La ministra de Sanidad ha señalado que es «bastante frívolo» echarle la culpa a los trabajadores por el incremento de los procesos de incapacidad temporal. Y tiene razón. Pero lo que me sorprende —y reconozco que no debería ya sorprenderme— es la reacción de una parte de la opinión pública ante unas declaraciones que, en el fondo, no dicen nada que no sepa cualquiera que haya tenido que buscar piso en los últimos años. Mónica García simplemente ha puesto en voz alta algo que millones de personas viven en silencio: que vivir con la angustia permanente de no saber si el mes que viene seguirás teniendo techo hace daño. Hace mucho daño.
Resulta frívolo responsabilizar a los empleados del incremento de las bajas
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó los datos de Incapacidad Temporal de 2025. Las cifras muestran un récord en el número de bajas. Y en lugar de preguntarse por qué una sociedad entera está enfermando más, el debate público derivó, como suele ocurrir, hacia los sospechosos habituales: los trabajadores que «se cogen la baja». Como si alguien, en su sano juicio, eligiera estar enfermo.
García lo dijo con claridad durante la presentación de la campaña Pide la prórroga. Defiéndela, centrada precisamente en los contratos de alquiler: las bajas médicas son un acto médico. Detrás de cada proceso de incapacidad temporal hay un profesional sanitario que ha determinado que ese paciente no puede trabajar sin comprometer su salud. Reducir ese hecho a una cuestión de vagancia o de abuso del sistema no solo es injusto; es, como ella misma apuntó, una frivolidad.
El problema de la vivienda es un factor que puede hacer enfermar a la ciudadanía
Y sin embargo, esa frivolidad tiene consecuencias. Porque cuando el debate se centra en los trabajadores en lugar de en las causas, se pierde la oportunidad de actuar sobre lo que realmente está pasando. García mencionó explícitamente el problema de la vivienda como uno de los factores que «ahora mismo hacen enfermar» a la ciudadanía. Añadió que el 38% de los españoles vive este asunto con angustia. No es un dato menor.
Piénsalo un momento. Casi cuatro de cada diez ciudadanos arrastra una preocupación constante relacionada con dónde vive o si podrá seguir viviendo ahí. Eso no es un titular de campaña electoral; es un determinante de salud. Los médicos llevan décadas explicando que las condiciones de vida —el trabajo, el barrio, la estabilidad económica, el acceso a una vivienda digna— condicionan tanto la salud como cualquier factor biológico. Se llaman determinantes sociales de la salud, y la ministra fue explícita al respecto: hay que incidir en ellos, «empezando por la vivienda».
La inseguridad en el desarrollo de la vida familiar es un factor de angustia y de depresión
Lo que García describió como posible origen de «depresión» tiene un nombre más preciso en la literatura médica: estrés crónico asociado a la inseguridad habitacional. No es un concepto ideológico; es una realidad clínica bien documentada. Vivir sin saber si al mes siguiente podrás pagar el alquiler, si te renovarán el contrato, si tendrás que buscar un piso a veinte kilómetros de donde están el colegio de tus hijos y tu trabajo, activa de forma sostenida el sistema de respuesta al estrés. Y cuando ese sistema se activa durante meses o años, el cuerpo y la mente acaban pagando la factura.
La ministra señaló que en los últimos años se ha registrado un aumento notable de las bajas por síndromes ansioso-depresivos. No es una coincidencia que ese ascenso coincida con el período en que los alquileres en las principales ciudades españolas han crecido muy por encima de los salarios. No se trata de establecer una causalidad directa y lineal; se trata de reconocer que la precariedad habitacional forma parte de un entorno que estresa, que agota y que, al final, enferma.
Dar tranquilidad a 2,7 millones de personas afectadas por el incremento de los alquileres
García concluyó sus declaraciones hablando del Real Decreto de Vivienda y de su objetivo: dar tranquilidad a 2,7 millones de personas que hoy viven con incertidumbre sobre su futuro habitacional. Ese es el marco en el que hay que leer todo lo anterior. No se trata de excusar bajas injustificadas ni de negar que el sistema sanitario tiene sus propios retos de gestión. Se trata de reconocer que una parte importante del problema está fuera de las consultas médicas, en las condiciones en las que vive la gente.
Es fundamental proteger la salud en los lugares de trabajo y en los barrios, empezando por la vivienda
«Tendremos que defender la salud en el trabajo, tendremos que defender la salud en los barrios y en las ciudades», dijo la ministra. Es una frase que debería ser un lugar común, no una declaración polémica. La salud no empieza ni termina en el hospital. Empieza en el tipo de contrato que tienes, en el barrio en el que puedes permitirte vivir, en si tu casero puede echarte cuando le venga en gana o si existe un marco legal que te proteja.
Quienes reaccionaron con indignación ante las palabras de Mónica García —como si relacionar la precariedad habitacional con el deterioro de la salud fuera una ocurrencia ideológica— probablemente no han tenido que renovar un contrato de alquiler en los últimos cinco años. O si lo han hecho, han podido hacerlo desde una posición de comodidad que hace difícil entender lo que supone no tenerla. No es un juicio moral; es simplemente que ciertas realidades son invisibles cuando no las vives.
El debate sobre las bajas laborales merece más seriedad que la que se le está dando. Y esa seriedad empieza por preguntarse, de verdad, por qué enferma la gente.
