Con la pandemia tocando a su fin y comenzando a vislumbrarse también el fin de la moratoria de los desahucios, los fondos buitre vuelven a afilar sus garras. Y lo hacen, como siempre, comenzando por los más vulnerables. En Valencia, el Fondo Buitre Cerberus quiere desalojar a más de 240 familias de sus hogares, por la vía de multiplicarles por 4 los alquileres que pagan. Y la mayoría son jubilados con pensiones bajas.
Cerberus llegó a nuestro país en 2010, con el estallido de la burbuja a la búsqueda de carroña en forma de gangas inmobiliarias. Es uno de los fondos buitre más grandes del mundo, con sede en la parte alta de la Tercera Avenida de Manhattan y negocios por valor de 20.000 millones de dólares. La inversión en créditos inmobiliarios impagados es una de sus especialidades.
Es preciso añadir, para entender bien la situación, que el consejero delegado de Promontoria Holding, una de las empresas de Cerberus en nuestro país en la época de las compras a bancos, fue José María Aznar Botella, hijo de José María Aznar y Ana Botella. Sus grandes contactos familiares en Bankia y en la Comunidad de Madrid, consiguieron para este fondo la parte del león de los despojos de esta país, y es que a los gestores de los bancos no les importó lo más mínimo dejar a los hipotecados en las peores manos posibles, las de los usureros internacionales. Aunque resulte difícil de entender, o tal vez no, que en eso de despojar a los pobres no existen diferencias insalvables, otros socios de este fondo en España son la familia del «ex molt Honorable», Jordi Pujol.
Ha sido Promontoria la que ha pasado a estas familias una oferta que no pueden rechazar salvo irse a la calle: pagarán más de cuatro veces lo que ahora pagan por los alquileres incluyendo IBI y Comunidad. A los buitres parece que les ha entrado la prisa con la Ley de Vivienda amenazando su negocio.
No es el único caso que se ha destapado estos días; en Madrid y tras el escándalo de la venta por parte de la Comunidad de Madrid de 2.935 viviendas sociales al Fondo Buitre Encasa Cibeles, perteneciente a Goldman Sachs y Azora, que resultó anulada por el Tribunal Supremo en 2019, la propia Comunidad de Madrid se niega a realojar a inquilinos que se fueron por no poder afrontar la subida de los alquileres. Los hicieron, aseguran los antiguos inquilinos, de forma voluntaria para no verse abocados al desahucio y, según escribe la Consejería Madrileña de Vivienda de Ayuso al Defensor del Pueblo, al hacerlo sin orden judicial han perdido todos sus derechos.
