La Comunitat Valenciana ya no es, para muchos de sus residentes, un territorio habitable. O al menos, no lo es en las ciudades donde nacieron, estudiaron, trabajaron o proyectaron una vida. Según el último estudio elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), en colaboración con la Sociedad Española de Alquiler Garantizado y la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (ASICVAL), el 31,8% de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en la Comunitat se ven obligadas a desplazarse a la periferia debido al incremento desorbitado de los precios. No es un ajuste del mercado, es un desplazamiento forzoso por motivos económicos.
La demanda de alquiler en territorio valenciano sigue creciendo
Dos años después de la entrada en vigor de la controvertida Ley de Vivienda, los datos dejan poco margen al optimismo: la demanda de alquiler ha crecido del 23,9% en junio de 2024 al 32,4% en 2025, mientras que la oferta ha sufrido un desplome del -33,6%. Lo que debería haber sido una herramienta para garantizar el acceso a la vivienda se ha convertido en un revulsivo que, si bien ha intentado frenar los abusos, también ha ahuyentado a muchos pequeños propietarios.
Como explica Nora García Donet, presidenta de ASICVAL, “estamos ante una situación excepcional”, motivada en parte por la finalización de miles de contratos firmados en 2020, que ahora se renuevan con subidas de precio inasumibles para una parte considerable de la población. El mercado está devolviendo a los valencianos una realidad perversa: los contratos de hace cinco años ya no sirven, porque la lógica del beneficio ha reescrito las reglas del juego.
Los intereses económicos de empresas y particulares pasan por delante del derecho a la vivienda
La vivienda ha dejado de ser un bien de uso para convertirse en un bien de inversión. Y como toda inversión en el sistema actual, la lógica especulativa dicta que la rentabilidad es más importante que la función social. En el mismo momento en que se permite que fondos de inversión, aseguradoras, bancos o incluso particulares decidan el precio del alquiler en función de índices de rentabilidad, se renuncia a controlar el mercado y se entrega el derecho a la vivienda a las reglas de la Bolsa.
El alquiler se ha ligado, en estos últimos años, al beneficio como si se tratara de un producto financiero más. Y como consecuencia, los precios suben no porque mejoren las viviendas ni aumenten los servicios, sino porque el valor de lo inmobiliario cotiza como si fuera una acción, y el inquilino es tratado como un coste inevitable para obtener rendimiento.
Los alquileres que se firmaron en 2020 se renovarán con subidas inasumibles para muchos valencianos
La trampa está servida: miles de familias firmaron contratos en 2020, en plena pandemia, con precios contenidos y condiciones razonables. Hoy, al expirar esos contratos, los propietarios reclaman rentas muy por encima de las que el mercado permitía hace cinco años, aprovechando la escasa oferta y el desequilibrio entre demanda y disponibilidad.
Las nuevas condiciones de alquiler suponen para muchas familias el exilio económico fuera de sus barrios. El alquiler medio más demandado se sitúa en 725,8 €, pero la renta media real alcanza ya los 874 €. Y no hay perspectiva de mejora: solo crece el número de contratos de seguros de impago, un indicio más de que el mercado ya no se basa en la confianza entre arrendador y arrendatario, sino en la protección del inversor frente al riesgo del pobre.
La escasez de vivienda asequible en el mercado no se había visto nunca
García Donet lo resume así: “la escasez de vivienda en el mercado sigue siendo inaudita”. El propietario medio no es un fondo buitre, pero tampoco es un benefactor. Muchos son pequeños tenedores que heredaron un piso o lo compraron como inversión complementaria. El problema no es su voluntad, sino el marco legal y fiscal que les empuja a ver el alquiler como una inversión que debe rendir beneficios constantes, no como una forma de garantizar el acceso a la vivienda.
Y si la escasez de oferta se convierte en la norma, no porque no haya pisos, sino porque no se ponen en alquiler, lo que se produce es un mercado cautivo, donde quien necesita alquilar solo puede hacerlo a precios dictados por la ansiedad especulativa.
Se necesita un gran pacto de estado por la vivienda
Desde ASICVAL, al igual que desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), se insiste en que la única salida viable pasa por un gran pacto de Estado por la vivienda. Un acuerdo que supere los intereses políticos y se base en principios irrenunciables: acceso justo, protección al pequeño propietario, penalización del uso especulativo de la vivienda y fomento de una oferta real de alquiler asequible.
Este pacto debe abordar desde el urbanismo y la planificación territorial hasta la fiscalidad y el sistema de ayudas al alquiler, incluyendo un replanteamiento del papel del alquiler turístico, que en muchas zonas ha fagocitado el mercado residencial. La vivienda no puede seguir siendo un producto financiero. Es, ante todo, un derecho básico que condiciona todos los demás.
Las personas que más alquilan vivienda en la Comunitat Valenciana tienen entre 20 y 30 años
La juventud valenciana está pagando los platos rotos de una política de vivienda errática. El 45,2% de quienes alquilan en la Comunitat tienen entre 20 y 30 años, y si sumamos el tramo de 30 a 40 años, ya se alcanza el 89%. Son personas que inician su vida laboral, que forman familias o que simplemente buscan independencia. Pero lo que encuentran es un mercado inabordable, que los empuja a compartir vivienda o a marcharse a pueblos donde el transporte, los servicios y el empleo son mucho más precarios.
En definitiva, el precio del alquiler no solo está expulsando a los valencianos de sus ciudades, está expulsando también la idea de que la vivienda sea un derecho. La realidad es que hoy, en Valencia como en muchas otras regiones de España, la vivienda ha sido tomada por el mercado y convertida en valor bursátil. Y ese mercado no tiene conciencia, ni empatía, ni responsabilidad social. Solo conoce una ley: la del máximo beneficio.
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