Como era de dominio público desde hace más de una semana, el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo para impedir que las enmiendas planteadas por los grupos progresistas de la cámara, ERC, Bildu y Unidas Podemos puedan ser discutidas en el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado. Estas enmiendas pretendían introducir en la discusión la regulación de los precios de los alquileres y la prohibición total de los desahucios sin alternativa habitacional. En el fondo de la cuestión subyace el bloqueo de la traída y llevada desde hace más de tres años Ley de Vivienda, atascada en la comisión de Transportes y sin perspectivas, a pesar de las palabras de la ministra Raquel Sánchez, de iniciar sus trámites parlamentarios en los próximos meses.
Algo más en detalle las enmiendas ahora rechazadas pretendían introducir en el debate la regulación total de los precios de los alquileres de todas las viviendas y no sólo de los grandes tenedores en las zonas tensionadas, además de prohibir de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, además de una serie de obligaciones sociales a los grandes tenedores de viviendas.
El PSOE, que está demostrando pánico a los problemas que puede producir la Ley de Vivienda, tanto en un sentido como en el otro, se ha escudado para este rechazo en el dictamen de los letrados de la Cámara Baja, que han desaconsejado incluir en el orden del día unas enmiendas ajenas a la materia presupuestaria.
La situación, han avisado los grupos que habían planteado las enmiendas, no acaba aquí y a la espera de la Ley de Vivienda intentarán ganar terreno en los Presupuestos que, no lo olvidemos, dependen de su voto favorable para ser aprobados. La improbable puesta en marcha de la norma, prometida por la ministra Sánchez para antes de fin de año, está en la mente de todos.
El problema para el principal partido del Gobierno es que conforme avanzamos en la legislatura, con la inflación, el auge de los precios de los alquileres y los casi 1,5 millones de hogares afectados por las hipotecas variables, las costuras previstas de la Ley de Vivienda están saltado por los aires, no habiendo Reales Decretos que la aguanten. Y a pesar de ello la situación de los precios del alquiler es mejor que la del 2008, pudiéndolo ver en los datos de la AEAT. El pasado 2020 la media de lo declarado por rentas inmobiliarias fue de 7.950 euros, lo que contrasta con la media del 2008 que fue de 9.173 euros.
Son varias las cuestiones que tienen sin dormir al PSOE con el problema de la vivienda, aunque la principal es que el sector del alquiler agrupa a unos pocos miles de grandes propietarios – personas físicas y jurídicas- y una gran masa de 1,9 millones de personas que disponen de una o dos viviendas en alquiler. Y estos pequeños tenedores, que son los que tienen peso en las urnas y proporcionan vivienda a la mayoría de los 3,2 millones de familias que viven de alquiler, son el verdadero quebradero de cabeza del PSOE, porque sabe que, sin afectarles en el bolsillo, las medidas que se puedan tomar van a ser ineficaces y si se les tocan los ingresos puede haber muchos gritos y desafecciones.
El problema viene de lejos, en concreto desde la década de los 50 del pasado siglo y tiene muy mala o casi imposible solución, sobre todo porque para las viviendas de esos casi dos millones de propietarios no hay alternativa. Estamos en una burbuja del precio de los alquileres y la situación va a ir a más en los próximos meses.
El objetivo político de crear un país de propietarios hizo que se invirtieran grandes cantidades de dinero en vivienda, tanto como en los países de nuestro entorno. Pero de forma diferente ya que frente a los elevados porcentajes de vivienda social que hay en el resto de países europeos, con muchos menos propietarios que en España, aquí hicimos al revés, poca vivienda social y grandes ayudas para comprarla. De esta forma, el 70% de la acumulación de riqueza en nuestro país está vinculada al sector inmobiliario y si hemos conseguido esta cifra es porque hemos realizado una inversión superior al billón de euros entre VPO, ayudas a la compra y ventajas fiscales de todo tipo. El fenómeno llega a todas las clases sociales, altas, medias y bajas. Unos, con más de 10 viviendas pueden vivir de las rentas y otros, con una o dos en el mercado, complementan sus exiguos sueldos o pensiones. En todo caso demasiados para pisarles ni siquiera un callo; una realidad que tiene secuestrada el sistema democrático español desde siempre.
Es cierto que también existen los fondos buitre, de los que Blackstone o Cerberus son las bestias negras de las distintas plataformas vecinales, muy concienciadas por los comportamientos mafiosos con que tratan a los inquilinos. Pero aparte de intentar influir en la legislación a través de ASVAL, su patronal, el control de los poco más de 115.000 pisos de que disponen no cambiaría gran cosa la preocupante deriva que está tomando el mercado del alquiler. Y el PSOE lo sabe y también sus socios de Gobierno, que quieren que también se actúe de una u otra manera sobre estos pequeños propietarios.
El problema no es el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas del alquiler, sino el artículo 23 de la Ley del IRPF que es el gran saqueador de las arcas públicas y la gran injusticia entre los que viven de su trabajo y los que duermen de sus rentas inmobiliarias. Esta injusticia consigue que el trabajador arrendatario pague un IRPF sobre las rentas de su trabajo seis veces mayor que su arrendador sobre las rentas del alquiler. Claramente se percibe que el modelo rentista tiene cargas fiscales casi inexistentes.
En concreto, contabilizando la elusión fiscal, vemos que este “tratamiento benéfico” a los sectores rentistas tiene un coste anual para el estado de unos 15.000 millones de euros procedentes de las deducciones de gastos de las viviendas arrendadas, que superó en 2020 los 8.568 millones de euros, a los que hay que añadir los 5.144 millones de desgravación por el artículo 23.2 a los casi dos millones de caseros que presentan la declaración de IRPF. Los beneficios en el Impuesto de Sociedades, que a pesar de ser el chocolate del loro son lo más visible, complementan la cifra.
Por supuesto que no es toda la cantidad que figura en él debe fiscal, ya que es preciso añadir el fraude existente en el IRPF entre los pequeños poseedores de vivienda y que según las declaraciones del Sindicato de Técnicos de Hacienda llega casi al 40%. Sus cifras están muy claras, si en 2020 y según los datos del INE había en nuestro país 3.244.600 hogares de alquiler y sólo hay declaraciones de unos 2 millones, nos faltan, a “grosso modo” 1.2 millones de viviendas en alquiler que están opacas a Hacienda.
Todas estas desgravaciones fiscales y descuentos se producen sin ninguna contrapartida social por parte de los propietarios. Y este concepto de la contrapartida ya está encima de la mesa, en concreto recogida por la Autoridad Independiente Fiscal española, la AIReF, que contempla un posible incremento de la vivienda social sin nuevas cargas para el Estado, redistribuyendo las cargas fiscales.
La derogación del mencionado artículo 23 de la Ley del IRPF y de las desgravaciones del Impuesto de Sociedades para todas esas entidades que tienen como objeto el arriendo de viviendas, podría estudiarse en el ámbito de una nueva ley de alquiler social, obligatoria para los propietarios que quieran beneficiarse de ventajas fiscales. Para el resto, un mercado libre con cargas fiscales similares a las del trabajo.
Y nada mejor para que la Ley de Vivienda sea una realidad temprana en el 2023, que los alquileres se congelen, como ha hecho Escocia.
El problema para el PSOE y para cualquier partido que gobierne en medio de una inflación en la que los precios del alquiler carecen de control frente a las rentas del trabajo, que no van a subir en su proporción, es que la situación no tiene muchas más perspectivas de solución que las medidas drásticas. El mercado de la vivienda ya estaba complicado cuando hace tres años se comenzó a pergeñar la futura Ley. Hoy, con vueltas y revueltas en sus contenidos y en medio de una situación económica incierta, lo está mucho más y cambios como estos propuestos son utópicos porque afectan a la economía doméstica de millones de votantes. No existe ningún partido político que quiera gobernar, que los pueda llevar a cabo. Sería necesario un pacto de Estado y van muy caros desde la rotura del bipartidismo.
Así las cosas y entendiendo que los parches que suponen el control en zonas tensionadas o las prohibiciones de desahucios a los grandes tenedores para los inquilinos vulnerables tienen poco recorrido, la Ley de Vivienda nacerá, pero con profundas carencias. Es muy difícil intentar solucionar un problema que tiene casi 70 años de edad en un contexto de debilidad política y sin contar con la firma de todos los partidos o al menos de la inmensa mayoría; lo que parece muy improbable cuando una parte de ellos se decantan por todo lo contrario, es decir, eliminar impuestos a las rentas y al patrimonio. Los cambios deberán ser graduales, a lo largo de varias legislaturas y con aviso previo a navegantes. Lo dicho, una utopía en la que es mejor no desangrarse.
Eduardo Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET
