El mercado del alquiler en España atraviesa una situación límite: precios desbocados, oferta cada vez más escasa y una demanda creciente que multiplica la tensión en las principales ciudades y zonas costeras. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en un mitin en Málaga que se revocarán 53.000 viviendas inscritas en el registro de arrendamientos turísticos por incumplir los requisitos legales. El objetivo declarado es claro: devolver estas viviendas al mercado de alquiler residencial y facilitar el acceso de jóvenes y familias a precios más razonables.

Los pisos no cumplen los requisitos legales

Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), desde que entró en funcionamiento el Registro Único el 1 de enero, se han recibido más de 336.000 solicitudes, de las cuales casi un 79% corresponden a alquileres turísticos. De estas, unas 53.786 han sido revocadas por no cumplir las condiciones legales establecidas. Estas irregularidades afectan a propietarios que pretendían comercializar sus viviendas en plataformas digitales sin disponer del número de registro obligatorio. Ahora, como ha explicado el Gobierno, las plataformas deberán retirar esos anuncios y dejar de ofrecer estas viviendas.

Distribución de esos miles de viviendas por comunidades autónomas

El impacto territorial de esta medida es significativo. Andalucía encabeza la lista con 16.740 pisos turísticos revocados, seguida por Canarias (8.698), Cataluña (7.729) y la Comunidad Valenciana (7.499). Galicia, Baleares y Madrid suman cifras también relevantes, que superan en conjunto las 6.500 unidades. Incluso regiones con menor presencia turística, como Extremadura, La Rioja o Navarra, han visto cómo se invalidaban varios centenares de registros. En total, estas cifras reflejan la dimensión de un fenómeno que ha transformado radicalmente el mercado inmobiliario en los últimos años.

Las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles

La decisión del Ejecutivo obliga directamente a plataformas como Airbnb, Booking o Vrbo a eliminar de sus catálogos los anuncios de las viviendas afectadas. De no hacerlo, se enfrentarían a sanciones administrativas. El Gobierno pretende así garantizar que solo se oferten aquellos alojamientos turísticos que cumplen con la normativa y, de paso, liberar un número importante de viviendas para el alquiler residencial. Sin embargo, la medida no está exenta de polémica.

Por un lado, varias Comunidades Autónomas y Ayuntamientos han recordado que las competencias en materia de vivienda y turismo recaen en gran medida sobre ellas, lo que podría generar conflictos jurídicos. Por otro, queda en duda si los propietarios de esas viviendas realmente se decidirán a destinarlas al alquiler tradicional, renunciando a las rentabilidades más altas que ofrece el mercado turístico y asumiendo riesgos adicionales como impagos u ocupaciones.

¿Solución o medida electoralista?

El anuncio llega en un momento especialmente delicado, con los precios de los alquileres en máximos históricos y con elecciones en el horizonte en varias comunidades. Para algunos analistas, la medida tiene un marcado carácter político y podría quedarse corta frente a la magnitud del problema estructural de la vivienda en España: falta de parque público, retrasos en la promoción de vivienda asequible y escaso control sobre la especulación inmobiliaria.

El propio Sánchez defendió la medida como un paso en la “nueva política de vivienda” que pretende desplegar el PSOE, recordando que por primera vez en democracia se aprobó una Ley de Vivienda. No obstante, expertos y colectivos sociales advierten que sin una estrategia integral, estas actuaciones puntuales difícilmente revertirán la crisis del alquiler.

No se garantiza que pasen al mercado

 La eliminación de 53.000 pisos turísticos ilegales es un movimiento relevante que puede aliviar parcialmente la presión del mercado, pero no garantiza que esas viviendas pasen al alquiler tradicional ni que los precios bajen de forma significativa. La clave estará en cómo se implemente la medida, en el control efectivo a las plataformas y en la voluntad de los propietarios. Mientras tanto, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los mayores desafíos sociales en España.