Es uno de los mayores problemas que tienen nuestros jóvenes, la extrema imposibilidad de acceder a una vivienda digna; lo que unido a un entorno laboral precario y sueldos bajos conforman un universo preocupante para nuestra juventud y también para el país. Hace falta destinarles más recursos para compensar que en gran parte estamos viviendo de ellos y de su futuro.

Las medidas del Ministerio de Trabajo para eliminar los contratos precario y la subida del SMI van en esta dirección. Y se complementan con ayudas para que puedan disponer de una vivienda y formar las familias que la estabilidad de nuestra economía necesita.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha declarado que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 el Gobierno va a «consolidar» el bono joven al alquiler, que tendrá una dotación presupuestaria de otros 200 millones de euros, la misma cantidad prevista para este 2022.

Además, la ministra ha añadido que también se pondrá en marcha un programa de alquileres accesibles dotado con otros 260 millones de euros. El plan, a la espera de conocer más detalles, estará gestionado en parte por la Entidad Pública del Suelo.

En total, ha detallado la titular del Ministerio de Hacienda, se movilizarán 3.472 millones de euros en recursos en el capítulo de vivienda, un incremento del 5,4% respecto a la anterior partida. Y poco parece tal y como se está orientando el mercado del alquiler para el 2023. El incremento del IPREM, también anunciado, favorecerá que más jóvenes puedan pedir estas ayudas.

El bono joven al alquiler supone una ayuda de 250 euros mensuales por dos años para personas de entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el IPREM y alquilen una vivienda de 600 euros mensuales o menos, Esta cantidad puede ser ampliable según la Comunidad Autónoma en que se encuentre el peticionario, hasta los 900 euros. Lo suficiente en una región puede estar muy por debajo de la media en Madrid. También se darán ayudas de hasta 300 euros, ampliable a 450 euros, por el mismo concepto que el anterior, para el alquiler de una habitación.

Estas ayudas, según cálculos del Gobierno, podrían beneficiar a cerca de 70.000 personas que tienen que destinar el total de la ayuda a sufragar la vivienda.

El problema será el de siempre, controlar la picaresca de determinados arrendadores que, conociendo el importe de las ayudas, pueden ajustar sus alquileres para estas personas que tienen la posibilidad de solicitarlas, encareciendo así los alquileres para los que se encuentran fuera de la normativa.