal. En este sentido, se ha hecho un llamamiento a todos los propietarios a presentar la actividad clasificada, un trámite necesario para garantizar su continuidad dentro del marco legal.

La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas marca un antes y un después en la regulación del alquiler vacacional en Canarias. Representa la respuesta política e institucional a una problemática que afecta a las principales regiones turísticas del país, y que cada vez más comunidades autónomas se ven obligadas a abordar. Aunque el texto deja margen para el desarrollo normativo y la coordinación municipal, Canarias se sitúa ahora a la vanguardia de la regulación turística en España, apostando por un modelo que compatibilice desarrollo económico y derecho a la vivienda.

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