El Govern de la Generalitat ha confirmado la imposición de tres multas de 30.000 euros cada una a otros tantos grandes tenedores por incumplir la Ley de Vivienda, en una ofensiva sancionadora que empieza a mostrar dientes tras meses de anuncios y promesas. Fuentes de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica han confirmado que, además de estas tres sanciones ya notificadas, existen otras tres con el expediente cerrado pero pendientes de notificación, y nada menos que 654 expedientes en tramitación. La cifra, por sí sola, ya dice mucho sobre la magnitud de un problema que la propia Generalitat reconoce que dista de ser anecdótico.
Cataluña se convierte así en la primera comunidad autónoma en activar de forma efectiva el aparato sancionador de la normativa estatal de vivienda, un terreno en el que otras administraciones llevan tiempo prometiendo mano dura sin que, hasta ahora, se tradujera en sanciones reales. El régimen sancionador que sustenta estas multas fue aprobado por el Govern en 2025 mediante un decreto ley pactado con los comunes y convalidado en el Parlament con los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP, mientras Junts, PP, Vox y Aliança Catalana votaron en contra.
Muchos más procedimientos abiertos
Lo que empezó en febrero como un primer paquete de 13 expedientes se ha multiplicado a un ritmo que debería preocupar a cualquiera que siga de cerca el mercado del alquiler. En marzo, a raíz del desahucio de un bloque en la calle Sant Agustí, la Generalitat ya hablaba de 423 diligencias previas abiertas y 22 expedientes en fase de sanción. A finales de abril la cifra total ascendía a 529, y ahora, apenas dos meses después, se dispara hasta los 654. La progresión no es lineal: es exponencial, y la Agència de l’Habitatge de Catalunya —el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa— trabaja tanto de oficio como a partir de denuncias ciudadanas, lo que sugiere que buena parte de estos expedientes nacen precisamente de inquilinos hartos de ver cómo se les exprime.
La infracción más habitual detectada hasta ahora es el incumplimiento de los topes del alquiler
Si hay un dato que resume el patrón de comportamiento de los grandes tenedores catalanes, es este: un 79% de los expedientes corresponden a propietarios que se saltaron directamente los topes de precio establecidos por la ley. No se trata de errores administrativos ni de matices interpretativos sobre la norma; se trata, en la inmensa mayoría de los casos, de cobrar más de lo permitido, a sabiendas de que la probabilidad de ser pillado seguía siendo baja. El resto de irregularidades detectadas —repercusión indebida de gastos de gestión inmobiliaria, falta de constancia de la condición de gran tenedor o ausencia del precio en la documentación contractual— completan un cuadro de prácticas que apuntan más a la ingeniería contractual que al despiste.
Multas de hasta 900.000 euros
El régimen sancionador catalán contempla horquillas que van de los 3.000 a los 900.000 euros según la gravedad del incumplimiento. Las infracciones leves se mueven entre 3.000 y 9.000 euros; las graves, entre 9.001 y 90.000 euros; y las muy graves, entre 90.001 y 900.000 euros. Se considera muy grave cuando la renta cobrada supera en más de un 30% el máximo permitido; si la diferencia es igual o inferior a ese umbral, la infracción se clasifica como grave. Las tres multas ya notificadas, de 30.000 euros cada una, se sitúan en la parte alta de las infracciones graves, lo que da una idea de hasta qué punto los tenedores sancionados se habían alejado de la legalidad.
Estas tres sanciones no son las primeras: en febrero ya se anunciaron los primeros 13 expedientes, de los cuales seis los tramitaba la AHC y siete la Agència Catalana de Consum, con multas que en su momento superaban conjuntamente los 120.000 euros. Entre ellas destacaban dos sanciones de 27.000 euros impuestas por Consum: una por incrementar el alquiler sin justificar los conceptos del aumento, y otra por firmar como administrador de fincas sin estar colegiado. Ejemplos ambos de una ingeniería especulativa que trata la ley como un obstáculo a sortear más que como una norma a cumplir.
Más control en los alquileres: la función de la Dirección General de Disciplina de la Vivienda
Consciente de que 654 expedientes en trámite son ya un volumen difícil de gestionar con los medios actuales, el Govern pactó en mayo con los Comuns la creación de una nueva Dirección General de Disciplina de la Vivienda, que se sumará al refuerzo de 100 inspectores acordado a finales de 2025, de los cuales al menos 60 ya se han incorporado a la AHC. Este órgano coordinará las inspecciones y sanciones contra quienes incumplan topes de alquiler en zonas tensionadas o infrinjan la regulación de los alquileres de temporada, una figura que muchos grandes tenedores han utilizado como vía de escape frente a los límites del alquiler habitual.
El primer paso será nombrar a la persona que dirigirá este nuevo organismo, un nombre que deberá consensuarse entre el Govern y su socio de legislatura. Mientras tanto, la cifra de 654 expedientes en tramitación funciona como recordatorio de que, más allá del ruido mediático y los anuncios puntuales, el incumplimiento de la Ley de Vivienda por parte de grandes tenedores no es un fenómeno marginal, sino una práctica extendida que la Generalitat empieza, por fin, a perseguir con multas de verdad.
