Una ubicación algo dispersa
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el próximo 13 de noviembre el Govern formalizará la compra de 170 viviendas de protección oficial propiedad de InmoCaixa, filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, por unos 15 millones de euros. Las promociones se ubican en Lleida, Mollet del Vallès y Banyoles, municipios que reflejan una dispersión geográfica pero también la intención del Ejecutivo catalán de reforzar el parque público de vivienda en diferentes zonas del territorio. Con un precio medio de 88.200 euros por inmueble, esta adquisición será la tercera operación cerrada con InmoCaixa y eleva a 843 las viviendas compradas por la Generalitat desde que Illa asumió la presidencia. El movimiento forma parte de la estrategia para incrementar el parque de alquiler asequible y frenar la pérdida de vivienda protegida hacia el mercado libre, donde los precios siguen fuera del alcance de buena parte de la población.
Una situación actual conflictiva por la existencia de cláusulas abusivas
El anuncio se produce en un contexto de alta tensión social en torno a la vivienda pública. En Banyoles viven varios inquilinos en huelga de alquileres desde hace siete meses, un movimiento impulsado por el Sindicato de Alquiladoras, que reúne a 68 familias de Banyoles, Sentmenat, Sitges y Palau-solità i Plegamans. Estas familias denuncian cláusulas abusivas en los contratos de InmoCaixa y la falta de respuestas efectivas a su situación. La protesta, que ya ha acumulado más de 230.000 euros retenidos por un centenar de personas, llegó incluso al Palau de la Generalitat, donde una delegación del Sindicato de Inquilinos se reunió con Salvador Illa para abordar el conflicto. El president reconoció la necesidad de resolver estos casos y reafirmó que la prioridad del Govern es garantizar el derecho a la vivienda y asegurar que esta se conciba como un bien social, no como un activo financiero. La compra de los inmuebles de InmoCaixa puede aliviar parcialmente este conflicto, siempre que el traspaso se traduzca en mejoras efectivas para los inquilinos y una gestión pública más transparente.
El Govern negocia actualmente nuevas adquisiciones
La operación con InmoCaixa no será la última. Illa confirmó que el Govern negocia actualmente la compra de 1.107 viviendas adicionales, en lo que se perfila como una de las mayores operaciones de recuperación de vivienda pública en la historia de la Generalitat. Esta iniciativa se enmarca en el Plan Impulso 10.000, activado en marzo de 2023 por el anterior ejecutivo de Pere Aragonès, con el objetivo de aumentar en 10.000 las viviendas públicas disponibles para alquiler asequible. Hasta agosto de 2024, la Generalitat había adquirido 925 viviendas de grandes tenedores a través del Incasòl, y con las nuevas compras se espera superar las 1.900 unidades incorporadas al parque público. Illa defendió que su gobierno está haciendo “más por la vivienda que ninguna otra administración”, subrayando que esta política de adquisiciones es un instrumento inmediato para atender la emergencia habitacional.
Además, el president anunció la firma de un acuerdo con los Comuns para reforzar las políticas frente a los desahucios y grandes tenedores, con el propósito de mantener las viviendas en manos del sector público y destinarlas a alquiler social o asequible. Estas medidas buscan dar una respuesta práctica a la crisis de acceso a la vivienda, sin esperar a que la construcción de nuevas promociones —que requiere años de desarrollo— pueda dar resultados tangibles.
La crisis de acceso a la vivienda en Cataluña, líder en desahucios e inquiokupaciones
Cataluña sigue siendo la comunidad con más desahucios de España y también una de las más afectadas por los fenómenos de inquiokupación y sobreendeudamiento familiar. A pesar de los esfuerzos autonómicos, el parque de vivienda pública apenas alcanza el 2% del total de viviendas, una cifra muy inferior a la media europea, situada en torno al 15%. La falta de vivienda asequible continúa empujando a miles de familias hacia la precariedad residencial, con un impacto especialmente grave en los jóvenes y en los hogares con rentas bajas. En este contexto, la compra directa de viviendas existentes se ha convertido en una herramienta clave para incrementar la oferta inmediata, evitando que unidades de protección oficial pasen al mercado libre.
La operación con InmoCaixa, además de su relevancia política y económica, simboliza un cambio de enfoque en la política de vivienda catalana: pasar de la reacción a la acción. El Govern está apostando por intervenir activamente en el mercado, comprando inmuebles de grandes tenedores para ponerlos al servicio del alquiler social y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
La adquisición de 170 viviendas por 15 millones de euros no resolverá el problema estructural de acceso a la vivienda, pero marca un paso decidido en la dirección correcta. En un momento en que la urgencia habitacional no puede esperar a los plazos de la obra nueva, esta política de compra pública responde a una necesidad inmediata: disponer de vivienda para ahora, sin renunciar a los proyectos de construcción futura. Si la Generalitat mantiene este ritmo de adquisiciones y logra gestionar de forma eficiente las nuevas incorporaciones, Cataluña podría situarse a la vanguardia en políticas de vivienda social, transformando una crisis crónica en una oportunidad de cambio real.
