El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que reparte 180 millones de euros en subvenciones directas entre las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. El dinero, eso sí, tiene destinatarios muy concretos: solo Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias pasan por caja. El resto de autonomías, las que decidieron que la Ley de Vivienda de 2023 no iba con ellas, se quedan mirando desde la ventanilla. Nadie podrá decir que no estaban avisadas.

Las ayudas alcanzarán a 317 municipios en los que viven más de nueve millones de personas. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, insistió en la rueda de prensa posterior en que declarar una zona tensionada no equivale a colgarse una medalla, sino a reconocer un problema que exige soluciones extraordinarias. Dicho de otro modo: quien admite que tiene fiebre puede recibir la medicina; quien prefiere sostener que el termómetro miente, se la pierde.

El objetivo de estas ayudas

La finalidad declarada es ampliar la oferta de vivienda asequible y frenar la escalada del alquiler allí donde la presión es más asfixiante. Las subvenciones se amparan en el artículo 18 de la Ley de Vivienda y deben servir para financiar los planes específicos que cada comunidad diseñe para corregir los desequilibrios que impiden a muchos hogares acceder a un techo a precio razonable.

Es, en el fondo, la letra pequeña de la ley que muchos gobiernos autonómicos prefirieron no leer. La norma obliga a las comunidades —que son las competentes— a elaborar un plan de acción cuando declaran zonas tensionadas, y a la vez interpela al Estado para que ponga medidas extraordinarias sobre la mesa. Ahora esas medidas tienen cifra, y la cifra llega solo a quien cumplió su parte.

El reparto de los fondos

El Ministerio asegura que el reparto se ha hecho con criterios objetivos: la población residente en las zonas declaradas y el porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo para pagar el alquiler. Así, las mayores partidas van a los territorios con más vecinos afectados y más dificultades para afrontar las rentas.

El resultado deja a Cataluña como gran beneficiada, con 119,4 millones para sus 271 municipios, algo más del 66% del total. Le siguen Euskadi, con 31 millones para 18 municipios; Navarra, con 13,3 millones para 21; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela, y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios.

El caso gallego merece un apunte, porque desmonta el argumento de que esto va de colores políticos. La Xunta, nada sospechosa de simpatías con el Ministerio, aplicó la ley donde los datos lo justificaban y hoy recibe su parte. Mientras, comunidades con mercados de alquiler tan tensos como Madrid, Baleares, Andalucía o la Comunitat Valenciana siguen sin declarar una sola zona, enarbolando la bandera de la libertad de mercado mientras sus inquilinos dedican a la renta una porción del sueldo que haría sonrojar a cualquier economista. Coherencia, quizá. Gratis, desde luego, no sale.

Impulsar actuaciones específicas en las zonas tensionadas para ampliar la oferta asequible

¿En qué podrán gastar este dinero las comunidades? La ministra detalló cinco ámbitos de actuación. El primero, la promoción y rehabilitación de viviendas y el desarrollo de soluciones habitacionales alternativas para alquiler social o asequible, sea cual sea la calificación y la titularidad del suelo. El segundo, la adquisición de suelo con edificabilidad residencial por parte de las administraciones autonómicas o sus entidades dependientes. El tercero, el desarrollo y la urbanización de terrenos destinados a vivienda.

El cuarto contempla la compra de viviendas ya construidas en el mercado libre para incorporarlas al parque público de alquiler social o asequible. Y el quinto, la cobertura de impagos en los contratos de arrendamiento, a lo que la nota ministerial añade avales y seguros para jóvenes. Este último punto es el que más interesa a propietarios, inquilinos y a quienes los asesoran, aunque por ahora no se sabe cómo funcionará.

Rodríguez recordó además que el Plan Estatal de Vivienda ya permite a las administraciones cubrir hasta el 80% del coste de adquisición de una vivienda ya construida para destinarla al alquiler asequible. El nuevo decreto se suma a esa línea y, a diferencia de los reales decretos-ley de septiembre, no necesita convalidación parlamentaria: concede subvenciones directas y punto. Al menos esta vez no habrá votación de infarto en el Congreso.

Otras ayudas para alojamientos en universidades

En la misma reunión, el Gobierno aprobó un segundo real decreto con 45 millones de euros para construir, ampliar o rehabilitar residencias universitarias, que aportarán unas 2.000 plazas en una primera fase para estudiantes, docentes e investigadores de universidades públicas.

La mayor partida es para la Universidad Autónoma de Madrid, con 13,36 millones. Le siguen el Campus de Albacete de la UCLM (8,19), la Pablo de Olavide de Sevilla (6,5), la Universidad de Burgos (5,94), la Jaume I de Castellón (4,45), la Universidad de Jaén (3,56) y el Ayuntamiento de Lleida (2,97). Curiosamente, aquí no hacía falta declarar nada: Madrid y Andalucía sí reciben fondos.

La ministra reconoció que hay jóvenes que renuncian a estudiar donde querían porque el alojamiento es inasumible, y confió en que el plan resulte inspirador para el resto de administraciones.

Lo que todavía no sabemos

Ni el Ministerio ni La Moncloa han aclarado cuándo se publicarán los textos en el BOE, qué trámites deberán cumplir las comunidades para cobrar ni cómo tendrán que justificar el destino de los fondos. Habrá que esperar a la letra definitiva. Lo que sí está claro es que la Ley de Vivienda ha empezado a tener premio para quien la aplica, y factura para quien la ignora.