La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, junto a la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, presentaron el viernes en Mollet del Vallès (Barcelona) una proposición de ley que busca reconvertir edificios de uso terciario en viviendas protegidas sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico vigente en cada municipio. La norma se aplicará con carácter temporal y excepcional, y estará dirigida a los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado.
Implicar al sector privado en la crisis de vivienda
El mensaje político de fondo es claro: el Govern quiere que los propietarios de inmuebles terciarios —oficinas, hoteles, aparcamientos, locales— dejen de ser espectadores de la crisis habitacional. Albiach lo resumió sin rodeos en la rueda de prensa: «no se puede lavar las manos frente a la crisis salvaje de vivienda», defendiendo que todos los agentes, también los privados, deben «remar» en la misma dirección.
Paneque, por su parte, insistió en que ampliar el parque público de vivienda protegida es ya una prioridad inaplazable para el Ejecutivo catalán, y subrayó que la protección otorgada a estas nuevas viviendas será permanente: en ningún caso podrán pasar a régimen libre ni cambiar de uso residencial en el futuro.
¿De dónde saldrán esas viviendas VPO? La reconversión de edificios terciarios
La proposición de ley permite transformar en VPO edificios situados en suelo de uso terciario —oficinas, hoteles o aparcamientos privados en altura— siempre que al menos la mitad de la superficie construida se destine a vivienda protegida. También se contempla la reconversión de despachos y oficinas dentro de edificios ya existentes, con la condición de que la superficie afectada, tanto en cambio de uso como en subdivisiones, cumpla íntegramente con el estándar de VPO.
En el caso de los locales comerciales en planta baja, la reconversión no será automática: cada ayuntamiento deberá determinar, mediante acuerdo de pleno, en qué zonas se permite este cambio de uso, con el fin de proteger los ejes comerciales y evitar el vaciado del pequeño comercio de proximidad.
Todas las viviendas resultantes, sea cual sea la vía de creación, deberán tener una superficie mínima de 50 metros cuadrados, cumplir la normativa de habitabilidad vigente y contar con cédula de habitabilidad.
Incrementar la edificabilidad de suelos y levantar nuevas plantas
Más allá del cambio de uso puro, la ley abre la puerta a aumentar la edificabilidad en dos escenarios distintos. Por un lado, en edificios terciarios aislados —oficinas, hoteles o aparcamientos en altura— y en equipamientos comunitarios también aislados, los promotores podrán incrementar un 20% el techo edificable, incluso por encima de la altura máxima regulada, siempre que ese incremento se destine íntegramente a vivienda protegida.
Por otro lado, en suelos urbanos no consolidados y urbanizables donde ya está prevista la construcción de viviendas, se permitirá aumentar un 20% el número de unidades planificadas, también con destino exclusivo a VPO. Un promotor con licencia para 500 viviendas podría así llegar a 600, sumando 100 unidades protegidas adicionales a las ya exigidas por la reserva legal ordinaria.
La tercera vía habilitada es la de levantar nuevas plantas sobre edificios que ya han agotado su edificabilidad pero conservan altura remanente respecto a las medianeras de los inmuebles colindantes. Estas plantas adicionales deberán destinarse a VPO, y si en el futuro el edificio se sustituye por uno nuevo, este deberá mantener el mismo número de viviendas protegidas.
Casi 300 municipios catalanes y más de 15.000 viviendas
Según los cálculos de sus impulsores, la medida —con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables a otros cuatro y evaluación bianual— podría generar entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas durante su primer periodo de aplicación. La iniciativa afectaría de forma directa a los 271 municipios catalanes declarados zona de mercado tensionado, donde reside cerca del 90% de la población catalana, además de otras localidades con demanda residencial acreditada.
El texto se registrará en el Parlament con tramitación de urgencia, con la voluntad de que entre en vigor antes de que finalice el año. PSC y Comuns necesitarán sumar apoyos adicionales para sacarlo adelante.
No todos los grupos han recibido la propuesta con entusiasmo. Tras la rueda de prensa, Junts acusó al Govern y a los Comuns de plantear un «ataque a la propiedad privada». La diputada Judith Toronjo defendió que su partido comparte la necesidad de más vivienda protegida, pero reprochó que la ley se haya negociado sin consultar al resto de fuerzas parlamentarias, y abogó por incentivos fiscales frente a lo que considera una fórmula más impositiva.
