El número de pisos turísticos anunciados en plataformas digitales se redujo en casi 41.000 unidades respecto a mayo de 2025. Una caída histórica que abre más preguntas que respuestas sobre el futuro del sector.

Segunda mayor caída registrada desde que existen datos

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en mayo de 2026 había 341.001 viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales en España, frente a las 381.837 contabilizadas en el mismo mes de 2025. La diferencia: 40.836 inmuebles menos, lo que supone una contracción interanual del 10,7%, la segunda más intensa desde que el organismo comenzó a recopilar esta estadística experimental. Solo queda por encima la caída registrada durante los peores meses de la pandemia, lo que da idea de la magnitud del retroceso.

Para contextualizar la cifra en perspectiva histórica, el máximo de la serie se alcanzó en agosto de 2021, con 403.267 viviendas turísticas anunciadas. Desde ese pico, el mercado ha ido oscilando, pero la tendencia de los últimos meses apunta claramente a la baja. Eso sí, con matices: respecto a noviembre de 2025, el volumen creció un 3,4%, equivalente a 11.237 inmuebles más, lo que sugiere que la caída interanual no es lineal y que hay cierta estacionalidad actuando.

La bajada por provincias: no todo el mapa cede

El descenso no es uniforme. Las comunidades autónomas con mayor peso en el sector —Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares— registraron todas ellas retrocesos respecto al año anterior. Andalucía sigue liderando con 90.649 viviendas turísticas, seguida de Cataluña (51.305), Comunidad Valenciana (51.268), Canarias (48.356) y Baleares (21.304).

Por provincias, la concentración es aún más llamativa: Málaga encabeza el ranking con 45.176 inmuebles, seguida de Alicante (32.148), Las Palmas (26.998), Tenerife (21.358), Baleares (21.304) y Gerona (20.821). En el plano municipal, Madrid se sitúa en primer lugar con 10.836 viviendas turísticas, por delante de Málaga (8.288) y Barcelona (8.231). Completan el top Marbella, Sevilla, Valencia, Mijas, La Oliva y Arona.

. Las únicas provincias que registraron incrementos interanuales fueron Badajoz (+16%), Cáceres (+14%), Jaén (+7%), Cuenca (+6%) y La Rioja (+1%). Territorios con menor presión turística y menor escrutinio regulatorio, lo que no es casualidad.

Las plazas que suministran las viviendas turísticas

Más allá del número de inmuebles, lo relevante para el mercado es la capacidad de alojamiento real. Las viviendas turísticas contabilizadas en mayo ofrecían un total de 1.714.702 plazas, con una media de cinco plazas por vivienda. Una cifra que el Banco de España ha puesto en el punto de mira al estimar que alrededor de 900.000 viviendas —que podrían destinarse a familias residentes— se emplean actualmente como pisos turísticos o como segundas y terceras residencias de no residentes.

 ¿Cuál es la causa de esta caída?

Aquí empieza el verdadero debate. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, atribuyó el descenso a dos factores concretos: la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital de registro para arrendamientos de corta duración, y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que desde hace meses permite a las comunidades de vecinos limitar o prohibir esta actividad en sus edificios.

El problema es que ese argumento tiene una grieta importante. El 21 de mayo de 2026, el Tribunal Supremo declaró nulo el procedimiento de registro único para los arrendamientos de corta duración comercializados en plataformas digitales, al considerar que el Estado carece de competencias para imponer una regulación exhaustiva que se superpone a la normativa autonómica. En otras palabras: la principal herramienta regulatoria del Gobierno en este ámbito acaba de ser tumbada por los tribunales.

Entonces, ¿qué está provocando realmente la caída? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Pueden estar confluyendo varios factores simultáneamente: la presión regulatoria acumulada en los últimos años, que ha generado incertidumbre jurídica entre propietarios; el aumento de la carga fiscal sobre este tipo de actividad en determinados municipios; el endurecimiento de las condiciones de las plataformas y el incremento de los costes operativos; o simplemente una caída de la rentabilidad en mercados saturados donde los precios de adquisición han subido tanto que el retorno ya no justifica el riesgo regulatorio.

Lo que queda por resolver —y es una pregunta capital— es qué está pasando con esas 40.000 viviendas que han salido del circuito turístico. ¿Se han incorporado al mercado de alquiler residencial? ¿Han vuelto al de compraventa? ¿O simplemente permanecen vacías a la espera de que el panorama normativo se aclare? El Ministerio afirma que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluye instrumentos para facilitar ese retorno al mercado residencial, pero de momento son declaraciones de intenciones.

Reducir la oferta turística sin garantizar que esas viviendas lleguen al mercado residencial no soluciona ningún problema de acceso a la vivienda. Y eliminarla en zonas donde el turismo es el motor económico de comunidades enteras —como ocurre en buena parte del interior peninsular— puede hacer más daño que bien. La caída del 10,7% es un dato. Lo que aún no tenemos es la historia completa detrás de ese número.