Las viviendas de protección oficial (VPO) son, en teoría, una herramienta pensada para garantizar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan, con precios limitados y condiciones muy claras: no se pueden vender ni alquilar libremente, y mucho menos especular con ellas. En la práctica, sin embargo, la realidad española demuestra que, con demasiada frecuencia, se convierten en el escenario perfecto para el fraude, la picaresca y la creatividad contractual. Lo que debía ser una fórmula de acceso justo a la vivienda, termina, en muchos casos, como un festival de contratos imaginativos, dinero en B y cláusulas dignas de un manual de trampas inmobiliarias.

Una propietaria deberá devolver más de 20.000 euros por un contrato de alquiler imaginativo

El caso más reciente nos llega desde Bilbao, donde la Audiencia Provincial ha condenado a una propietaria de VPO a devolver 19.522 euros más intereses, a su inquilino. La arrendadora había tenido la ocurrencia de disfrazar el alquiler real del piso con un contrato paralelo de mobiliario y gastos de comunidad. La ley fijaba un máximo de 246 euros mensuales para el alquiler de la vivienda; sin embargo, la arrendadora decidió que eso era poco y que, con un poco de ingenio, podía llegar a los 700 euros cada mes. Un pequeño truco de magia inmobiliaria: el piso por un lado y los muebles por otro, todo facturado en dos papeles diferentes pero con un único objetivo, saltarse la normativa. La jugada, claro, no le ha salido gratis. El tribunal ha dejado claro que esa práctica no solo es ilegal, sino que cualquier cláusula que intente disfrazar o encubrir una renta superior a la tasada en una VPO es nula de pleno derecho.

La propietaria del VPO alquilaba el piso y los muebles aparte

El detalle sarcástico del caso es que no hablamos de un piso de lujo, ni de un mobiliario de diseño italiano que justificase semejante sobrecoste. El alquiler del inmueble era de 246 euros, pero con la “brillante idea” de incluir un contrato independiente de mobiliario y gastos de comunidad, la cifra se inflaba hasta casi triplicarse. Y lo más curioso es que, en un primer momento, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao llegó a considerar que la fórmula era aceptable porque las partes la habían firmado libremente. Como si la ley de VPO fuese un menú del día en el que se puede elegir “opción legal” u “opción creativa”.

Cualquier cláusula que suponga cobrar por encima del importe tasado en una VPO es nula

La Audiencia Provincial ha tenido que recordar lo evidente: la normativa de VPO no se negocia. No importa si el inquilino firmó, aceptó o incluso sonrió al hacerlo. La ley establece un límite máximo de renta y punto. Todo lo que suponga rebasar esa cifra es, sencillamente, nulo. Y aquí es donde se pone de manifiesto una de las grandes trampas del mercado inmobiliario: muchos propietarios de VPO creen que, con el paso de los años, esos pisos dejan de estar sometidos a regulación y se convierten en viviendas libres. No lo están. No son. Y no lo serán mientras la normativa siga en vigor.

En las compraventas se han dado muchos casos de dinero B para complementar

Si en los alquileres se recurre al contrato paralelo de mobiliario, en las compraventas la imaginación vuela todavía más alto. Los casos de dinero en B para complementar el precio oficial de la VPO han sido una constante en España. El comprador paga el precio tasado en escritura y luego, en un maletín más o menos discreto, entrega una cantidad adicional en efectivo para contentar al vendedor. Es un fraude de libro que no solo vulnera la normativa de vivienda, sino también la fiscal, ya que ese dinero extra escapa a la tributación.

En muchos lugares el sorteo de las VPO es una especie de lotería; en el País Vasco ya no es así

Durante décadas, acceder a una VPO era casi como ganar la lotería. Miles de solicitantes, unos pocos afortunados y un sistema que, en demasiados casos, se prestaba a sospechas de favoritismo o manipulación. Hoy en día, en el País Vasco, el sistema ha cambiado radicalmente: las viviendas de protección oficial son para siempre y están gestionadas por el Gobierno Vasco, que mantiene un control mucho más estricto sobre su uso y destino. Ya no se trata de recibir un premio en forma de piso barato para luego hacer negocio con él, sino de una verdadera política de vivienda pública. Quizá esa sea la línea que deberían seguir otras comunidades autónomas para evitar que la VPO siga siendo terreno fértil para la picaresca. Aunque, claro está, eso tal vez no interese a promotores, constructores y compradores.

El dinero público no puede ir a llenar los bolsillos de nadie

Conviene recordar lo básico: una VPO no es un regalo. Es una vivienda financiada, en parte, con dinero público. El mismo dinero que proviene de los impuestos de todos los ciudadanos y que debería destinarse a facilitar el acceso a la vivienda, no a engordar los bolsillos de quienes intentan sacar beneficio de algo que nunca debió ser objeto de especulación. Cada fraude, cada cláusula abusiva, cada pago en B no es solo un ataque al sistema de vivienda, sino también un abuso contra el conjunto de la sociedad. Y son cada vez más las vivirndas VPO destinadas a alquiler turístico.

Una radiografía de la picaresca

El caso de Bilbao no es aislado, sino una muestra más de cómo demasiados propietarios de VPO siguen convencidos de que su vivienda es “como las demás” y pueden hacer con ella lo que les dé la gana. Pero no lo es. Los pisos de protección oficial tienen reglas claras que no admiten reinterpretaciones creativas. La normativa es estricta, y su incumplimiento conlleva sanciones y, como en este caso, la devolución de decenas de miles de euros. La sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia marca un precedente que debería servir de aviso a navegantes: no todo vale, y la “imaginación contractual” tiene un límite, que se llama ley.

Conclusión: demasiados fraudes y demasiada tolerancia

En España, hablar de vivienda es hablar de problemas estructurales: precios desbocados, alquileres imposibles, hipotecas inalcanzables y, en paralelo, un parque de VPO que debería ser una solución y termina convirtiéndose en parte del problema. Mientras no exista un control riguroso, mientras se sigan tolerando estas prácticas y mientras la cultura del “yo hago con mi piso lo que quiero” se mantenga, los fraudes y estafas con VPO seguirán multiplicándose. La pregunta es si hay verdadera voluntad política para atajarlo o si seguiremos escuchando casos como el de Bilbao, donde la única noticia positiva es que, al menos, esta vez la justicia ha puesto las cosas en su sitio.