La realidad tiene la mala costumbre de ser más tozuda que la ideología de los políticos. Mientras comunidades como País Vasco, Navarra o Cataluña intentan abordar el problema de la vivienda desde el corto plazo, actuando sobre precios, propietarios y barrios vulnerables, otras, como Andalucía y Madrid, parecen apostar por planes a largo plazo. Es decir, que cuando los inquilinos y compradores tienen un problema hoy, la solución se les ofrece para dentro de tres o cuatro años… si es que llega. O como dicen en el refranero: “dinero en salvas”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a presentar otro de sus planes de choque, esta vez extendido hasta 2027, que promete 15.000 viviendas “asequibles” en cuatro años gracias a una nueva Ley de Suelo y a un cóctel de medidas que suenan más a brindis al sol que a soluciones inmediatas. Porque, mientras se agilizan trámites, se cambian denominaciones a los planes urbanísticos y se anuncian consorcios público-privados, el precio del metro cuadrado en Madrid sigue desbocado: 4.384 euros/m² en agosto, un 23,3% más que en 2024, y el alquiler en 14,5 €/m², el más caro de España.

Una nueva Ley de Suelo

El gran anuncio es la reforma de la Ley del Suelo, con la que se pretende aumentar un 10% la edificabilidad de las parcelas destinadas a vivienda protegida y hasta un 20% la densidad, sin necesidad de modificar el planeamiento. También se permitirá dar uso alternativo de vivienda protegida a suelos inicialmente destinados a otros fines. Traducido: más ladrillo y menos garantías de que la vivienda resultante sea realmente accesible.

La Comunidad calcula que con esta fórmula se pondrán en marcha 15.000 nuevas casas en cuatro años. Una cifra que, comparada con las 30.000 nuevas unidades familiares que se crean cada año en Madrid, parece poco más que un placebo.

¿Cuánto se quedarán protegidas las viviendas promovidas con dinero público?

Otra pregunta incómoda: ¿qué nivel de protección real tendrán esas promociones públicas? Porque si la receta es levantar VPO para que a los pocos años pasen al mercado libre, el plan se parece demasiado a una subvención encubierta a los promotores. En eso, la Comunidad madrileña tiene experiencia: ya ocurrió con las operaciones de vivienda protegida que terminaron en manos de fondos buitre. También puede pasar como en Sevilla, que las promociones de vivienda asequible, al alcance de los que pueden poner 300.000 euros encima de la mesa, acaban su protección a los siete años… un buen negocio para los que las consigan.

Ampliación del programa Mi Primera Vivienda

El popular Mi Primera Vivienda, que en teoría iba a facilitar el acceso a los jóvenes, ahora se amplía hasta los 50 años de edad. Una admisión involuntaria de la realidad: en Madrid, la emancipación juvenil es casi ciencia ficción y la primera hipoteca puede llegar con las primeras canas. Eso sí, la Comunidad seguirá avalando hasta el 100% de las hipotecas, trasladando el riesgo financiero de forma indirecta al sector público.

Más incentivos del Plan Alquila

Ayuso promete también más incentivos para el Plan Alquila, es decir, dar seguridad y ventajas fiscales a los propietarios que quieran sacar sus pisos al mercado. Lo que no explica es cómo eso reducirá los precios en un mercado donde la oferta sigue controlada por quienes prefieren tener viviendas vacías antes que alquilarlas a precios razonables.

El Plan Vive de la Comunidad de Madrid está fracasando

El tan anunciado Plan Vive, que debía ser la joya de la corona de la política de vivienda madrileña, apenas ha cumplido objetivos. La propia Comunidad reconoce retrasos en la entrega de las promociones, y los que logran acceder se encuentran con condiciones económicas inasumibles: ingresos mínimos demasiado elevados y la obligación de adquirir anejos como garajes o trasteros a precios por encima del mercado libre. En la práctica, lo de “asequible” suena más a etiqueta de marketing que a realidad.

Condiciones económicas que excluyen a los vulnerables

En paralelo, se anuncian nuevas viviendas sociales a través de la AVS y programas de convivencia intergeneracional, que suenan bien en rueda de prensa pero representan cifras marginales frente al tamaño del problema. En Madrid, con sueldos que apenas alcanzan para cubrir alquileres disparados, estas medidas parecen aspirinas para un enfermo en cuidados intensivos.

En definitiva, los planes de Ayuso en materia de vivienda parecen más un ejercicio de pirotecnia política que una estrategia eficaz contra la emergencia habitacional. Entre leyes del suelo a medio plazo, planes con plazos de ejecución hasta 2027 y medidas que favorecen a promotores más que a inquilinos, los madrileños seguirán pagando precios récord mientras esperan que la próxima salva de anuncios venga con algo más que humo.