El Gobierno ha dado un nuevo paso en su estrategia por dotar a España de un parque público de vivienda digna y asequible. Esta semana, SEPES, la Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha sacado a licitación 1.092 viviendas distribuidas en doce actuaciones residenciales por distintas comunidades autónomas. Con este movimiento, la cifra de viviendas en proceso de contratación pública asciende ya a 1.688 si se suman las 596 previamente licitadas.

La noticia no debería pasar desapercibida, aunque se dé en medio del ruido político, porque marca un punto de inflexión en la política de vivienda pública que España lleva décadas sin tomarse en serio. Estas actuaciones no son simbólicas, ni mínimas, ni testimoniales. Suponen una apuesta concreta por consolidar un parque estatal permanente de vivienda asequible, algo que, durante demasiado tiempo, se ha dejado en manos de un mercado especulativo que ha mostrado poco interés en resolver la emergencia habitacional.

Son 12 actuaciones en diversas comunidades autónomas

Las licitaciones publicadas esta semana se reparten en municipios de once comunidades autónomas, con proyectos de distinto tamaño, pero con un objetivo común: recuperar suelo público para poner en marcha promociones residenciales que escapen de la lógica mercantil. Entre las más destacadas encontramos:

  • 362 viviendas en Ca n’Escandell (Ibiza)

  • 153 viviendas en Murcia capital (sector Remate de las Cañas)

  • 91 viviendas en Melilla (Acuartelamiento Gabriel de Morales)

  • 56 viviendas en Las Palmas (explanada San Francisco)

  • 38 viviendas en Ronda (Andalucía)

  • 33 viviendas en Alfonso Montalvo (Ávila)

  • 12 viviendas en La Celadilla (Utiel, Comunidad Valenciana)

  • 11 viviendas en Adelaida Muro (A Coruña)

Y así hasta completar un mapa que, al menos esta vez, no excluye ni a los pequeños municipios ni a las ciudades tensionadas, donde la vivienda asequible brilla por su ausencia.

Hay también proyectos en Alicante, Valverde de la Virgen (León), Guadalajara, Mérida o Pedrafita do Cebreiro, lugares muy distintos pero todos necesitados de oferta pública residencial. A diferencia del enfoque cortoplacista que ha regido la política de vivienda desde la crisis de 2008, esta vez se busca crear suelo urbanizado y gestionado de forma directa por el Estado, sin venderlo ni cederlo a promotores privados sin condiciones.

Estas licitaciones otorgan un 10% del peso total a criterios de industrialización, reducción del plazo de ejecución y aplicación de soluciones innovadoras

Una de las novedades más significativas en estas licitaciones es que se valora con un 10% la industrialización en la construcción, es decir, el uso de técnicas modernas que permiten acortar plazos, reducir costes, mejorar la eficiencia energética y ganar calidad constructiva. Esta decisión se enmarca dentro del PERTE de Industrialización de la Vivienda, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo.

La medida, lejos de ser cosmética, tiene calado. Apostar por la vivienda industrializada significa empezar a tratar la emergencia habitacional con herramientas del siglo XXI. No se trata sólo de construir más rápido, sino de hacerlo mejor, con criterios sostenibles y replicables, capaces de dar respuesta a las miles de personas que esperan una vivienda asequible en condiciones dignas.

La innovación no se limita a lo técnico. También se premiará la integración arquitectónica, la sostenibilidad ambiental, el diseño urbano o la disposición de zonas comunes, lo que muestra que el objetivo no es levantar bloques sin alma, sino construir hogares integrados en su entorno, donde vivir no sea un lujo, sino un derecho.

Todas estas viviendas mantendrán un carácter asequible y protegido de manera permanente

Pero si algo define estas actuaciones es su naturaleza estructural: todas las viviendas que salgan de estas licitaciones serán protegidas y asequibles para siempre. No se venderán a precio de mercado ni se perderán a los pocos años. Formarán parte de un parque estatal de vivienda pública en alquiler, gestionado por una futura empresa pública de suelo y vivienda asequible que partirá de SEPES.

Este es, probablemente, el mayor valor de la iniciativa. Hasta ahora, buena parte de la vivienda protegida acababa liberalizándose con el tiempo, alimentando el mercado que se suponía debía corregir. Esta vez no. El compromiso es crear vivienda pública de permanencia indefinida, como ocurre en los países europeos con mayor protección social.

Además, la nueva empresa pública gestionará todo el ciclo residencial: desde la adquisición y urbanización del suelo, hasta la promoción, construcción, adjudicación y gestión de las viviendas. Este enfoque integral permite evitar cuellos de botella administrativos, mejorar la coordinación y garantizar que los proyectos no se queden en el papel.

Un esfuerzo estatal que las comunidades no acompañan

La lectura crítica del asunto no puede eludir un hecho evidente: este impulso está viniendo del Gobierno central, pero no de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de vivienda. Y es aquí donde se hace más visible la fractura ideológica que lastra cualquier solución estructural.

Mientras el Ministerio de Vivienda redobla esfuerzos, muchas comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por la derecha, siguen defendiendo que el mercado es el único agente legítimo para resolver la escasez de vivienda, ignorando los evidentes fallos del mismo. En lugar de colaborar, se oponen. En vez de aprovechar el impulso estatal, lo boicotean con trabas normativas o discursos privatizadores.

El resultado es una España a dos velocidades en materia de vivienda, donde la suerte de acceder o no a un hogar asequible depende del código postal o del color político del gobierno autonómico. Un sinsentido en un país donde el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución y donde el alquiler medio ha subido un 70% en diez años.

El mercado no va a resolver la emergencia habitacional

La experiencia ha demostrado de forma reiterada que el mercado inmobiliario, por sí solo, no puede ni quiere ofrecer vivienda asequible. Su lógica es especulativa, orientada al beneficio y basada en la escasez. Por eso, confiar exclusivamente en él para resolver una crisis estructural de acceso a la vivienda es una irresponsabilidad política y social.

La actuación de SEPES muestra que sí se puede hacer política de vivienda desde lo público, con ambición, planificación y sentido de justicia social. Pero este esfuerzo no puede quedar aislado. Para que sea eficaz, debe ser acompañado por comunidades autónomas comprometidas, ayuntamientos activos y una ciudadanía que exija vivienda digna como lo que es: un derecho fundamental, no una mercancía.

Un paso firme, pero insuficiente sin esfuerzo común

La licitación de estas 1.092 nuevas viviendas es una buena noticia. Un paso firme hacia una red de vivienda pública estructural, no una medida puntual para salir en la foto. Pero, como todo en política de vivienda, el éxito no dependerá solo del qué, sino del cómo y del con quién.

Sin la implicación real de todas las administraciones —no sólo del Gobierno central—, el parque estatal no podrá crecer a la velocidad que exige la crisis. Y si las comunidades autónomas no cambian de paradigma, seguiremos atascados entre discursos vacíos y mercados depredadores.

España necesita vivienda pública. Pero también necesita coordinación institucional, valentía política y una visión compartida del derecho a la vivienda. SEPES ha demostrado que se puede. Ahora falta que los demás se sumen.