El Gobierno anunció la semana pasada que aprobaría durante julio un nuevo decreto ley de vivienda, pero antes de llegar siquiera al Consejo de Ministros el texto ya ha empezado a generar fricciones serias entre los socios que el Ejecutivo necesita para sacarlo adelante en el Congreso. La convalidación parlamentaria, obligatoria en un plazo máximo de 30 días hábiles tras su aprobación, se presenta cuesta arriba porque las exigencias de Junts por un lado y de Podemos por otro apuntan en direcciones opuestas, y la Moncloa no puede permitirse perder el voto de ninguno de los dos si quiere que el decreto sobreviva a su paso por la Cámara.

Podemos no votará a favor de exenciones fiscales a los caseros

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dejó claro que su formación no apoyará ningún paquete de medidas que incluya nuevas exenciones fiscales para propietarios que alquilen vivienda. Belarra fue tajante al afirmar que «nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros», y remarcó que esa línea roja aplica «ni por activa, ni por pasiva», descartando así tanto un voto favorable como una abstención que facilitara la aprobación. Desde la formación morada se plantea incluso que, si el Gobierno quiere sacar adelante estos incentivos fiscales, debería tramitarlos en un decreto separado del de vivienda. El problema para el Ejecutivo es estructural: necesita el apoyo de Junts o de Podemos, y la abstención del otro, para que el texto no naufrague, y estas semanas ambos frentes se han ido cerrando en lugar de abrirse.

Sumar tragará el sapo por conseguir la prórroga en los alquileres

A diferencia de Podemos, Sumar ha optado por transigir con las peticiones fiscales de Junts con tal de asegurar la prórroga de los alquileres y la nueva regulación de los arrendamientos de temporada. La portavoz adjunta del grupo parlamentario, Aina Vidal, cargó contra la posición de Podemos al señalar que «un decreto no es un programa electoral», y defendió que no sería comprensible que un partido de izquierdas bloquee, por maximalismo, una norma que permitiría a más de tres millones de inquilinos prorrogar sus contratos. Vidal se mostró confiada en que, llegado el momento, «Podemos hará lo que tiene que hacer», aunque la formación morada no ha dado, de momento, ninguna señal en esa dirección.

Las medidas que se proponen para contentar a Junts

El paquete que negocia el Ejecutivo con los independentistas catalanes va mucho más allá de la prórroga de alquileres. Incluye una regulación más restrictiva de los arrendamientos de temporada y por habitaciones, un incremento del IVA a los pisos turísticos, y los ya polémicos incentivos fiscales tanto para propietarios como para inquilinos. Fuentes de Sumar confían en que, en la recta final de la legislatura y con un posible adelanto electoral en el horizonte, Junts no pueda permitirse volver a tumbar un decreto de vivienda como hizo hace dos meses junto a PP y Vox. Desde el ala de Sumar se ha llegado a acusar a los de Carles Puigdemont de representar los intereses de la patronal inmobiliaria, en un tono de presión pública que contrasta con el perfil bajo que mantiene el PSOE para no soliviantar a un Junts que ya ni siquiera reconoce negociar con el Gobierno.

La prórroga de los alquileres vuelve

El decreto recupera la prórroga por dos años de los alquileres que venzan en 2026 y 2027, la misma medida estrella que PP, Vox y Junts tumbaron hace apenas dos meses. Su reintroducción en un nuevo texto legislativo resulta llamativa porque desmiente, de facto, la tesis que defendieron entonces algunos de sus impulsores, según la cual la prórroga solicitada por los inquilinos conservaría plena vigencia jurídica aunque el decreto original fuera derogado. Esa contradicción ha abierto ya un debate entre juristas sobre los efectos reales de la derogación de decretos leyes en materia de vivienda.

La suspensión de los desahucios también irá en el paquete

Podemos ha condicionado su apoyo al decreto a que este recupere la suspensión de los desahucios a personas vulnerables, moratoria que decayó en febrero y cuya ausencia ha reactivado, según cifras del propio partido, 60.000 procesos de desahucio. El portavoz Pablo Fernández ha sido explícito: si el decreto incluye la moratoria pero también beneficios fiscales para los caseros, Podemos tampoco lo apoyará. Para Fernández, el PSOE está negociando «primero con la derecha», y avisa de que un gobierno que se dice progresista no puede aprobar un decreto de vivienda con votos de la derecha si antes no atiende la emergencia habitacional de las familias más vulnerables.

Calendario del decreto ley

El Ejecutivo mantiene el compromiso de aprobar el decreto en el Consejo de Ministros durante julio. A partir de ahí, el texto dispondrá de un máximo de 30 días hábiles para someterse a votación en el Pleno del Congreso, donde se decidirá su convalidación o derogación. Con la aritmética parlamentaria actual, cualquier desencuentro de última hora con Junts o con Podemos podría repetir el escenario de hace dos meses y dejar, una vez más, la política de vivienda del Gobierno en punto muerto.