Los conflictos entre arrendadores e inquilinos en España siguen siendo una de las principales fuentes de tensión en el mercado del alquiler. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la mayoría de las 4.773 consultas y reclamaciones sobre arrendamientos recibidas en el último año están relacionadas con la finalización del contrato de alquiler. Las causas más comunes son la expiración del plazo del arrendamiento o el desistimiento unilateral del inquilino, lo que suele generar fricciones a la hora de revisar el estado de la vivienda, devolver la fianza o liquidar los consumos pendientes. En un contexto de precios desbordados y relaciones contractuales cada vez más tensas, tanto propietarios como inquilinos reclaman mayor seguridad jurídica y transparencia.

La duración del contrato y sus características

Como recuerda la OCU, la duración del contrato de arrendamiento puede pactarse libremente entre las partes, aunque lo más habitual es firmar por un año, prorrogable hasta cinco años si el arrendador es una persona física y hasta siete años si se trata de una persona jurídica. No obstante, a partir de los seis meses de contrato, el inquilino puede desistir del alquiler con una comunicación previa de 30 días. En muchos casos, esta decisión implica una indemnización equivalente a un mes de renta por cada año de contrato incumplido, siempre que esté prevista en el acuerdo inicial. Una encuesta de la OCU revela que el 78% de las rescisiones se producen por decisión del inquilino, mientras que solo el 12% son iniciativa del propietario y un 10% se resuelven de mutuo acuerdo. En cualquier caso, el momento de la rescisión suele ser el punto más conflictivo, donde se concentran la mayoría de los desencuentros.

La necesaria revisión de la vivienda

Una de las recomendaciones más insistentes de la OCU es realizar una revisión conjunta de la vivienda al término del contrato. Ambas partes deberían acordar una cita en el inmueble, revisar su estado y firmar un documento de entrega de llaves detallado. Este documento debe incluir la fecha, las partes que lo firman, una referencia al contrato y al inventario inicial, así como las lecturas de los contadores de luz, agua y gas. En ausencia de este acto formal, los conflictos son casi inevitables: facturas de suministros que llegan con retraso, discrepancias sobre el consumo real o reclamaciones por supuestos desperfectos. Si el propietario no puede acudir, el inquilino debería documentar la entrega mediante fotografías o vídeo, y conservar copia del envío de llaves o del burofax de notificación.

Los importes de los suministros con lectura de los contadores

Otro foco de conflicto se produce con la liquidación de los suministros pendientes. La falta de lecturas en el documento de entrega de llaves da pie a reclamaciones entre arrendador e inquilino, especialmente cuando las compañías eléctricas o de agua emiten facturas posteriores a la fecha de finalización del contrato. En estos casos, la OCU recomienda guardar copia de las últimas facturas y una fotografía de los contadores donde se vean las mediciones con claridad. Además, el arrendador debería comunicar a las empresas suministradoras el cambio de titularidad o la baja de los contratos para evitar sorpresas.

Los daños en la vivienda

Según los datos de la OCU, el 9% de los propietarios denuncia daños en la vivienda tras la marcha del inquilino. La mayoría de los problemas se deben a discrepancias sobre si los desperfectos son resultado de un mal uso o del desgaste natural. La organización recomienda grabar un vídeo que muestre el estado real del inmueble, incluyendo los electrodomésticos, muebles y elementos fijos. Si los daños son importantes, puede ser recomendable levantar acta notarial. Los propietarios, por su parte, deberían valorar la contratación de un seguro de impago con cobertura por actos vandálicos, que proteja su inversión frente a daños graves o deterioros intencionados. En un mercado cada vez más tenso, donde muchos propietarios desconfían de los arrendatarios y viceversa, contar con una garantía adicional puede marcar la diferencia.

La conflictiva devolución de la fianza

La fianza legal es otro de los puntos más conflictivos. La ley establece que el arrendador dispone de un máximo de 30 días para devolverla, salvo que existan desperfectos imputables al inquilino. Sin embargo, la OCU señala que un 13% de los inquilinos se queja de que no recupera su fianza, generalmente porque el propietario alega daños en la vivienda sin aportar pruebas suficientes. En esos casos, el arrendador debe presentar una factura detallada de las reparaciones y comunicar los motivos del descuento con la mayor celeridad posible. No se pueden descontar importes por el desgaste normal de la vivienda ni por tareas de limpieza o pintura básicas. Facturas infladas o incompletas son motivo de reclamación y pueden ser consideradas abusivas.

La abusiva comisión de la agencia

Otro tema recurrente es el cobro de comisiones indebidas por parte de agencias inmobiliarias. La OCU y el Ministerio de Consumo han recordado que las agencias no pueden cobrar al inquilino los gastos de gestión ni la formalización del contrato, puesto que ese servicio ha sido contratado por el arrendador. Solo en el caso de que el futuro inquilino haya solicitado expresamente un “servicio integral” y lo haya aceptado en un contrato independiente podría aplicarse un coste justificado. En cualquier otro supuesto, se trata de una práctica abusiva e ilegal. A pesar de ello, muchas agencias continúan exigiendo al arrendatario el pago de un mes de comisión, lo que se suma al depósito, la fianza y los primeros recibos, haciendo aún más inaccesible el acceso al alquiler.

Un mercado en tensión permanente

El mercado del alquiler en España se encuentra en una situación límite, con precios disparados, oferta escasa y una relación cada vez más conflictiva entre arrendadores e inquilinos. Los primeros reclaman protección frente a impagos y vandalismo; los segundos, seguridad frente a abusos y cláusulas injustas. En medio, una normativa compleja y en constante cambio que no siempre logra equilibrar los derechos de ambas partes. La OCU insiste en la importancia de la información y la prevención como herramientas para evitar conflictos. Un contrato claro, una comunicación fluida y la documentación adecuada pueden ahorrar muchos disgustos. Porque, al final, la mayoría de los problemas en el alquiler —como muestra la experiencia— no surgen durante la convivencia, sino cuando llega el momento de despedirse.