Hay recursos que dicen más de quien los firma que de la ley que impugnan. El Partido Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda que mantiene para siempre la protección de las VPO de alquiler en Navarra. Dicho de otra forma, un partido que lleva años avisando de que la vivienda es un problema acude al Tribunal Constitucional para que unas viviendas protegidas puedan dejar de serlo. La coherencia, como el alquiler asequible, también escasea.

Las razones del Partido Popular para denunciar la reforma de la Ley de Vivienda navarra

El argumento central de los populares es la retroactividad. Invocan el artículo 9.3 de la Constitución, que prohíbe aplicar con efecto retroactivo las normas que restringen derechos individuales, y lo combinan con el derecho a la propiedad privada. A su juicio, quien promovió estas viviendas lo hizo sabiendo que podrían venderse en el mercado libre pasados 21 años, y cambiar esas reglas a mitad de partido vulnera la seguridad jurídica.

Sergio Sayas, presidente del PP navarro, fue más allá y advirtió de que sin esa seguridad no se levantará una sola vivienda en Navarra. Para reforzar su tesis aportó un dato: en 2011 el 96% de los solicitantes de vivienda protegida obtenía una, y el último año solo lo consiguió el 3%. Es un dato demoledor, aunque no por la razón que él cree. Si apenas tres de cada cien solicitantes acceden a una VPO, lo lógico sería proteger las que ya existen, no abrirles la puerta del mercado libre.

Las consecuencias para las familias que viven en estas viviendas de alquiler

Mientras el debate se libra en términos de expectativas y confianza legítima, al otro lado hay inquilinos con contrato, colegio para los niños y una renta que todavía pueden pagar. Para ellos la descalificación no sería una abstracción jurídica. Su vivienda pasaría a regirse por los precios del mercado libre, que en Navarra, como en casi toda España, crecen bastante más deprisa que los salarios. El final de la protección significaría para muchas de estas familias una subida de alquiler que no pueden asumir o, directamente, una mudanza.

¿Cuántas son las viviendas afectadas en Navarra?

El Parlamento cifró el alcance en 2.248 viviendas. De ellas, 108 iban a perder la protección a corto plazo, durante el verano de 2026. Otras 1.300 lo harían en los cinco años siguientes y unas 800 más antes de 2050. Las cifras bailan ligeramente según quién las cite: el PSN habló de 2.278 y la consejera de Vivienda redondea a 2.300 familias. Pero el orden de magnitud es claro, y en un parque público tan escaso como el navarro no son una anécdota.

El choque entre el derecho a la vivienda y la propiedad privada

El PP invoca la Constitución, pero lo hace con una lectura muy selectiva. El artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda digna y obliga a los poderes públicos a impedir la especulación. El artículo 33, el mismo que ampara la propiedad privada, establece en su segundo apartado que la función social de ese derecho delimita su contenido. Ambos artículos están en el mismo texto que el 9.3, aunque en el recurso no parecen tener el mismo protagonismo.

Tampoco ayuda a la imagen de neutralidad que el armazón jurídico del recurso coincida con los dos dictámenes que la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra encargó en septiembre, que señalaban posibles vulneraciones de la seguridad jurídica, la confianza legítima, la igualdad y la propiedad. Cuando el argumentario de un partido y el de un sector económico se parecen tanto, la pregunta sobre a quién representa ese partido se responde casi sola.

Una situación que muestra los dos modelos que confluyen el 29-N

La reforma se aprobó el 25 de junio con los votos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y con la oposición de UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita. En ese reparto de votos están las dos visiones que se medirán en la cita electoral del 29-N. Una entiende la vivienda protegida como un parque público permanente. La otra la ve como un producto con fecha de caducidad, que pasado un tiempo debe volver al mercado y generar rentabilidad. La vivienda va a ser uno de los ejes de la campaña, y este recurso deja bastante clara la postura de cada uno.

La posición del Gobierno de Navarra

La vicepresidenta y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, niega que exista retroactividad. Sostiene que la futura descalificación era una expectativa, no un derecho adquirido, y que el legislador puede regular sus efectos a partir de ahora. Asegura además contar con informes jurídicos sólidos y resume su postura en una frase que podría servir de lema: la vivienda es un derecho, no un negocio.

¿Quién gana si caduca la protección?

La pregunta que el recurso evita es quién sale beneficiado si estas viviendas vuelven al mercado. Fueron construidas con suelo y recursos públicos, y la experiencia de la última década señala hacia los fondos de inversión. La reforma incluyó además, por una enmienda de Geroa Bai, un derecho de adquisición preferente de la Administración sobre viviendas descalificadas en zonas tensionadas que estén en manos de grandes tenedores. Hay una objeción seria, que la propia Geroa Bai planteó: sin horizonte de venta, a los promotores privados puede interesarles menos construir VPO de alquiler. Pero ese problema se resuelve con incentivos y financiación, no devolviendo al mercado lo que el dinero público ayudó a construir. Ahora el Constitucional tendrá que decidir si prima el derecho al negocio o el derecho a un techo.