El Gobierno ha optado por una estrategia política de mínimos para salvar uno de los decretos más sensibles de la legislatura: el que combina la revalorización de las pensiones con la prórroga del llamado escudo social, en el que se incluye la moratoria antidesahucios. Tras el rechazo parlamentario de la semana pasada, Moncloa ha decidido trocear el decreto y, al mismo tiempo, introducir cambios sustanciales en la protección frente a los desalojos. El más relevante: la nueva moratoria antidesahucios no afectará a los pequeños propietarios, es decir, a quienes tengan una o dos viviendas, tras un acuerdo alcanzado in extremis con el PNV.

La medida supone un giro relevante en la política de vivienda del Ejecutivo y reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección de los inquilinos vulnerables y la situación económica de los propietarios particulares. Desde el Gobierno se insiste en que se mantiene el escudo social, pero con una delimitación más estricta: la suspensión de los desahucios solo se aplicará a propietarios de tres o más viviendas, siempre que exista contrato previo y que el arrendador no sea también vulnerable.

Un acuerdo con el PNV para defender a propietarios de menos de tres viviendas

El pacto con el PNV ha sido clave para desbloquear la tramitación del decreto. Los jeltzales venían denunciando desde hace meses que los pequeños propietarios estaban asumiendo una carga que no les correspondía, al verse obligados de facto a ofrecer una alternativa habitacional a inquilinos vulnerables, con meses —o años— de impagos. La nueva redacción del decreto introduce un baremo diferenciado que excluye de esta obligación a quienes solo disponen de una o dos viviendas, una de ellas habitualmente su residencia.

El argumento del PNV, aceptado por el Ejecutivo, es que no se puede equiparar a estos propietarios con grandes tenedores o fondos de inversión, y que mantener esta equiparación estaba generando nuevos casos de vulnerabilidad entre personas que dependen del alquiler como complemento de renta. En la práctica, el Gobierno traslada ahora la responsabilidad de buscar una alternativa habitacional a los servicios sociales autonómicos, una tarea que, como reconocen las propias administraciones, rara vez puede resolverse con rapidez por la escasez estructural de vivienda pública.

De los 60.000 desahucios pendientes podrían ejecutarse 50.000

El impacto real del cambio es significativo. Según datos ofrecidos por la ministra portavoz, Elma Saiz, en la actualidad hay unos 60.000 desahucios paralizados en toda España. Con la nueva normativa, alrededor de 50.000 podrían reanudarse, ya que afectan a viviendas propiedad de particulares con una o dos unidades en alquiler. Serán las comunidades autónomas, a través de sus servicios sociales, las que deban ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables, una obligación que choca frontalmente con la falta crónica de recursos y de parque público disponible.

La suspensión de los desahucios se introdujo en marzo de 2020 como una medida excepcional vinculada a la pandemia. Casi seis años después, su prórroga continuada ha evidenciado las limitaciones de una política basada en medidas de emergencia prolongadas en el tiempo, sin un refuerzo paralelo de la oferta pública de vivienda. Cataluña, de hecho, ha sido la comunidad que más fondos ha destinado a compensar a propietarios afectados por desahucios suspendidos, lo que pone de relieve el elevado coste presupuestario de este modelo.

EH Bildu y Podemos han criticado el acuerdo que permitirá nuevos desahucios

El acuerdo con el PNV ha generado una fuerte contestación en el flanco izquierdo del bloque de investidura. EH Bildu y Podemos consideran que la nueva redacción del decreto debilita el núcleo del escudo social y abre la puerta a desahucios sin alternativa habitacional, incluso en casos de vulnerabilidad acreditada. Desde la formación soberanista se insiste en que la responsabilidad de ofrecer alojamiento recae en las instituciones y no en los propietarios, pero advierten de que el cambio reduce de forma drástica la protección efectiva de los inquilinos.

Podemos ha ido más allá y ha denunciado que el acuerdo prioriza los intereses de los propietarios frente al derecho a la vivienda, en un contexto en el que el acceso al alquiler es cada vez más restrictivo. Sumar, por su parte, asume el pacto con reservas, consciente de la compleja aritmética parlamentaria y de la necesidad de salvar al menos una parte del decreto.

Este debate se produce, además, en paralelo a la activación del régimen sancionador en Cataluña, donde el Govern ha impuesto recientemente las primeras 13 sanciones por incumplimientos de la ley de vivienda. Un movimiento que, aunque simbólico, pone de manifiesto la distancia entre la ambición normativa y la capacidad real de las administraciones para intervenir en un mercado tensionado.

En el fondo, la discusión vuelve a señalar el mismo problema estructural: la insuficiencia de vivienda pública y social. Sin una apuesta decidida por la obra pública y la ampliación del parque asequible, las moratorias, los escudos sociales y las sanciones actúan como parches temporales que desplazan el conflicto, pero no lo resuelven. La nueva normativa antidesahucios protege a los pequeños propietarios, pero lo hace a costa de reducir el alcance de la protección a los inquilinos vulnerables, evidenciando, una vez más, las carencias de un sistema incapaz de garantizar el derecho a la vivienda desde la raíz.