El Govern de las Islas Baleares ha aprobado una reducción del 60% en las sanciones por alquiler turístico ilegal para los propietarios que cedan su vivienda al programa público Lloguer Segur. La condición: poner el inmueble a disposición del Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) durante un mínimo de siete años para que se alquile a precios asequibles. Una medida que, dicho así, suena generosa. Pero los detalles, como casi siempre en estas cosas, cuentan otra historia.

El PP balear, que durante años defendió la libertad de mercado y miró hacia otro lado mientras el alquiler turístico se comía la vivienda residencial de las islas, ahora gobierna y los problemas le llegan de frente. Y resulta que cuando eres tú quien tiene que cuadrar la oferta de vivienda para los residentes, la retórica liberal se vuelve bastante más difícil de sostener. Bienvenidos a la realidad, señores.

Las condiciones para acogerse a la rebaja del 60%

Para beneficiarse de la reducción en la sanción, el propietario expedientado por alquiler turístico ilegal debe cumplir dos requisitos: reconocer su responsabilidad durante la tramitación del expediente sancionador y ceder la vivienda a un programa público orientado a movilizar vivienda vacía, como es el caso del Lloguer Segur. Sin reconocimiento, sin descuento. Sin cesión, tampoco.

A cambio, el titular podrá recibir durante esos siete años una renta limitada, pero con una condición importante: no tendrá acceso a la bonificación del 30% que el Ejecutivo balear cubre habitualmente en este programa. En la práctica, mientras que en el Lloguer Segur estándar el propietario puede cobrar hasta 1.500 euros mensuales —siendo el inquilino quien abona 1.050 y el Govern quien cubre la diferencia—, en el caso de los pisos expedientados por alquiler turístico ilegal el propietario solo recibirá esos 1.050 euros. Sin el complemento público. Sin la bonificación. Con la multa rebajada, sí, pero cobrando por debajo del mercado durante siete años.

Para quien venía obteniendo rentabilidades de alquiler vacacional en temporada alta en Baleares, el incentivo es, cuanto menos, relativo.

Los beneficios que obtendrán los propietarios

Conviene comparar esta nueva opción con lo que ya existía. La ley turística balear contemplaba una reducción de hasta el 80% de las multas por comercialización ilegal, pero a cambio la vivienda debía cederse durante cinco años a un programa de alquiler limitado o social sin percibir ninguna renta. Cero euros durante cinco años, a cambio de una rebaja mayor en la sanción.

La nueva vía reduce el descuento al 60%, pero al menos permite al propietario ingresar hasta 1.050 euros mensuales durante siete años. Es decir: menos rebaja en la multa, más tiempo de cesión, pero con ingresos. Según cómo de cuantiosa sea la sanción y cuánto tiempo llevaban exprimiendo el inmueble en el mercado ilegal, algunos propietarios podrían encontrar esta fórmula más o menos interesante. Otros, probablemente, seguirán haciendo sus cálculos y mirando para otro lado.

El poco éxito del programa Lloguer Segur

Y es que la ampliación de supuestos no es gratuita ni casual: el Lloguer Segur está funcionando bastante peor de lo anunciado. Cuando el Govern de Marga Prohens presentó el programa, habló de incorporar alrededor de 2.000 viviendas. La realidad, a mediados de mayo, era de 82 inmuebles. Ochenta y dos. El 4% del objetivo inicial.

Para intentar remontar esa cifra tan poco lucida, el Ejecutivo balear ha ido aprobando sucesivas ampliaciones: viviendas que no cumplen las condiciones de habitabilidad, siempre que el propietario acometa las reformas necesarias con un anticipo público de hasta 50.000 euros descontable posteriormente del alquiler; inmuebles en situación de ocupación ilegal o con desahucio por impago, eximiéndoles del requisito de haber estado vacíos al menos seis meses; y propiedades en manos de grandes tenedores. Y ahora, también, los pisos expedientados por alquiler turístico ilegal. Cada nueva vuelta de tuerca evidencia que el programa no despega solo.

La masificación de los alquileres ilegales en las islas

Las Islas Baleares llevan años sufriendo una de las mayores presiones turísticas del Estado. El alquiler vacacional, tanto legal como ilegal, ha ido desplazando de forma sistemática la vivienda residencial hacia usos más rentables a corto plazo. Las plataformas digitales han actuado como acelerador de un proceso que los sucesivos gobiernos autonómicos abordaron con escasa contundencia mientras las cifras de turistas batían récords y la economía local celebraba los resultados.

El problema es que los trabajadores del sector servicios, los jóvenes que quieren emanciparse, las familias que buscan alquilar a precios razonables, no pueden competir con lo que paga un turista en temporada alta. Y el mercado, abandonado a su suerte, les ha ido empujando hacia fuera. Ahora el Govern intenta revertir eso con programas de cesión voluntaria y reducciones de sanción. La resistencia de los propietarios, sin embargo, habla por sí sola: 82 viviendas incorporadas frente a 2.000 previstas lo dice todo.

El precio y la falta de oferta del alquiler tradicional

El contexto en el que se mueve esta medida es el de un mercado de alquiler residencial en Baleares que combina precios desorbitados con una oferta muy escasa. Las islas registran algunos de los alquileres más caros del Estado, con rentas medias que en Palma superan ampliamente los 1.200 euros mensuales por un piso estándar, y con una bolsa de vivienda disponible para residentes que mengua año tras año frente al avance del uso turístico.

En ese escenario, el programa Lloguer Segur ofrece alquileres a precios por debajo del mercado, pero necesita propietarios dispuestos a ceder sus inmuebles. Y ahí está el nudo del problema: mientras el alquiler turístico, legal o ilegal, siga siendo más rentable que el residencial, la ecuación no cambia. Todo por la pasta, como siempre. El Govern puede ampliar supuestos, reducir multas y anunciar programas, pero si los números no cuadran para el propietario, el trasvase será tan simbólico como esos 82 inmuebles incorporados.

La medida ya está en vigor tras su publicación en el BOIB, integrada en la ley ómnibus aprobada recientemente. Lo que queda por ver es si esta vez los propietarios de alquileres turísticos ilegales encuentran el incentivo suficiente para pasarse al lado residencial, o si seguirán resistiendo, como llevan haciendo, mientras el problema de acceso a la vivienda en las islas se enquista un poco más.