La política de vivienda vuelve a situarse en el centro del debate público tras el anuncio realizado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre el impulso de nueva vivienda pública en alquiler asequible. Según explicó en su comparecencia ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, CASA 47, la Entidad Pública de Vivienda adscrita a su ministerio, licitará este mismo trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas que se incorporarán al parque público en régimen de alquiler.

Se trata de una de las actuaciones más ambiciosas del actual Ejecutivo en materia de vivienda, en un contexto marcado por la escasez de oferta, el encarecimiento de los alquileres y las crecientes dificultades de acceso a una vivienda digna para amplias capas de la población. Estas nuevas promociones se desarrollarán mediante colaboración público-privada, una fórmula que el Gobierno considera clave para acelerar la puesta en marcha de vivienda asequible a gran escala.

La ministra recordó que estas 2.800 viviendas se suman a las 1.664 ya licitadas a lo largo de 2025, lo que eleva a más de 4.400 las viviendas que CASA 47 habrá puesto en marcha al cierre de este trimestre, consolidando así el despegue operativo de la nueva entidad estatal.

Esta viviendas ofrecerán contratos de alquiler de hasta 75 años

Uno de los aspectos más destacados del anuncio tiene que ver con el modelo de alquiler que se aplicará a las viviendas promovidas por CASA 47. Isabel Rodríguez subrayó que los contratos podrán alcanzar una duración máxima de hasta 75 años, un planteamiento que busca dotar de estabilidad a largo plazo al parque público de vivienda y evitar cualquier tentación especulativa.

El esquema previsto contempla un primer contrato de 14 años, al que seguirán prórrogas automáticas de siete años, siempre que se mantengan las condiciones de acceso y asequibilidad establecidas. Este sistema, con revisión periódica, pretende garantizar alquileres estables y previsibles durante décadas, algo inédito hasta ahora en el mercado residencial español.

La ministra recordó que CASA 47 nace con una sólida capacidad financiera, respaldada por más de 13.000 millones de euros previstos para los próximos años, lo que permite plantear proyectos a largo plazo y blindar el carácter social de estas promociones. En este sentido, insistió en la necesidad de proteger el parque público de vivienda para que nunca pueda ser objeto de especulación, uno de los consensos que, según afirmó, existe en el ámbito parlamentario.

Las viviendas licitadas este trimestre y las previsiones

El anuncio de las nuevas licitaciones se enmarca en una estrategia más amplia de refuerzo del parque público. De forma paralela, CASA 47 continúa adecuando las viviendas procedentes de la Sareb para incorporarlas cuanto antes al alquiler asequible. Además, la entidad aprobará próximamente las bases para la adquisición de viviendas por valor de 100 millones de euros, que pasarán a integrarse directamente en el parque público.

Durante su intervención, Isabel Rodríguez apeló a los grupos parlamentarios a intensificar el trabajo conjunto para seguir avanzando en la garantía del derecho constitucional a una vivienda digna. Entre las medidas para las que reclamó consenso se encuentran la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prórroga del escudo social para proteger a las personas vulnerables y diversas iniciativas fiscales, como la aplicación del 21 % de IVA a los pisos turísticos, el aumento de la carga fiscal sobre las viviendas vacías o sobre la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes.

La ministra fue especialmente crítica con aquellos discursos que, en su opinión, recurren a la demagogia al vincular pobreza y delincuencia para justificar el rechazo a determinadas medidas de protección social. “Son personas a las que hay que ayudar siempre”, afirmó, recordando que cualquiera puede verse en una situación de vulnerabilidad en algún momento de su vida.

Los datos de la Comunidad Foral de Navarra en relación con la aplicación de la Ley de Vivienda

Otro de los ejes de la comparecencia fue la defensa de la Ley de Vivienda y de la necesidad de basar el debate en datos públicos y contrastables. Rodríguez puso como ejemplo los datos oficiales de la Comunidad Foral de Navarra, donde, durante los seis primeros meses tras la declaración de 21 municipios como zonas de mercado tensionado, los precios del alquiler se han contenido un 8,6 %, mientras que la oferta se ha mantenido estable.

Para la ministra, estos datos demuestran que “la Ley de Vivienda funciona”, y reprochó a algunas comunidades autónomas que aún no hagan públicos todos los indicadores relacionados con el mercado residencial. También criticó el uso exclusivo de estadísticas procedentes de empresas privadas, recordando que estas responden a intereses mercantiles legítimos que no siempre reflejan la realidad completa del mercado.

El anuncio de las 2.800 nuevas viviendas de alquiler asequible refuerza así la apuesta del Gobierno por una mayor intervención pública en un mercado tensionado, donde la falta de oferta y el encarecimiento de precios siguen siendo uno de los principales problemas económicos y sociales del país. Para portales especializados como Aquimicasa, que analizan de forma crítica la evolución de la vivienda, las hipotecas, los alquileres y el consumo, el desarrollo real de proyectos como los impulsados por CASA 47 será clave para evaluar si estas medidas consiguen, por fin, aliviar la presión sobre el acceso a la vivienda en España.