El Gobierno Vasco continúa avanzando en su objetivo de frenar la presión sobre el mercado del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, uno de los colectivos más afectados por la falta de oferta a precios asequibles. En este contexto, la Administración autonómica ha intensificado su control sobre las viviendas de uso turístico, un fenómeno que, al igual que en el resto del país, está contribuyendo a tensionar aún más el mercado residencial en ciudades como Bilbao, San Sebastián o Vitoria. El nuevo convenio firmado entre el Colegio de Registradores y el Gobierno Vasco supone un paso adelante en la transparencia y el seguimiento de este tipo de inmuebles, con el fin de asegurar que el uso turístico no desplace a los residentes permanentes ni reduzca la disponibilidad de alquiler convencional.

Más de 5.000 pisos turísticos con registro en el País Vasco

Según los últimos datos, los registradores han dispensado 5.051 números de registro único de alquiler (NRUA) en el País Vasco, en el marco de la normativa que regula la actividad de los pisos turísticos. A nivel nacional, esta cifra asciende a más de 352.000 registros. Este crecimiento sostenido de las viviendas destinadas al uso turístico ha generado preocupación entre las administraciones locales y regionales, que ven cómo parte del parque residencial se desvía hacia un modelo de alojamiento más rentable, pero menos accesible para la ciudadanía. En zonas de alta demanda, como el centro de Bilbao o los barrios costeros de Gipuzkoa, la conversión de viviendas en pisos turísticos ha reducido la oferta de alquiler estable y disparado los precios, dificultando el acceso a un hogar para los jóvenes y las familias con ingresos medios.

Flujo de información desde los Registradores hacia el Gobierno Vasco

Para reforzar el control de estas viviendas, el Colegio de Registradores y el Gobierno Vasco han suscrito un convenio de colaboración que establece un canal electrónico de transmisión de información. Gracias a este acuerdo, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo podrá acceder, a través de los sistemas centrales del Colegio de Registradores, a datos asociados al NRUA, como la referencia catastral, el número registral único o la identidad del titular del inmueble. A su vez, el Departamento de Turismo permitirá al Colegio consultar los números identificativos de las viviendas inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REATE) de Euskadi. Además, se ha habilitado un procedimiento de notificación electrónica para comunicar bajas, cambios de titularidad o resoluciones que impidan el ejercicio de la actividad turística, de modo que el registrador pueda actuar con rapidez, calificando y, si procede, retirando el número de registro. Con este intercambio de información, el Gobierno Vasco podrá detectar irregularidades, controlar la legalidad de las licencias y evitar que las viviendas se destinen al uso turístico sin cumplir los requisitos establecidos.

Comprar una vivienda de tipo medio cuesta 7,1 años

Esta medida llega en un momento de máxima tensión en el mercado inmobiliario vasco. Según los últimos informes, un ciudadano necesita destinar el equivalente a 7,1 años de salario bruto medio para poder comprar una vivienda de tipo medio en el País Vasco, una cifra que sitúa a la comunidad entre las más caras de España. A ello se suma un alquiler cada vez más inaccesible, con precios que en algunos municipios superan los 13 euros por metro cuadrado, lo que limita la capacidad de emancipación de los jóvenes y obliga a muchas familias a buscar alternativas fuera de las capitales. Ante esta realidad, el Gobierno Vasco ha reafirmado su compromiso con una política de vivienda pública más sólida y duradera, que no solo amplíe la oferta, sino que garantice que las viviendas protegidas permanezcan en el parque público de manera indefinida. En este sentido, se están impulsando fórmulas de gestión que aseguren que la vivienda pública “sea pública para siempre”, evitando su descalificación y posterior venta en el mercado libre, como ha ocurrido en otras comunidades.

Una estrategia integral para recuperar la función social de la vivienda

La nueva línea de actuación del Ejecutivo vasco busca restaurar el equilibrio entre el uso residencial y el uso turístico, preservando la función social de la vivienda y garantizando que el mercado inmobiliario no quede subordinado únicamente a la rentabilidad. La vivienda es un derecho reconocido, no un bien especulativo, y las políticas públicas deben orientarse a asegurar que toda persona pueda acceder a un hogar digno, ya sea en propiedad o en alquiler. El control de los pisos turísticos forma parte de una estrategia integral de vivienda, que también incluye el fomento de la rehabilitación, la promoción de nuevas viviendas de protección oficial y la colaboración público-privada en el desarrollo de suelo urbano. Además, el Gobierno Vasco trabaja en la activación de viviendas vacías a través de programas de intermediación y alquiler garantizado, con incentivos para los propietarios que decidan poner sus inmuebles en el mercado a precios asequibles.

Una respuesta ante la creciente desigualdad habitacional

Mientras los precios siguen creciendo, la brecha entre quienes pueden acceder a una vivienda y quienes no se amplía. La escasez de oferta y el aumento de la demanda turística están generando una nueva forma de desigualdad habitacional, especialmente visible en las grandes ciudades y en las zonas costeras. De ahí la importancia de la acción pública, que debe actuar no solo como regulador, sino como garante del derecho a la vivienda. Con el refuerzo del control sobre los pisos turísticos y la mejora de la coordinación con los registradores, el Gobierno Vasco pretende frenar la especulación y recuperar vivienda para el uso residencial. Una medida necesaria para avanzar hacia un modelo de ciudad más equilibrado, donde la vivienda vuelva a cumplir su función principal: ser el espacio donde vivir, no un activo para invertir.

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