El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado en Junta de Gobierno Local la suspensión de concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico en todo el municipio durante los próximos tres años o hasta la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta decisión, amparada en el artículo 6 del Decreto Ley 1/2025 andaluz, marca un punto de inflexión en la política municipal sobre alojamiento turístico, en un contexto en el que el encarecimiento de los alquileres y la disminución de la oferta residencial preocupan a vecinos y autoridades.
Una sucesión de medidas hasta la prohibición total
Esta moratoria no surge de forma aislada, sino que es la culminación de una estrategia progresiva que el consistorio lleva meses desarrollando. En primer lugar, se vetó la concesión de licencias a aquellas viviendas que no dispusieran de entrada y suministros independientes dentro del bloque, evitando que el turista atravesara zonas comunes de comunidades de vecinos. Posteriormente, se limitó la inscripción de nuevas viviendas turísticas en 43 barrios donde este tipo de alojamientos superaba el 8% del parque residencial. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, el fenómeno continuó creciendo: hoy son 53 los barrios saturados y otros 29 están muy cerca de ese límite. Ahora, con la suspensión total de nuevas licencias en toda la ciudad, el Ayuntamiento busca ganar tiempo para rediseñar el marco normativo y adaptarlo a la realidad social y económica de Málaga.
Según el alcalde, existen 12.754 viviendas con licencia, aunque no dice nada de las ilegales
El alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado que en Málaga hay actualmente 12.754 viviendas de uso turístico registradas, aunque solo 8.596 se encuentran en explotación activa. No obstante, no se ha facilitado un dato estimado de cuántos inmuebles operan de forma ilegal, una cifra que, según organizaciones vecinales y partidos de la oposición, podría ser significativa. El regidor ha insistido en que la Junta de Andalucía debe depurar el registro eliminando aquellas licencias que incumplen los requisitos establecidos por las normativas anteriores. Además, ha señalado que esta moratoria es una medida «temporal» cuyo objetivo es analizar en detalle el impacto de las viviendas turísticas y buscar soluciones para reforzar el alquiler de larga duración.
Fomentar el alquiler de larga duración, ante la escasa oferta de vivienda
Uno de los argumentos principales del consistorio para justificar esta suspensión es la necesidad de frenar la presión sobre el mercado del alquiler residencial. Málaga, al igual que otras grandes ciudades, sufre una escasez estructural de vivienda en alquiler asequible, lo que se ve agravado por la alta rentabilidad que ofrecen las viviendas turísticas y temporales. Muchos propietarios optan por alquilar sus inmuebles a corto plazo, obteniendo ingresos más altos y evitando problemas de impago o procesos judiciales prolongados para desalojar a inquilinos morosos. Según datos recientes, el precio medio del alquiler en Málaga se ha incrementado notablemente en los últimos cinco años, situándose por encima de la media andaluza y dificultando el acceso a la vivienda para las familias con ingresos medios y bajos.
El PSOE tacha la medida de cortina de humo y asegura que hay que recuperar viviendas para uso residencial
La oposición municipal, especialmente el PSOE, ha calificado esta moratoria como una «cortina de humo» que no afronta el problema de fondo. El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha criticado que se mantengan en funcionamiento más de 13.000 licencias activas y que no se actúe con contundencia sobre las viviendas ilegales. Además, ha propuesto que Málaga siga el ejemplo de Barcelona, donde se ha anunciado la eliminación progresiva de todas las licencias de pisos turísticos. Según Pérez, la prioridad debe ser recuperar viviendas para uso residencial, declarar la ciudad como zona de mercado tensionado y reforzar la inspección de las viviendas ilegales para garantizar que el parque inmobiliario se destine a cubrir las necesidades habitacionales de la población.
El reto: compatibilizar turismo y derecho a la vivienda
El alcalde reconoce que el turismo es un motor económico fundamental para la ciudad, pero también que la saturación de viviendas turísticas en determinados barrios está afectando al equilibrio social y residencial. La estrategia municipal pasa por alcanzar un punto intermedio que permita mantener un sector turístico competitivo, pero sin sacrificar el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna. En paralelo, el Ayuntamiento ha contratado a la consultora inAtlas para realizar un seguimiento exhaustivo del uso turístico en toda la ciudad durante el periodo de moratoria, con el fin de disponer de datos precisos para la redacción del nuevo PGOU.
Una tendencia que se repite en España
Málaga no es la única ciudad que ha decidido limitar las viviendas turísticas. Ciudades como Palma, Valencia o San Sebastián ya han adoptado medidas restrictivas ante el incremento de los precios del alquiler y la expulsión de vecinos de sus barrios por la presión turística. Este fenómeno, impulsado por plataformas como Airbnb o Booking, ha transformado la fisonomía de zonas enteras y ha reducido drásticamente la oferta de alquiler a largo plazo, con consecuencias directas sobre el coste de la vida. La cuestión de fondo es hasta qué punto las administraciones locales tienen capacidad real para regular un mercado cada vez más globalizado y digitalizado, en el que la demanda internacional juega un papel determinante.
Tensión entre la rentabilidad turística y el derecho a la vivienda
La moratoria de tres años para nuevas licencias de viviendas turísticas en Málaga representa un paso significativo en el intento de frenar un mercado inmobiliario que muchos consideran desbocado. Sin embargo, su eficacia dependerá de que vaya acompañada de medidas complementarias que actúen sobre el parque de viviendas ya existentes, el control de la oferta ilegal y el fomento del alquiler residencial a precios asequibles. Mientras tanto, la tensión entre la rentabilidad turística y el derecho a la vivienda seguirá marcando la agenda política y social de la ciudad.
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