Una legislación turística que la realidad había dejado atrás
La ley vigente, la 8/1999, tiene más de un cuarto de siglo. Se redactó en un mundo sin Airbnb, sin Booking y sin el boom de las viviendas de uso turístico que hoy satura cascos históricos como el de Toledo o Cuenca. Desde entonces, la Junta había ido parcheando la situación con decretos, como el de 2018 que reguló mínimamente las VUT y las áreas de autocaravanas, pero un decreto no basta para plantar cara a un negocio profesionalizado y digitalizado. Que Castilla-La Mancha eleve ahora estas figuras a rango de ley es reconocer, con casi diez años de retraso, que la realidad del alquiler turístico se le había escapado de las manos al regulador.
Se incrementa el control sobre plataformas como Airbnb o Booking
El punto más contundente del anteproyecto es el que afecta directamente a los intermediarios digitales. A partir de ahora, una vivienda turística no podrá anunciarse en Airbnb, Booking o cualquier otra plataforma similar si su propietario u operador no ha presentado antes la declaración responsable o no figura inscrito en el Registro de Turismo regional. Es una medida de sentido común que, sin embargo, tardaba en llegar: durante años, cualquiera ha podido colgar un anuncio sin más control que el algoritmo de la propia plataforma. La ley también crea infracciones específicas para las plataformas que incumplan sus obligaciones de información, registro y suministro de datos a la Administración. Traducido: se acabó mirar hacia otro lado. Si Airbnb o Booking quieren seguir operando en la región, tendrán que colaborar activamente en identificar quién hay detrás de cada anuncio.
La importancia de la declaración responsable
La declaración responsable se convierte en la puerta de entrada obligatoria a la legalidad turística. Sin ella, no hay anuncio posible, y explotar o publicitar una vivienda turística sin haberla presentado pasa a considerarse infracción muy grave. Además, el anteproyecto introduce una novedad especialmente oportuna: los propietarios responderán de forma subsidiaria en los casos de intrusismo si, requeridos por la Administración, no identifican a quien realmente está explotando la vivienda. Se acaba así la coartada del propietario que alquila su piso a un tercero y luego dice no saber nada de lo que ocurre con él. Es una vuelta de tuerca necesaria en una comunidad donde la picaresca del alquiler en negro ha sido, durante demasiado tiempo, la norma no escrita.
¿Qué es un municipio turístico?
El texto también define, por primera vez con rango legal, qué es un municipio turístico. Para obtener esa consideración, un municipio deberá acreditar que la población turística asistida anual supera el 25% de la población residente y que el número de visitantes equivale, al menos, a ese mismo porcentaje, además de contar con recursos turísticos de atracción y un plan municipal de calidad. No es una etiqueta simbólica: llevará aparejado un trato preferente en ayudas, planificación y promoción. La norma va incluso más allá y modifica otras dos leyes regionales para crear los «municipios de interés turístico artesano» y regular los comercios turísticos, en un intento de ordenar un ecosistema que hasta ahora crecía sin demasiadas reglas.
El alquiler por habitaciones
Uno de los cambios con más recorrido práctico es la prohibición expresa de alquilar por habitaciones bajo la figura de vivienda de uso turístico: a partir de ahora, el piso tendrá que cederse completo. Se cierra así la puerta al modelo de habitación suelta en piso compartido, que en la práctica ha servido para eludir controles y multiplicar la rotación de huéspedes sin las garantías exigibles a un alojamiento turístico. Es una medida directa y sin matices, aunque el anteproyecto sigue sin concretar aspectos igual de sensibles, como un límite de días de comercialización al año o criterios de saturación para zonas tensionadas, que quedan pendientes de un desarrollo reglamentario posterior. Ahí está, precisamente, la letra pequeña que habrá que vigilar.
La política de sanciones
El régimen sancionador se moderniza para adaptarse al entorno digital, pero mantiene los importes de la ley anterior: hasta 600 euros para las infracciones leves, entre 601 y 6.010 euros para las graves, y entre 6.011 y 60.010 euros para las muy graves, con la posibilidad de excluir a los infractores más graves de las ayudas de la consejería. Son cifras que invitan a la duda: para un negocio que puede generar varios miles de euros al mes en zonas de alta demanda, una multa de 6.000 euros puede quedarse en un coste asumible. La nueva ley acierta en el diagnóstico, pero su eficacia dependerá de que Castilla-La Mancha inspeccione y sancione con la misma contundencia con la que ahora legisla.
