El Gobierno gallego, con Alfonso Rueda al frente, ha decidido que Santiago de Compostela no sufre tensión habitacional suficiente como para ser declarada zona tensionada. Que los precios del alquiler estén en máximos históricos, que las familias no lleguen a fin de mes o que el acceso a la vivienda se haya convertido en una carrera de obstáculos, parece no ser razón suficiente para la Xunta. Según el Ejecutivo autonómico, lo que hay detrás de la petición del Concello no es un problema real, sino documentación mal presentada, datos poco “oficiales” y, cómo no, una clara falta de voluntad política… municipal, por supuesto 😏.

Los motivos de la Xunta

La respuesta oficial suena impecable desde el punto de vista administrativo. El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) ha afirmado que el Concello de Santiago no ha dado respuesta válida al requerimiento enviado previamente, y que el plan de medidas correctoras presentado “carecía de incidencia real, de una mínima concreción o ya estaba en ejecución”. Tampoco les ha gustado que se utilizasen datos procedentes de Idealista en lugar de fuentes “oficiales”, aunque lo cierto es que muchos observatorios públicos se nutren precisamente de portales inmobiliarios como referencia del mercado.

Pero más allá del tecnicismo, lo que subyace en el rechazo es una verdad política tan evidente como poco elegante: la Xunta, gobernada por el PP, no tiene ninguna intención de declarar zonas tensionadas, ni en Santiago ni en ningún otro lugar. ¿El motivo? Muy sencillo: la Ley de Vivienda es del Gobierno central, y la derecha no va a aplicar medidas del “sanchismo”, aunque los ciudadanos estén asfixiados por el coste del alquiler.

La alcaldesa de Santiago tacha la decisión como clara intención política

La regidora compostelana, Goretti Sanmartín, ha sido clara y contundente: “Es una decisión política”. La resolución de la Xunta llegó antes a los medios que al propio Concello, un detalle que, más allá del desprecio institucional, revela la auténtica naturaleza del rechazo.

Sanmartín ha señalado que “es evidente que al Partido Popular no le interesa que se contengan los precios del alquiler en Santiago” y ha reafirmado su compromiso de volver a presentar la solicitud. El gobierno local —en manos del BNG— no se resigna a dejar que el mercado siga campando a sus anchas, sin ningún tipo de intervención, mientras los jóvenes abandonan la ciudad por falta de acceso a una vivienda digna.

El precio del alquiler en Santiago

Y ahora, vayamos a los datos. Según Idealista, en junio el precio medio del alquiler en Santiago se situó en 10 €/m², un 11,9% más que hace un año. ¿Exageración? Ninguna. Son cifras que marcan un nuevo récord histórico. En total, hay apenas 416 viviendas en alquiler anunciadas en el portal, una oferta claramente insuficiente para la demanda existente, y que genera el clásico escenario de precios disparados.

La situación no mejora cuando analizamos la tasa de esfuerzo: en la provincia de A Coruña, a la que pertenece Santiago, las familias tienen que destinar el 22% de sus ingresos al pago del alquiler. Aunque este dato está ligeramente por debajo de la media nacional, sigue siendo inasumible para muchos hogares, especialmente los más vulnerables o con ingresos medios-bajos.

Pero no, para la Xunta esto no es “tensión”. Al parecer, solo se considerará zona tensionada el día en que haya colas para alquilar una habitación compartida por 900 euros.

El Ayuntamiento de Santiago anuncia que insistirá

La decisión de la Xunta ha provocado un nuevo episodio del ya habitual conflicto entre gobiernos autonómicos conservadores y consistorios progresistas. En este caso, el BNG trata de aplicar una política pública reconocida por el propio marco legislativo estatal, mientras que el PP la bloquea desde la Xunta con argumentos técnicos que apenas disimulan una voluntad política de sabotaje 😒.

El Concello de Santiago no se da por vencido. Anuncia que volverá a presentar toda la documentación, corregida y aumentada si es preciso, para cumplir el ritual burocrático que exige el IGVS. Mientras tanto, las rentas siguen subiendo, los jóvenes emigrando y los grandes tenedores frotándose las manos.

¿Una estrategia compartida por otras comunidades del PP?

No es un caso aislado. Desde que entró en vigor la Ley de Vivienda, las comunidades gobernadas por el Partido Popular han rechazado en bloque la posibilidad de declarar zonas tensionadas. Ni Madrid, ni Andalucía, ni Castilla y León, ni Galicia. Para ellos, el mercado es sagrado y cualquier regulación es poco menos que una herejía liberal.

Eso sí, cuando se trata de subvenciones, ayudas al alquiler o deducciones fiscales, entonces sí hay margen de maniobra. El problema no es la vivienda, es quién legisla sobre ella. Y si lo hace el Gobierno central, la orden es clara: resistencia pasiva, trabas técnicas y bloqueo institucional.

Política por encima de la vivienda

Lo que ha hecho la Xunta con Santiago es un ejemplo de cómo la ideología se impone a la realidad. Porque da igual cuántas familias tengan que marcharse del centro por no poder pagar el alquiler. Da igual cuántos jóvenes pospongan su emancipación o cuántos salarios enteros se vayan en una mensualidad. Mientras el PP siga en el poder en Galicia, no se reconocerá oficialmente que existe un problema. Porque reconocerlo implicaría activar mecanismos que no controlan, y que no desean aplicar.

Desde Aquimicasa lo tenemos claro: la vivienda no puede seguir siendo rehén de los enfrentamientos partidistas. Las herramientas legales existen, la urgencia social también. Lo que falta, como siempre, es voluntad.

📌 Seguiremos informando. Porque si algo tenemos claro, es que la vivienda es un derecho, no un terreno de juego político.

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