El Gobierno ha dado un nuevo paso en su estrategia para ampliar el parque público de vivienda en España. A través de CASA 47, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se ha aprobado una convocatoria pública dotada con 100 millones de euros destinada a la compra de viviendas privadas que posteriormente se incorporarán al parque público de alquiler asequible.

La iniciativa pretende aumentar la oferta de vivienda a precios accesibles en un contexto marcado por la fuerte presión del mercado residencial y las crecientes dificultades de acceso a la vivienda para muchos hogares. La convocatoria, aprobada por el Consejo Rector de la entidad estatal, permitirá que propietarios particulares o empresas puedan ofrecer sus viviendas para su adquisición por parte de la administración.

El proceso se pondrá en marcha en los próximos días mediante su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, momento a partir del cual se abrirá un plazo de cuatro meses para presentar propuestas de venta. Con esta medida, el Gobierno busca incorporar nuevas viviendas al parque público mediante la compra directa, un mecanismo que pretende acelerar la disponibilidad de viviendas asequibles frente a los largos plazos que requieren las promociones de obra nueva.

Las viviendas adquiridas se incorporarán al parque público para alquiler asequible

El objetivo central del programa es incrementar el número de viviendas públicas disponibles para alquiler asequible, uno de los principales déficits del sistema residencial español. Actualmente, el parque público en España se sitúa muy por debajo de la media europea, lo que limita la capacidad de las administraciones para intervenir en momentos de tensión del mercado.

Las viviendas que sean adquiridas por CASA 47 pasarán a formar parte del parque público estatal y se destinarán a alquiler asequible, con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda a hogares con mayores dificultades económicas.

El procedimiento de selección se realizará mediante un concurso público, lo que permitirá evaluar cada propuesta de forma individualizada y con criterios técnicos objetivos. Entre los factores que se tendrán especialmente en cuenta destacan la localización de las viviendas, su adecuación urbanística, su estado de conservación y su adaptación a las necesidades del mercado residencial.

La convocatoria, además, priorizará las ofertas localizadas en zonas de mercado tensionado, es decir, aquellas áreas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, una situación cada vez más extendida en muchas ciudades y áreas turísticas del país.

Las características de las viviendas de interés

El programa establece también una serie de requisitos técnicos para las viviendas que podrán ser adquiridas, con el objetivo de garantizar que cumplan condiciones adecuadas de habitabilidad y funcionalidad.

En términos generales, podrán presentarse viviendas de entre 40 y 120 metros cuadrados que no cuenten con algún tipo de protección pública previa. Además, deberán tratarse de viviendas ubicadas en edificios residenciales en altura, ya que quedan excluidas las viviendas unifamiliares.

Entre las condiciones exigidas se incluyen aspectos relacionados con la iluminación natural, la ventilación o la configuración interior de las viviendas. Así, deberán ser viviendas exteriores, con ventanas a la calle o a patios que cumplan dimensiones mínimas, y no podrán contar con dormitorios sin ventilación natural.

También se exigirá que los edificios dispongan de ascensor en el caso de viviendas situadas por encima de un cuarto piso, así como contar con una Inspección Técnica de Edificios favorable.

En cuanto a la distribución interior, las viviendas deberán disponer al menos de cocina, salón o estancia principal y baño completo, aunque también se admitirán lofts o estudios, siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad.

Los criterios de valoración

Uno de los elementos clave de la convocatoria es el sistema de valoración de los inmuebles, diseñado para garantizar transparencia en el proceso de compra y evitar que el Estado pague precios por encima del mercado real.

Para ello, el precio final de adquisición se determinará mediante un sistema de triple referencia, de modo que la administración comprará la vivienda por el valor más bajo entre tres variables diferentes.

El precio final será siempre el menor entre el precio ofertado por el vendedor, la tasación oficial realizada por un tasador homologado y el precio medio de mercado de la zona según el Portal Estadístico del Notariado.

Este sistema pretende asegurar una utilización eficiente de los recursos públicos, evitando sobrecostes y alineando el precio de compra con la realidad del mercado inmobiliario en cada territorio.

Además, la convocatoria incorporará criterios de calidad que otorgarán mayor puntuación a determinadas viviendas, especialmente aquellas que cuenten con mejores condiciones de accesibilidad, eficiencia energética o rehabilitación reciente. Las viviendas con calificación energética A, B o C también recibirán una valoración superior dentro del proceso de adjudicación.

Los objetivos del proyecto con Europa como objetivo

La puesta en marcha de esta convocatoria se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno para aumentar el parque público de vivienda y acercarlo a los estándares europeos, donde el peso de la vivienda pública dentro del mercado residencial es mucho mayor.

Actualmente, el parque público español representa una proporción muy reducida del total de viviendas, muy lejos del objetivo de alcanzar aproximadamente el 8% del parque residencial, un nivel más próximo al que presentan muchos países europeos.

Para lograrlo, el Ejecutivo ha planteado una estrategia múltiple que combina diferentes vías de crecimiento del parque público, entre ellas la construcción de nuevas promociones, la rehabilitación de viviendas existentes, la incorporación de activos del Estado y, como en este caso, la compra directa de viviendas privadas.

Desde el Ministerio de Vivienda se considera que este tipo de iniciativas pueden contribuir a aumentar la oferta disponible de forma relativamente rápida, algo especialmente relevante en un momento en el que la escasez de vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos del mercado inmobiliario español.

En este contexto, la convocatoria de 100 millones de euros impulsada por CASA 47 representa un nuevo intento de reforzar la intervención pública en el mercado residencial, con la intención de ampliar la oferta de alquiler asequible y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para miles de hogares.