La inflación en España lleva meses mostrando una tendencia a la moderación. Los datos oficiales del Índice de Precios al Consumo (IPC) apuntan a que el incremento del coste de la vida se ha ido suavizando tras el fuerte repunte vivido en los años posteriores a la pandemia y a la crisis energética. Sin embargo, esta aparente mejora macroeconómica no se reparte de forma equitativa entre toda la población. Para millones de hogares que viven de alquiler, la realidad económica continúa siendo muy distinta.

Un informe reciente elaborado por la Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que la inflación real que soportan los inquilinos es muy superior a la que refleja el IPC oficial. Según este estudio, la subida efectiva del coste de la vida para quienes viven de alquiler podría situarse en torno al 4,7%, frente al 2,7% del indicador oficial, una diferencia que tiene consecuencias directas sobre el poder adquisitivo de millones de familias.

La razón principal de este desfase reside en la forma en que el IPC mide el peso de la vivienda dentro de la cesta de consumo. Mientras los precios del alquiler siguen escalando en muchas ciudades, el indicador oficial apenas refleja este incremento, lo que provoca que la inflación media oculte las dificultades reales que atraviesan quienes dependen del mercado del alquiler para acceder a una vivienda.

La imperceptibilidad del alquiler en el cálculo del IPC

Uno de los principales argumentos del informe es que el alquiler está claramente infrarrepresentado en el cálculo del IPC. El sistema utilizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) pondera el gasto en vivienda de forma que su impacto queda diluido dentro del conjunto de los hogares españoles.

En 2025, por ejemplo, el peso de la vivienda dentro del IPC se situó en apenas el 3,6%, una cifra que resulta sorprendentemente baja si se compara con otros gastos cotidianos. De hecho, este porcentaje quedó incluso por debajo del peso que tienen en el índice productos como el alcohol o el tabaco y muy lejos de otros capítulos de gasto como la restauración o el turismo.

Esta situación resulta especialmente llamativa en un contexto en el que la vivienda se ha convertido en el principal problema económico para amplias capas de la población, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas con fuerte presión turística o demográfica.

Se plantea un indicador alternativo: el ‘IPC Inquilino’

Ante estas limitaciones metodológicas, el informe plantea la creación de un indicador alternativo denominado “IPC Inquilino”, cuyo objetivo es medir con mayor precisión la inflación real que sufren los hogares que viven en régimen de alquiler.

Este nuevo índice propone combinar los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares con los precios reales del mercado del alquiler, obtenidos de portales inmobiliarios y otras fuentes estadísticas. De esta forma se pretende reflejar mejor el impacto que tiene la vivienda en la economía doméstica de millones de hogares.

Los resultados de esta metodología alternativa son contundentes. Desde 2019, el IPC Inquilino habría acumulado un aumento cercano al 31%, frente al 25% registrado por el IPC oficial, lo que supone una diferencia de seis puntos porcentuales que evidencia la brecha entre la inflación real y la inflación estadística.

El alquiler funciona como un mecanismo de extracción de rentas de inquilinos a caseros

El informe de CGT va más allá del análisis estadístico y plantea una lectura económica del fenómeno. Según sus autores, el mercado del alquiler se está convirtiendo en un mecanismo de transferencia de renta desde los inquilinos hacia los propietarios.

En un contexto de fuerte presión sobre la demanda de vivienda, los arrendadores han podido trasladar al precio de las rentas gran parte de las tensiones del mercado inmobiliario. Mientras tanto, los hogares inquilinos suelen tener ingresos inferiores a la media, lo que agrava el impacto de estas subidas.

El resultado es un círculo vicioso: los inquilinos ven deteriorarse su capacidad de ahorro y su poder adquisitivo, mientras que los propietarios incrementan sus ingresos mediante la revalorización de las rentas.

La brecha comienza a finales del 2023

Según el estudio, la divergencia entre el IPC oficial y la inflación real que soportan los inquilinos empieza a hacerse visible a finales de 2023. Hasta ese momento, ambos indicadores evolucionaban de forma relativamente paralela.

Sin embargo, a partir de ese periodo se produce una clara separación entre ambas curvas. Mientras el IPC general comienza a moderarse gracias a la caída de los precios energéticos y a la estabilización de los alimentos, los precios del alquiler continúan su escalada en buena parte del territorio.

Esta tendencia se ha consolidado a lo largo de 2025, cuando la inflación media para los hogares que viven de alquiler se situó en torno al 4,7%, casi el doble de la registrada por el índice general.

El 20% de los inquilinos llegan a destinar hasta un 40% de lo que ganan a la renta

Uno de los datos más preocupantes del informe tiene que ver con el esfuerzo económico que deben realizar los hogares para pagar la vivienda.

Aunque las estadísticas oficiales suelen considerar razonable destinar entre un 20% y un 30% de los ingresos al pago de la vivienda, la realidad es mucho más dura para una parte importante de la población.

El estudio señala que alrededor del 20% de los inquilinos llega a dedicar hasta un 40% de sus ingresos al pago del alquiler, mientras que otro 14% destina entre el 40% y el 50%. Incluso existe un porcentaje significativo de hogares que supera la mitad de sus ingresos mensuales en el pago de la renta.

Esta situación afecta especialmente a los hogares más vulnerables, entre los que destacan las familias jóvenes, los trabajadores con salarios más bajos y los hogares de origen migrante, que presentan una mayor dependencia del mercado del alquiler.

La situación no es igual en todos los territorios

La presión del alquiler tampoco se distribuye de manera uniforme en todo el país. El informe revela que las mayores diferencias entre el IPC oficial y el IPC Inquilino se concentran en los territorios con mercados inmobiliarios más tensionados.

Entre las comunidades autónomas con mayor brecha destacan Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, donde el incremento de los alquileres ha sido especialmente intenso en los últimos años.

En el extremo contrario se sitúan regiones como Cantabria, Murcia, Navarra o Extremadura, donde la evolución del mercado inmobiliario ha sido algo más moderada y el impacto del alquiler sobre la inflación resulta menor.

El sistema de cómputo del alquiler para el INE en el IPC

Gran parte del problema reside en la forma en que el INE calcula el peso del alquiler dentro del IPC. El organismo estadístico solo tiene en cuenta las renovaciones de contratos existentes, dejando fuera del cálculo los contratos nuevos firmados a precios de mercado.

Además, el indicador incluye todo el parque de viviendas en alquiler, incluidas las rentas antiguas o aquellas sometidas a algún tipo de limitación legal, lo que reduce artificialmente la media de precios.

Este sistema provoca que las fuertes subidas que experimentan los nuevos contratos de alquiler no se reflejen plenamente en las estadísticas oficiales, generando así una imagen más moderada de la inflación inmobiliaria.

La pérdida real de poder adquisitivo

Las consecuencias de esta divergencia estadística son profundas. Si se comparan los salarios con el IPC oficial, parece que los trabajadores han recuperado el poder adquisitivo perdido durante los años de mayor inflación.

Sin embargo, cuando el análisis se realiza utilizando el IPC Inquilino, el resultado es muy distinto. En ese caso, los salarios reales de quienes viven de alquiler habrían caído cerca de un 6,9% desde 2019, lo que sitúa su capacidad de compra en niveles similares a los de 2022, uno de los peores momentos de la serie histórica reciente.

Este fenómeno pone de manifiesto una realidad incómoda: la inflación no afecta por igual a todos los hogares. Mientras algunos grupos sociales logran adaptarse al incremento del coste de la vida, otros ven cómo el peso del alquiler absorbe una parte creciente de sus ingresos, ampliando la brecha económica entre propietarios e inquilinos.

En este contexto, el debate sobre cómo medir correctamente el impacto de la vivienda en la inflación y en la economía doméstica vuelve a situarse en el centro de la discusión económica y social. Porque, como advierten los autores del informe, si la estadística no refleja la realidad de millones de hogares, las políticas económicas corren el riesgo de diseñarse sobre una imagen distorsionada del problema.