El Gobierno prepara para este mes de julio un nuevo paquete de medidas destinado a hacer frente a la crisis de vivienda que atraviesa el país, un problema que se ha convertido en el asunto de mayor preocupación social según las últimas encuestas. El anuncio llega tras meses de promesas y borradores que, en la mayoría de los casos, no habían llegado a materializarse en el Boletín Oficial del Estado. A lo largo de esta legislatura se han presentado en varias ocasiones «medidas estrella» para abordar el acceso a la vivienda, aunque solo unas pocas iniciativas, como la creación de organismos de intermediación pública o la aprobación de planes estatales de vivienda, han llegado realmente a aplicarse.

El nuevo decreto que el Ejecutivo pretende llevar al Congreso incorpora varios frentes de actuación. Entre las medidas más relevantes destaca la subida del IVA de los pisos turísticos, que pasaría del 10% al 21%, equiparando su fiscalidad a la de otros servicios de alojamiento. También se contempla recuperar la moratoria de alquileres, así como la limitación a la actualización de las rentas, dos medidas que ya se habían aplicado en el pasado y que ahora podrían volver a activarse de forma temporal. El paquete incluye además bonificaciones al IRPF para aquellos propietarios que decidan reducir voluntariamente el importe de la renta, la obligatoriedad de formalizar por escrito todos los contratos de arrendamiento, y una regulación específica para los alquileres de temporada y por habitaciones, dos figuras que hasta ahora han quedado fuera del paraguas de la Ley de Vivienda.

Un paquete muy esperado y anunciado

El decreto llega precedido de un notable ruido político. Algunos partidos de la oposición, entre ellos formaciones de corte conservador y regionalista de Navarra, ya han adelantado que votarán en contra del texto, en línea con su rechazo habitual a este tipo de intervenciones sobre el mercado del alquiler. Más sorprendente resulta la postura a la izquierda del Gobierno, que se muestra reticente a aceptar las bonificaciones fiscales previstas para los propietarios, por considerar que no es el camino adecuado para abaratar los precios. Por su parte, formaciones nacionalistas catalanas y vascas han avisado de que negociarán cada punto del decreto antes de dar su apoyo, lo que anticipa un trámite parlamentario complicado y sujeto a numerosas enmiendas antes de su aprobación definitiva.

Las asociaciones de consumidores, por su parte, han recibido el anuncio con cautela. En líneas generales valoran positivamente que se retome la senda de la intervención pública sobre el mercado del alquiler, pero consideran que, tal y como se conoce hasta ahora, el paquete se queda corto para revertir una crisis que afecta ya a buena parte de la población, especialmente a los jóvenes y a las rentas más bajas.

El acceso a la vivienda como estrella principal

Entre los aspectos que generan más inquietud se encuentra la futura regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Cuando se tramitó la actual Ley de Vivienda, ya se advirtió de que dejar fuera estas modalidades de arrendamiento terminaría empujando a muchos propietarios a acogerse a ellas para eludir las limitaciones de renta. Ahora se reclama que la nueva norma incluya garantías suficientes para que la regulación sea realmente efectiva, que dote de derechos plenos a quienes acceden a una vivienda mediante alquiler de habitaciones, y que evite el fraude que durante los últimos años se ha detectado en los alquileres de temporada, muchas veces utilizados como fórmula para sortear la ley.

Subida del IVA, bonificaciones fiscales y moratoria

La subida del IVA a los pisos turísticos también divide opiniones. Mientras el Gobierno la presenta como una medida de justicia fiscal, otras voces consideran que en realidad podría favorecer que más propietarios opten por el alquiler turístico frente al residencial, priorizando así la función mercantil de la vivienda sobre su función social. Se apunta además que este tipo de alojamiento cuenta con menos garantías y regulación que el sector hotelero tradicional, lo que podría dejar en peor posición a los consumidores.

Respecto a las bonificaciones fiscales a los arrendadores que bajen el precio de sus pisos, el debate se centra en si esta vía resulta eficaz o si, por el contrario, supone trasladar a todos los contribuyentes el coste de compensar a los propietarios, en lugar de abordar una intervención directa sobre los precios del alquiler.

Con todo, la medida mejor valorada por las organizaciones sociales es la recuperación de la moratoria de alquileres, que podría aliviar de forma temporal la inseguridad habitacional de millones de inquilinos, aunque insisten en que debería ser solo un primer paso hacia contratos de mayor duración. La gran ausente en el decreto, sin embargo, es la moratoria antidesahucios, cuya falta preocupa especialmente a quienes reclaman que la vivienda se convierta en un auténtico derecho garantizado por el Estado. Sin esta medida, advierten, seguirá siendo posible desahuciar a personas sin alternativa habitacional digna, algo que consideran incompatible con situar la vivienda como pilar del Estado del Bienestar. El texto deberá ahora iniciar su trámite en el Congreso, donde previsiblemente sufrirá modificaciones antes de convertirse en ley.