La Comunitat Valenciana ha ejecutado uno de los procesos de control y depuración más significativos en el sector de las viviendas de uso turístico (VUT) en España. En el primer año de aplicación del decreto-ley 9/2024, la Generalitat ha eliminado del registro autonómico un total de 11.952 viviendas que no cumplían con los requisitos legales, como la ausencia de referencia catastral o NIF. Este procedimiento de depuración se enmarca en una estrategia más amplia para garantizar la legalidad, combatir el intrusismo y frenar el crecimiento descontrolado de la oferta turística no regulada, en un contexto en el que la falta de vivienda para uso residencial se ha convertido en un problema de primer orden en la región y en todo el país.
La Comunidad Valenciana cuenta actualmente con 94.259 VUT registradas
A pesar de la reducción provocada por las bajas, el número total de viviendas turísticas registradas sigue siendo muy elevado. La Comunitat Valenciana cuenta en la actualidad con 94.259 VUT inscritas oficialmente. Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, se han registrado 8.579 nuevas viviendas, casi el doble que en el periodo anterior. Solo entre enero y julio de 2025 se sumaron 4.688: 3.391 en Alicante, 1.506 en Valencia y 791 en Castellón. Estos datos reflejan una realidad compleja: mientras se depura el registro para expulsar a las viviendas irregulares, la oferta legal continúa creciendo, alimentada por la alta rentabilidad que ofrece el alquiler turístico frente al residencial, en un mercado inmobiliario tensionado por la escasez de viviendas para compra o alquiler de larga duración.
La depuración del registro prevé 7.000 nuevas bajas
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha anunciado que ya está en marcha una tercera fase de depuración que prevé la baja de más de 7.000 viviendas adicionales. El objetivo es que para finales de 2025 el registro esté “completamente actualizado y depurado”. Cano ha calificado este trabajo como una “profunda transformación en uno de los subsectores turísticos más relevantes y dinámicos de nuestra economía”, subrayando la necesidad de garantizar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la convivencia ciudadana.
La potestad sancionadora ya reside en los ayuntamientos
Uno de los cambios más relevantes introducidos por la normativa ha sido la delegación de la potestad sancionadora a los ayuntamientos, lo que permite actuar con mayor rapidez y eficacia contra las irregularidades. Gracias a un convenio marco con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), municipios como València, Benidorm, Faura, la Font d’en Carròs, Piles y Ayora ya aplican este modelo. Solo València ha recaudado más de 30.000 euros en sanciones en el primer trimestre de aplicación. Además, la Dirección General de Turismo ha desarrollado jornadas formativas y asesoramiento técnico para apoyar a los consistorios en esta labor.
Aumento del 33 % en las inspecciones contra el intrusismo y la economía sumergida
El Plan de Inspección Turística 2024 ha reforzado significativamente la vigilancia sobre las VUT, con un incremento del 33% en las inspecciones y más de 450 actuaciones dirigidas a combatir el intrusismo y la economía sumergida. Durante 2025 se han introducido inspecciones aleatorias para verificar el cumplimiento de requisitos como la declaración responsable, la referencia catastral individualizada o la compatibilidad urbanística. Cano ha subrayado que el objetivo es “aplicar escrupulosamente la ley y garantizar la oferta regulada”.
Un contexto de tensión inmobiliaria y falta de vivienda
Este endurecimiento de las normas se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario. La oferta de vivienda para compra y alquiler residencial es insuficiente en gran parte de la Comunitat Valenciana, especialmente en zonas turísticas y grandes ciudades. El crecimiento del alquiler turístico ha reducido el parque disponible para residencia habitual, encareciendo los precios y dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes, familias y personas con rentas medias o bajas. Organizaciones y expertos en vivienda advierten que, aunque la regulación y depuración del registro son pasos necesarios, no serán suficientes si no se acompaña de políticas activas para incrementar la oferta de vivienda asequible.
Impacto en el sector y perspectivas
Desde el sector turístico, algunos operadores consideran que la normativa aporta seguridad jurídica y mejora la calidad del producto, mientras que otros alertan de que las restricciones podrían limitar la competitividad frente a otros destinos. Por su parte, colectivos vecinales y defensores del derecho a la vivienda valoran positivamente la reducción de VUT ilegales, pero reclaman que se frene el ritmo de nuevas altas y se incentive la conversión de estos inmuebles a uso residencial. La previsión de la Generalitat es que la depuración del registro continúe hasta finales de 2025, momento en el que se espera disponer de un censo real de las VUT activas y legales en la Comunitat Valenciana. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre turismo y vivienda seguirá ocupando un lugar central en la agenda política y social.#ViviendaTurística #ComunitatValenciana #MercadoInmobiliario #AlquilerTurístico #RegulaciónVUT #Euríbor #FaltaDeVivienda #Consumo #TurismoSostenible #Intrusismo