El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmado un convenio con 31 municipios catalanes para impulsar la construcción de 566 viviendas sociales en 42 solares de pequeño tamaño. El acuerdo, sellado en el Palau de la Generalitat con la presencia de alcaldes y responsables municipales, responde a una realidad que cualquier agente del sector conoce bien: hay suelo disponible, hay voluntad política declarada, y sin embargo los ayuntamientos más pequeños no tienen músculo técnico ni administrativo para convertir un solar en un concurso de licitación. La solución que propone el Govern es asumir directamente esa gestión, buscando promotores antes de que acabe abril mientras los consistorios participan en la redacción de los pliegos y fijan los criterios de adjudicación.

Una de cada tres viviendas protegidas se construye en Cataluña

Illa no desaprovechó el acto para poner en valor los números de su comunidad. Según subrayó, en 2025 se construyeron 3.517 viviendas protegidas en Cataluña, lo que representa aproximadamente el 30% del total nacional. Tres de cada diez viviendas protegidas levantadas en España el año pasado se construyeron en territorio catalán, un dato que el president utilizó para reivindicar el carácter «ambicioso» de la política habitacional de su ejecutivo frente al resto de comunidades autónomas. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, fue un paso más allá y cifró el objetivo a largo plazo: que la vivienda protegida alcance el 15% del parque total de forma permanente, siempre que las medidas se mantengan de forma sostenida en el tiempo.

El objetivo es disponer de licencia de obras en tres meses

Uno de los compromisos más concretos del acuerdo es la agilización burocrática. La Generalitat se compromete a facilitar los procesos administrativos para que los ayuntamientos puedan otorgar la licencia de obras en un plazo máximo de tres meses. En un sector acostumbrado a que los plazos se estiren de forma indefinida, esta declaración de intenciones merece ser seguida de cerca. Los concursos para adjudicar los proyectos a promotores están previstos antes de que finalice abril, lo que convierte los próximos meses en un termómetro bastante fiable de si el Govern es capaz de cumplir con sus propios tiempos.

La Agència de l’Habitatge supervisará durante 75 años el cumplimiento de las condiciones

El modelo jurídico elegido es el derecho de superficie a 75 años. Durante todo ese período, será la Agència de l’Habitatge de Catalunya la encargada de supervisar que los promotores cumplen con las condiciones pactadas. Una vez transcurrido ese tiempo, la gestión de los inmuebles pasará a manos de los ayuntamientos. En cuanto a la adjudicación de los pisos, los consistorios podrán optar por gestionar directamente la selección de beneficiarios o delegarla en los promotores, siempre bajo criterios de transparencia. También podrán fijar requisitos propios, como acreditar un mínimo de años de empadronamiento para dar prioridad a los vecinos del municipio.

Condiciones similares con algunas particularidades

La arquitectura jurídica básica es común a todos los municipios firmantes, pero el acuerdo ha incorporado algunas particularidades según las necesidades de cada localidad. Arenys de Munt ha solicitado que las promociones se destinen íntegramente a alquiler social. Vielha, Bellver y Fontanals han pedido que las viviendas incluyan plazas de aparcamiento. El Ayuntamiento de Sallent ha condicionado la intervención a que se mantenga la fachada del edificio existente en el solar. Y municipios como Baix Pallars, Llavorsí y Rialp han optado por un único promotor para todos sus solares disponibles, evitando la fragmentación entre diferentes constructoras.

¿Qué es el Plan 50.000 y cómo se articula?

Este acuerdo se enmarca en el llamado Plan 50.000, la estrategia del Govern para ampliar el parque público de vivienda hasta el año 2030. El plan contempla varias líneas de actuación: la movilización de terrenos de la Reserva Pública de Solares —con una primera licitación pendiente de resolución y una segunda ya anunciada—, el incremento de las operaciones de tanteo y retracto, y el lanzamiento de ayudas a la compra dirigidas a jóvenes. El convenio firmado esta semana es, en ese sentido, una pieza más de un engranaje más amplio, orientado principalmente hacia el alquiler asequible como fórmula para fijar población en municipios que, en algunos casos, han perdido más del 40% de sus habitantes en los últimos treinta años.