El debate sobre quién merece vivir en un piso público ha vuelto a Catalunya con una virulencia que debería ponernos en guardia. Junts per Catalunya acaba de registrar en el Parlament una proposición de ley que exige diez años de empadronamiento continuado para poder acceder a una vivienda de protección oficial en cualquier municipio catalán. No es un ajuste técnico ni una corrección administrativa menor. Es una declaración política sobre quién cuenta como vecino y quién no, con todo lo que eso implica en un contexto de emergencia habitacional que afecta por igual a nativos y recién llegados.

La formación de Carles Puigdemont lleva meses construyendo este relato a través del llamado Plan 8 millones, un documento que propone escalonar el acceso a los servicios públicos en función del «arraigo» y el «sentimiento de pertenencia» al territorio. El eufemismo es transparente: lo que se está diseñando es una jerarquía de derechos que castiga a quienes llevan menos tiempo en el padrón. Y en la cima de esa jerarquía, los derechos que Junts denomina «de alta intensidad», entre los que figura, sin ninguna sorpresa, el acceso a la vivienda protegida.

Los derechos de alta intensidad que Junts quiere limitar

La proposición de ley establece que solo quienes acrediten una década de residencia podrán optar a una vivienda pública en las zonas de alta demanda. El texto incluye excepciones para víctimas de violencia machista, familias con menores en situación de vulnerabilidad sobrevenida y personas con movilidad laboral forzosa dentro de Catalunya. Son los flecos humanitarios que permiten al partido decir que no es una medida discriminatoria. Pero el núcleo duro de la propuesta golpea de lleno a ciudades como Barcelona, L’Hospitalet, Badalona o Terrassa, donde viven decenas de miles de familias que llevan años pagando alquileres desorbitados, trabajando, cotizando y esperando una oportunidad que esta ley pondría sistemáticamente fuera de su alcance.

Lo que Junts llama «derechos de alta intensidad» son, en realidad, los derechos más necesarios: los que amparan a quienes menos recursos tienen. Definir su acceso en función del tiempo de empadronamiento no es una política de vivienda. Es una política de exclusión con formato de política de vivienda.

El apoyo de PP y VOX resultó insuficiente, pero Junts insiste

Esta no es la primera vez que Junts lo intenta. En marzo del año pasado presentó una moción en Sant Cugat del Vallès —su municipio más representativo, con casi 97.000 habitantes— para ampliar el periodo mínimo de empadronamiento de tres a diez años, y llevó la iniciativa al Parlament instando al Govern a incorporarla en el plan de construcción de 50.000 viviendas antes de 2030. Solo PP y VOX la apoyaron. El PSC, ERC, los Comunes y la CUP votaron en contra. Aliança Catalana se abstuvo.

Que la única compañía parlamentaria disponible fuera la de PP y VOX debería haber sido una señal suficientemente elocuente. No lo fue. Junts ha seguido desarrollando en Sant Cugat un sistema paralelo de control del padrón con inspecciones domiciliarias, controles aleatorios y el procesamiento de casi 4.000 bajas del pdrón en un solo año. La lógica es la misma: identificar, filtrar, excluir. Y ahora el partido quiere extender ese modelo al conjunto de Catalunya mediante una ley.

Las diferencias en los criterios con otras fuerzas políticas

La propuesta de Junts comparte terreno con el discurso del PP, que también defiende priorizar el acceso a ayudas en función del tiempo de vinculación con el territorio. La diferencia, al menos formal, es que el PP evita introducir distinciones explícitas por nacionalidad, mientras que Junts apela al «sentimiento de pertenencia» como criterio subjetivo, lo que en la práctica puede resultar aún más opaco y discrecional.

Frente a este bloque, el PSC no ha fijado posición oficial sobre la proposición recién registrada, aunque los socialistas no quieren ni oír hablar de los diez años. ERC, desde la Conselleria de Territori i Habitatge, ya ha calificado la medida de «jurídicamente dudosa y socialmente regresiva». Los Comunes y la CUP se oponen frontalmente. La distancia entre los partidos no es solo de grado: es de diagnóstico. Para unos, el problema de la vivienda es estructural y requiere más parque público y menos mercado. Para Junts, el problema es que hay demasiada gente accediendo a ese parque que, en su criterio, no debería poder hacerlo todavía.

Los diez años de empadronamiento como pieza básica

El decenio no es un número aleatorio. Diez años son los suficientes para convertir una restricción de acceso en una exclusión prácticamente permanente para cualquier persona que haya llegado a Catalunya en la última década y no cuente con recursos para competir en el mercado libre. Una familia que llegó en 2018, que trabaja, que paga impuestos y que no puede permitirse los precios actuales del alquiler, quedaría fuera del sistema de vivienda protegida hasta 2028. Y si llegó en 2022, hasta 2032. No es una medida de ordenación. Es una condena diferida.

Hasta ahora, los ayuntamientos podían fijar requisitos adicionales de empadronamiento, pero raramente superaban los dos o tres años. La normativa autonómica no establecía un mínimo tan prolongado. Lo que Junts propone es blindar ese umbral para toda Catalunya, homogeneizando hacia arriba la restricción y quitándole a los municipios la posibilidad de ser más inclusivos si así lo deciden.

El momento político catalán es crucial para Junts

La iniciativa no llega en el vacío. El Govern de Salvador Illa negocia con ERC los Presupuestos de 2026 y la vivienda es una de las líneas rojas de los republicanos. Junts, fuera del ejecutivo, utiliza su posición en el Parlament para condicionar el debate y demostrar que ningún cambio legislativo en materia de vivienda puede ignorarla. La estrategia no es tanto aprobar la ley como colocar el conflicto en la agenda pública y medir hasta dónde aguanta el PSC antes de ceder o de verse obligado a explicar por qué no cede.

El partido de Puigdemont capitaliza así el malestar local generado en municipios como Sant Cugat o Figueres, donde la narrativa de que «los recién llegados se llevan los pisos sociales» ha prendido con fuerza. Que esa narrativa sea en gran medida falsa —el parque de vivienda protegida en España es uno de los más escasos de Europa, y el problema es de oferta, no de reparto— importa menos que su eficacia electoral.

Un difícil encaje constitucional y choque con el Gobierno

La proposición fuerza los límites de la legislación estatal. La Ley de Vivienda de 2025 permite a las comunidades establecer criterios de empadronamiento y residencia habitual para el acceso a la vivienda protegida, pero siempre bajo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. Un requisito de diez años generalizado puede chocar frontalmente con ese marco y abrir un conflicto competencial con el Gobierno central si la ley llegara a aprobarse, cosa que hoy parece improbable sin el respaldo socialista.

El Consell de Garanties Estatutàries —si es consultado durante la tramitación— tendrá mucho que decir sobre la compatibilidad de la medida con el Estatut y con la Constitución. En 2024, cuando el Ayuntamiento de Barcelona endureció los criterios para la vivienda protegida priorizando el arraigo sin llegar a los diez años, ya la Síndica de Greuges alertó de discriminación indirecta. Una década obligatoria difícilmente pasará ese filtro sin turbulencias.

Lo que no debería perderse en el debate técnico y competencial es lo esencial: que esta propuesta forma parte de un patrón político más amplio, que comenzó con VOX en Extremadura y Aragón y que ahora Junts intenta trasladar a Catalunya con una envoltura identitaria diferente pero con la misma lógica de fondo. El Estado del bienestar no se defiende construyendo muros dentro de él.