El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana cerró el pasado 11 de junio la distribución definitiva de los 7.000 millones de euros del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, y lo hizo, una vez más, con la unanimidad de las diecisiete comunidades autónomas. Es la décima vez que ocurre en lo que va de legislatura, una cifra que en cualquier otro terreno de la política española sonaría a milagro y que aquí empieza a sonar a costumbre. La explicación, como casi siempre que el consenso aparece donde antes solo había trincheras, tiene menos que ver con la concordia recién descubierta y más con los números: cuando hay 800 millones de euros de primera anualidad esperando para 2026, la ideología se guarda en el cajón hasta que llega el turno de repartir.

La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, reunida el jueves 11 de junio bajo la presidencia del secretario de Estado David Lucas, cerró así un proceso que arrastraba meses de negociación: 28 reuniones previas con las comunidades autónomas y 365 aportaciones de entidades, agentes sociales y expertos terminaron destiladas en un documento que marcará la política de vivienda del país durante el próximo lustro. Lucas insistió en el mensaje de mano tendida y colaboración conjunta entre administraciones, el tipo de frase que suena bien en la foto de familia y que ahora habrá que comprobar sobre el terreno.

El reparto autonómico

El nuevo Plan triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas respecto al ciclo anterior, y lo hace bajo un modelo de corresponsabilidad bastante claro: el Estado pone el 60% de la inversión —4.200 millones de euros— y las comunidades autónomas están obligadas a cofinanciar el 40% restante, es decir, un mínimo conjunto de 2.800 millones. Nadie se libra de poner dinero propio sobre la mesa, lo cual, dicho sea de paso, es la mejor garantía de que el discurso de la unanimidad no se quede solo en el papel.

Por territorios, el mapa es previsible: Andalucía encabeza el reparto con 1.197 millones de euros de inversión total, seguida de la Comunidad de Madrid con 1.113 millones y Cataluña con 1.015 millones. Entre las tres concentran más del 47% del total del Plan, una proporción que refleja tanto el peso demográfico como, inevitablemente, la capacidad de presión política de los grandes territorios. En el otro extremo, Ceuta y Melilla recibirán 7 millones de euros cada una, una cifra que pone en perspectiva lo desigual que puede llegar a ser un reparto «unánime».

Los objetivos marcados

El Plan fija tres grandes prioridades de gasto: al menos un 40% se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque existente y el 30% restante a la protección de los colectivos y territorios más vulnerables. Sobre el papel, suena a manual de buenas intenciones. En la práctica, ya hay quien empieza a calcular cómo encajar a su colectivo preferido dentro de esa última partida, porque cuando se habla de «vulnerabilidad» con criterios todavía por afinar en cada comunidad, el margen de interpretación —y de presión— es considerable. Habrá que ver, anualidad tras anualidad, si ese 30% llega a quien realmente lo necesita o se queda enredado en despachos autonómicos.

La protección permanente de las viviendas construidas con fondos públicos ¿Será real en algunas CCAA que se resisten?

Uno de los puntos que el Ministerio presenta como avance es el blindaje de la protección permanente de todas las viviendas construidas con fondos del Plan, es decir, que no puedan acabar, pasados unos años, vendiéndose en el mercado libre como ha ocurrido históricamente con buena parte del parque protegido español. La intención es buena y la necesidad, evidente: descalificar vivienda protegida ha sido durante décadas la fuga de agua de cualquier política de vivienda asequible. La duda razonable es si todas las comunidades autónomas —incluidas algunas que ya han mostrado reticencias hacia este tipo de cláusulas en otros marcos normativos— aplicarán el blindaje con el mismo rigor sobre el papel que en la firma del acuerdo.

¿Y la cláusula antifraude en las adjudicaciones? Un desarrollo complicado que deberá ser controlado de cerca

El Plan incorpora también una cláusula antifraude en las adjudicaciones de vivienda protegida, acompañada de un sistema de datos públicos pensado para garantizar transparencia y acceso ciudadano a la información. Es, en teoría, la respuesta a años de picaresca en los procesos de adjudicación. En la práctica, su eficacia dependerá del desarrollo normativo posterior en cada comunidad y de los mecanismos de control que realmente se pongan en marcha, no de los que queden escritos en una disposición adicional. Es el tipo de medida que conviene seguir de cerca, porque entre el anuncio y la aplicación efectiva suele haber bastante distancia.

La unanimidad lograda esta semana es, sin duda, el primer paso de un proceso que se anuncia ambicioso. Lo difícil —convertir 7.000 millones de euros y un acuerdo político en viviendas reales para quien las necesita— todavía está por ver.