201,7 millones para que la vivienda de alquiler asequible sea negocio para las promotoras
El Gobierno ultima un real decreto que va a poner sobre la mesa 201,7 millones de euros para subvencionar directamente a promotoras y fondos privados que construyan vivienda de alquiler asequible sobre suelo público. La cifra suena grande hasta que se divide entre las 2.425 viviendas previstas en 29 actuaciones: salen unos 83.000 euros de media por inmueble, con un suelo estatal regalado de propina. Dicho de otro modo, el Estado no solo pone el terreno, también paga para que a la promotora le compense construir. Y lo dice sin rodeos en la memoria del proyecto: sin esa ayuda, «los rendimientos obtenidos no resultan suficientes ni para la recuperación de la inversión realizada, ni para asegurar una rentabilidad razonable del operador económico».
Conviene pararse en esa frase, porque resume el problema de fondo de casi toda la política de vivienda asequible en España, también en mercados tan tensionados como el canario: cuando el precio del alquiler se limita por decreto para que sea accesible a las familias, el negocio deja de cuadrar para quien construye. La respuesta del Ejecutivo no es revisar el modelo, sino inyectar dinero público para maquillar la rentabilidad que el propio límite de precios destruye. Es una forma de admitir, sin decirlo así, que el alquiler asequible tal y como está diseñado no es viable en el mercado libre. Y esa es precisamente la conversación que llevamos meses teniendo en los territorios donde los precios se han disparado más: si hace falta subvencionar para que salgan los números, ¿no será que el problema no es la falta de incentivos, sino el propio coste de construir y financiar vivienda en España?
De dónde sale el dinero y a qué se compromete el promotor
El mecanismo, en el fondo, es sencillo. El Estado aporta el suelo, que ya es de titularidad pública, y añade una inyección económica adicional para que empresas y fondos privados se encarguen de levantar, mantener y gestionar los edificios. A cambio, el adjudicatario se compromete a alquilar esas viviendas a precios limitados durante 50 años, transcurridos los cuales el inmueble vuelve al Estado. El límite de renta no es arbitrario: el coste del alquiler, sumados los suministros, no podrá superar el 30% de la renta disponible estimada para una unidad de convivencia media, según el tamaño de la vivienda y los últimos datos de renta de los hogares del INE.
Sobre el papel, el diseño parece razonable: se ata el precio a la capacidad económica real de las familias, no al precio de mercado de la zona. El problema es que ese mismo diseño es el que obliga después a rescatar la rentabilidad con dinero público, porque un alquiler calculado sobre la renta de los hogares rara vez se parece al que pagaría el mercado libre en una capital tensionada. La subvención, en la práctica, es el parche que tapa esa diferencia.
Alegaciones abiertas y una respuesta tardía al sector privado
El proyecto normativo cerró su periodo de audiencia pública el pasado 8 de septiembre y entra ahora en la fase de análisis de alegaciones, lo que todavía puede modificar el texto definitivo antes de su aprobación. No es un detalle menor: buena parte del sector promotor y de los fondos de inversión llevaban meses reclamando precisamente este tipo de ayuda directa como condición para entrar en vivienda asequible, después de que las subvenciones de 50.000 euros por vivienda financiadas con fondos europeos Next Generation se quedaran cortas para hacer viables muchos proyectos. La nueva convocatoria eleva esa referencia hasta más de 83.000 euros por inmueble, lo que deja bastante claro qué ha pesado más en el diseño final: la presión de quien tiene que poner el ladrillo, no la urgencia de las familias que llevan años esperando una vivienda asequible que nunca llega al ritmo prometido.
De hecho, a comienzos de año la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya había anunciado la licitación de suelo para unas 2.800 viviendas, un calendario que se ha ido retrasando hasta esta convocatoria, que ahora incluye actuaciones en ciudades como Madrid, Valencia y Sevilla.
Casa 47, la empresa pública que corre contra el reloj
Todo esto ocurre mientras Casa 47, la sociedad estatal de vivienda pública creada en 2025, intenta acumular parque a toda velocidad. Esta misma semana ha publicado en su portal 638 viviendas asequibles nuevas, que sumadas a las 170 ya entregadas dejan la cifra en 800 viviendas colocadas en el mercado, la mayoría procedentes de la Sareb. La previsión oficial es sumar 1.500 viviendas más antes de que acabe el año y llegar a 100.000 en una década, apoyándose en obra nueva como los 10.000 pisos previstos en el madrileño barrio de Campamento, otras 40.000 viviendas y 55.000 más en suelos de la Sareb.
Son cifras ambiciosas para un organismo que apenas lleva un año funcionando, y que ahora depende en buena medida de que promotoras privadas acepten construir a cambio de un cheque público. La pregunta que queda en el aire, y que probablemente se responderá con los datos de ejecución de aquí a un par de años, es si 83.000 euros por vivienda son la pieza que faltaba para desatascar el alquiler asequible o simplemente el precio que el Estado ha aceptado pagar para que el sector privado haga, subvencionado, lo que el mercado por sí solo nunca ha querido hacer.
