El Gobierno destina 201 millones para viviendas de alquiler asequible, y lo hace con una cifra que suena rotunda en una rueda de prensa pero que, puesta al lado del agujero que arrastra este país, se queda en lo que es: un ladrillo más en un muro que lleva décadas a medio construir. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto de subvenciones para levantar 2.500 viviendas de alquiler asequible en suelos de CASA 47, la entidad estatal de vivienda, en colaboración con el sector privado. Bienvenidas sean. Pero conviene no confundir el granito de arena con la playa.

España sigue rondando un 3% de parque de vivienda social, frente a una media europea que triplica esa cifra y países vecinos que la multiplican por 5. Alcanzar a nuestro entorno no va a ser fácil, y lo más doloroso es que podríamos estar mucho más cerca si la vivienda construida con dinero público no se hubiera ido vendiendo, descalificando o regalando por el camino. Cada piso protegido que pasó al mercado libre a los pocos años fue un negocio para unos pocos pagado por todos los demás. Y el dinero público, conviene recordarlo, es de todos y a disposición de todos debe seguir.

Surge un nuevo modelo de colaboración público privada

Con este decreto surge un nuevo modelo de colaboración público privada que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana presenta como una fórmula inédita. La clave, según el Gobierno, es que la Administración conserva el control sobre el precio y las condiciones de los alquileres resultantes, algo que en otros esquemas se perdía en cuanto el promotor tomaba las riendas. La ministra Isabel Rodríguez lo resumió así: “CASA 47 pone los suelos, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pone las ayudas; y exigimos a los promotores privados que las viviendas que construyan sean asequibles de verdad”.

Lo de “de verdad” no es un adorno retórico. Es una confesión implícita de que durante años se ha llamado asequible a cosas que no lo eran, y protegida a vivienda que solo lo fue mientras duró la letra pequeña.

Suelos y ayudas para conseguir viviendas asequibles

El reparto de papeles es sencillo: suelos y ayudas para conseguir viviendas asequibles. El Estado aporta el terreno y la financiación; el sector privado, la capacidad de construir. Lo novedoso es que la titularidad de las viviendas se mantendrá siempre pública. Ni descalificación a los siete años, ni venta posterior al mejor postor, ni ese truco tan nuestro de hacer vivienda protegida con fecha de caducidad.

Y aquí es donde el debate se pone interesante. Porque mientras el Gobierno central presume de blindar la titularidad pública, siguen existiendo formaciones políticas que defienden con entusiasmo que la vivienda protegida pueda pasar al mercado libre tras unos pocos años, como si el esfuerzo colectivo fuese un trampolín para la plusvalía privada. Son las mismas que no dudan en recurrir a los tribunales cuando una comunidad como Navarra pretende que su vivienda pública lo sea para siempre. Curiosa idea de la libertad: la de poder vender lo que pagamos entre todos.

Las actuaciones por provincias

En cuanto a las actuaciones por provincias, los 201 millones de euros permitirán financiar una treintena de proyectos, entre los que destacan los previstos en Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. Territorios donde la presión sobre el alquiler ha expulsado a buena parte de los jóvenes y de las rentas medias del mercado, y donde 2.500 viviendas repartidas son un alivio, pero difícilmente una solución. Haría falta multiplicar este tipo de operaciones durante muchos años, y con constancia, para que el efecto se note en los precios y en la demanda.

El funcionamiento de las ayudas

El funcionamiento de las ayudas se articula mediante concesiones de obra pública, en las que CASA 47 fijará las condiciones de acceso y de asequibilidad. El objetivo declarado es evitar las disfunciones de otros modelos en los que eran las empresas adjudicatarias quienes decidían, en la práctica, quién entraba y a qué precio.

“El precio final del alquiler no dependerá de lo que cueste construir la vivienda o de los beneficios del promotor”, subrayó la ministra. Si se cumple, será un cambio de lógica relevante: el alquiler se calcula desde la capacidad de pago del inquilino, no desde la cuenta de resultados del constructor. El sector privado seguirá ganando dinero, porque nadie construye por caridad, pero el margen deja de trasladarse íntegro a la factura del vecino.

Viviendas en alquiler asequible

Las nuevas viviendas en alquiler asequible seguirán el modelo de estabilidad de CASA 47: el alquiler nunca superará el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia y los contratos podrán alcanzar los 75 años. Tres cuartos de siglo de estabilidad en un país donde firmar un contrato de cinco años ya se considera una pequeña victoria.

CASA 47 nació hace menos de un año con la intención de intervenir en todo el ciclo residencial, desde la compra y adecuación del suelo hasta la entrega de llaves. Esta operación es su primera gran prueba de fuego en colaboración con promotores privados, y de su ejecución dependerá que el modelo convenza o se quede en titular.

Porque el verdadero negocio no es que unos pocos hagan caja con la vivienda pública cuando vence el plazo de protección. El verdadero negocio, el de todos, es tener por fin un parque público de vivienda suficiente para cubrir las necesidades del país. Y ese negocio solo funciona si lo que se construye con dinero de todos sigue siendo de todos.