Consumo solicita que se eliminen 8.352 anuncios 

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 vuelve a la carga contra los pisos turísticos. Esta vez ha pedido a dos grandes plataformas de alquiler turístico, cuyos nombres sigue sin querer revelar, que retiren 8.352 anuncios de viviendas que incumplen la normativa. El reparto: 7.199 anuncios en la primera plataforma y 1.153 en la segunda. Que el ministerio no diga cuáles son ya forma parte del ritual, aunque a estas alturas cualquiera que haya buscado alojamiento en Madrid tiene sus sospechas.

Las infracciones son de dos tipos. Por un lado, 7.227 alojamientos turísticos sin número de registro. Por otro, 1.125 con un número de registro falso: registros ya extintos y, además, de la modalidad de alquiler de habitaciones, cuando lo que se ofrecía era la vivienda completa. Dicho de otro modo, el número de registro estaba de adorno.

Alquiler temporal en el escaparate, piso turístico en la trastienda

El grueso del problema es un disfraz bastante conocido: pisos que se anuncian como alquiler de temporada pero que admiten reservas de una sola noche. El Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el 6 de octubre, dejó claro que un alquiler temporal debe durar al menos 31 días y, por norma general, no pasar de 12 meses, con una causa justificada por escrito, como estudios o un tratamiento médico. Lo que baje de 31 días es turístico, con lo que eso implica, incluido un IVA del 10%. En los anuncios señalados, la reserva mínima iba de 1 a 30 noches. Es decir, de temporada solo tenían la etiqueta.

 ¿Qué gana el propietario con este ardid?

Bastante. Un piso turístico necesita licencia y registro, paga sus impuestos y en muchas ciudades, empezando por Madrid, la licencia es más difícil de conseguir que una mesa libre en la Plaza Mayor un sábado. La etiqueta de “temporada” permite saltarse ese trámite y cobrar tarifas turísticas sin asumir sus obligaciones. Además, el alquiler de temporada ya funcionaba antes como vía de escape frente a las limitaciones del alquiler habitual. Así que el propietario se queda con la rentabilidad del turístico, la burocracia del residencial y, de paso, ninguna de las molestias de ambos.

 ¿Y a las plataformas de alquiler turístico?

A las plataformas les beneficia algo muy sencillo: cada reserva deja comisión, venga de un piso con licencia o sin ella. Cuanto más inventario, más negocio. Verificar cada número de registro y cada estancia mínima cuesta dinero y reduce la oferta. Por eso Consumo insiste en un detalle clave: según la normativa europea, una vez informadas, las plataformas pasan a tener responsabilidad directa sobre esos contenidos. Ya no pueden alegar que no lo sabían.

Madrid es el foco del problema

La capital vuelve a llevarse la palma. Este procedimiento llega después de que el pasado 22 de octubre Consumo comunicara a una de las plataformas que había localizado 4.443 anuncios ilícitos solo en la ciudad de Madrid, que acabaron bloqueados. El propio ministerio calcula que en la capital hay más de 15.200 anuncios sin licencia. Retirar unos miles está bien, pero el problema sigue siendo bastante más grande.

Bloqueados en España, reservables desde el extranjero

Aquí llega lo más llamativo. Esos anuncios bloqueados siguen activos para quien accede desde fuera de España. Consumo puede controlar lo que se ofrece al consumidor residente aquí, pero no puede cerrar un piso. El resultado es que un turista desde Berlín o Nueva York puede reservar el mismo piso ilegal que un madrileño ya no ve en su pantalla.

¿Tiene que actuar el Ayuntamiento de Madrid?

Consumo cree que sí, y lo ha puesto por escrito. El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha enviado una carta al consistorio con toda la información de esos casi 4.500 anuncios: ID único, URL, fecha de comprobación en UTC y estancia mínima de cada uno. Recuerda además que esa publicidad incumple también la normativa municipal sobre viviendas de uso turístico y que el Ayuntamiento puede dirigirse a la plataforma para pedir el bloqueo fuera de España. El mensaje de fondo es claro: la publicidad es solo una vía complementaria, y las competencias sobre la vivienda turística ilegal son de ayuntamientos y comunidades. La pelota está ahora en el tejado de Cibeles, con la información ya servida.

Los próximos pasos de Consumo

Por ahora estamos en fase de requerimiento, no de sanción. Si las plataformas no retiran los anuncios o no bloquean el acceso, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy podrá abrir expediente. Y hay precedentes que pesan: Airbnb fue sancionada con 64 millones de euros, lo que obligó a retirar más de 65.000 anuncios, y Booking eliminó más de 4.000 tras otro requerimiento. Airbnb ya ha comunicado que ha empezado a actuar y a avisar a los anfitriones afectados.

Todo apunta a que Consumo seguirá vigilando el sector. Para quien busca piso, la regla es sencilla: si un “alquiler de temporada” te deja reservar menos de 31 días, no es un alquiler de temporada. Y si un ministerio tiene que buscar anuncio por anuncio lo que las plataformas podrían filtrar con un solo campo obligatorio, quizá el problema no sea solo de los propietarios.