Airbnb parece empeñada en dar la razón a quienes llevan años denunciando que las grandes plataformas internacionales consideran que las leyes de los países en los que operan son meras sugerencias. En España, sin embargo, la realidad es otra: aquí el “todo vale” no cuela. Y menos aún cuando el negocio consiste en inflar los precios de la vivienda y multiplicar los pisos turísticos ilegales a costa de expulsar a los vecinos de sus barrios. La última bofetada judicial ha venido del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha vuelto a desbaratar las pretensiones de la multinacional estadounidense.

El tribunal ha rechazado el recurso de Airbnb contra la retirada de 34.728 anuncios ilegales de pisos turísticos, un paquete que formaba parte de los 65.000 alojamientos sin licencia que el Ministerio de Consumo había ordenado eliminar de la plataforma. Y aunque la compañía ya había aceptado, a regañadientes, bloquear esas páginas, decidió mantener abierta la vía judicial. Una muestra más de que Airbnb, lejos de reconocer los problemas que provoca su modelo de negocio, prefiere gastar energías en pleitear antes que cumplir la ley.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado un recurso de Airbnb

El auto del TSJM supone el segundo varapalo en pocos meses para Airbnb. La primera vez fue en mayo, cuando la justicia ya avaló la retirada de otra tanda de anuncios ilegales, unos 5.800. En este caso, el tribunal se ha pronunciado sobre las medidas cautelares que dictó la Dirección General de Consumo, que obligaban a la plataforma a eliminar los casi 35.000 anuncios en cuestión. Airbnb recurrió, pero el tribunal ha sido tajante: la legalidad no se negocia.

Y es que el conflicto no es nuevo. En diciembre de 2024, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy abrió un expediente sancionador contra Airbnb por negarse a eliminar los 65.000 anuncios sin licencia, una infracción grave que puede acarrear sanciones de hasta 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Y como se sabe, cuando se habla de beneficios ilícitos en una plataforma como Airbnb, las cifras no son precisamente calderilla.

A pesar de que en junio de este año la empresa firmó un pacto con el Ministerio de Vivienda para retirar los anuncios, decidió mantener vivos los recursos ante los tribunales, como si confiara en que la justicia española acabaría haciéndole un favor. El problema es que aquí los tribunales no entienden de lobbies californianos ni de estrategias de “economía colaborativa”. Lo que entienden es que la ley se cumple o se sanciona.

El Ministerio continúa con el expediente sancionador iniciado

Airbnb ha intentado vender su reciente colaboración con las administraciones como un cambio de rumbo, pero lo cierto es que el Ministerio de Consumo sigue con su expediente sancionador abierto. Desde el equipo de Bustinduy han recordado que la retirada de los anuncios fue instada por los tribunales y que en ningún caso afecta a los procedimientos sancionadores ya en marcha, porque los hechos investigados son anteriores a los gestos de buena voluntad que ahora intenta exhibir la multinacional.

En otras palabras: Airbnb puede intentar lavar su imagen cuanto quiera, pero la Administración no se traga el cuento. El expediente sancionador sigue su curso y podría desembocar en sanciones millonarias. Lo que para el consumidor medio supone el respeto a unas normas básicas, para Airbnb no es más que un obstáculo a su sacrosanta misión de seguir facturando a costa de lo que haga falta.

La Dirección General de Consumo identificó tres supuestas ilegalidades

El catálogo de irregularidades detectadas por la Dirección General de Consumo es, como mínimo, sonrojante para una compañía de la envergadura de Airbnb. Las tres ilegalidades más frecuentes son:

  1. No incluir el número de licencia o registro en los anuncios, un requisito obligatorio en varias normativas autonómicas. Una omisión tan básica que solo puede explicarse desde el desprecio a la legislación local.

  2. Incorporar números de licencia falsos o que no corresponden a los expedidos por las autoridades competentes. Una práctica que roza el fraude de manual.

  3. No indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo que confunde al consumidor y puede hacerle creer que contrata con un particular cuando en realidad lo hace con una empresa profesional.

Es decir, que Airbnb no solo estaba incumpliendo las normas, sino que además estaba induciendo a error a los usuarios, presentándose bajo el paraguas de la economía colaborativa cuando en muchos casos lo que se escondía detrás eran gestoras profesionales con decenas de pisos en cartera.

En paralelo, el Ministerio ha abierto también expedientes sancionadores a varias de estas gestoras por hacerse pasar por particulares y, de paso, esquivar obligaciones legales como la de contar con un servicio de atención al cliente para tramitar reclamaciones. El truco es sencillo: presentarse como vecino que alquila su vivienda, cuando en realidad se trata de un operador profesional que gestiona decenas de inmuebles. Un fraude en toda regla.

Airbnb: de la rebeldía al maquillaje

Airbnb intenta ahora vender un relato de cambio y colaboración. La compañía asegura que desde julio ha notificado a todos los anfitriones la obligación de obtener un número de registro y presume de que más de 70.000 anuncios ya muestran este dato. Es un giro de discurso que llega, casualmente, después de que la justicia y el Ministerio les hayan apretado las tuercas.

Lo que en realidad queda claro es que Airbnb no da un paso en la dirección correcta por convicción, sino por obligación. Su historial lo demuestra: primero se niega, después recurre, más tarde pierde, y finalmente presume de ser un socio comprometido con las instituciones. Una secuencia tan previsible como la de quien intenta no pagar el billete en el metro y acaba alegando despiste cuando le cazan.

La vivienda en el centro del conflicto

Detrás de esta batalla no está solo la letra pequeña de una normativa. Está la crisis de la vivienda en España, una crisis que Airbnb contribuye a agravar con su modelo de negocio. Como recordó Bustinduy: “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos que expulsan a las personas de sus hogares“ Ninguna empresa, por grande que sea, puede estar por encima de la ley”.

La proliferación de pisos turísticos ilegales tensiona los barrios, expulsa a los inquilinos tradicionales y presiona al alza los precios del alquiler. Y cuando la empresa que más se beneficia de ese descontrol es la misma que pone trabas para cumplir la ley, la reacción de la Administración es la única posible: sancionar y obligar a retirar los anuncios.

Un modelo agotado

El caso Airbnb evidencia que el discurso de la “economía colaborativa” se ha convertido en un simple envoltorio de márketing. Lo que empezó como una plataforma para compartir viviendas puntualmente entre particulares es hoy una máquina globalizada de generar beneficios, donde las reglas locales son vistas como obstáculos molestos.

Pero España no es el salvaje Oeste. Aquí, por mucho que Airbnb insista en lo contrario, la ley se cumple. Y si la plataforma se empeña en resistirse, encontrará más autos como el del TSJM recordándole que su “colaboración” no es un gesto de buena voluntad, sino una obligación legal.