La Junta de Castilla y León ha decidido mover ficha en uno de los terrenos más resbaladizos de la política de vivienda: convencer a los propietarios de que alquilar no es una ruleta rusa. Siguiendo la estela del País Vasco, el Gobierno regional aprobará el próximo año un nuevo decreto que regulará el programa Alquiler Seguro, con el que aspira a incorporar 2.000 viviendas al mercado a un precio «asequible» durante lo que queda de legislatura. La receta, sobre el papel, es sencilla: «mayores garantías e incentivos» para quien pone el piso y condiciones «más favorables» para quien lo habita.

La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, desgranó los detalles en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, durante la presentación de los Presupuestos Generales de la comunidad para 2027 en sus áreas, que abarcan vivienda, urbanismo, despoblación, ordenación del territorio, protección civil e igualdad. Y lo hizo con una frase que resume bien la filosofía del plan: se trata de «las dos caras de una misma estrategia», ayudar a quien necesita pagar un alquiler e incentivar que más propietarios saquen sus viviendas al mercado.

¿Cómo funcionará Alquiler Seguro?

El corazón del programa es una partida de 500.000 euros destinada a la contratación de seguros que cubran los impagos de los propietarios que pongan sus viviendas vacías en alquiler asequible y se vean afectados por la inquiokupación, ese fenómeno que tanto quita el sueño a los pequeños caseros. La idea es movilizar inmuebles cerrados, ampliar la oferta y llevar los beneficios a todo el territorio, incluidos los pequeños municipios, donde el problema no es tanto el precio como que directamente no hay nada que alquilar.

La lógica es impecable: el principal freno para sacar una vivienda vacía al mercado no es la falta de demanda, sino el miedo. Miedo a no cobrar, miedo a un procedimiento judicial interminable, miedo a recuperar el piso hecho unos zorros. Si la Administración asume parte de ese riesgo, el cálculo del propietario cambia. Otra cosa es si medio millón de euros da para tanto. Repartido entre 2.000 viviendas, salen a unos 250 euros por inmueble, lo que da para pagar una póliza, sí, pero no precisamente para levantar una muralla. Habrá que ver la letra pequeña del decreto.

Con 2.000 nuevas viviendas en el mercado como objetivo

El objetivo de 2.000 viviendas en la legislatura no es menor en una comunidad con un parque de viviendas vacías tan amplio como el castellanoleonés, aunque tampoco cambia por sí solo el mapa del alquiler. El programa se enmarca en un presupuesto de vivienda de 190,4 millones de euros, dentro de unas cuentas regionales que alcanzan los 16.472 millones.

De ese bolsillo, unos 50 millones irán a incrementar la oferta de vivienda protegida y facilitar su adquisición: 30,39 millones para promoción pública, 11,70 millones para vivienda protegida sobre suelo privado, 2,72 millones para colaboración público-privada, 2,21 millones para cooperativas, 1,72 millones en ayudas a la compra y 1,26 millones para reconvertir locales de promociones públicas en vivienda protegida. A ello se suman dos millones para urbanizar suelo finalista y 400.000 euros para avanzar, junto a las diputaciones, en las normas urbanísticas territoriales pendientes de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. Mucho reparto en partidas pequeñas, como suele ocurrir cuando se quiere llegar a todos los frentes a la vez.

Las ayudas al alquiler podrán alcanzar a 22.000 beneficiarios

La otra cara de la moneda son los inquilinos. La Junta del presidente Alfonso Fernández Mañueco reservará 46,13 millones de euros a ayudas al alquiler en 2027, con la previsión de llegar a 22.000 beneficiarios. Es, con diferencia, la partida más voluminosa del capítulo de arrendamiento, y la que mayor impacto inmediato tiene sobre el bolsillo de las familias.

Conviene, eso sí, no perder de vista el eterno debate: las ayudas directas alivian, pero no crean oferta. Sin más viviendas disponibles, una parte de ese dinero puede acabar, sencillamente, sosteniendo precios. De ahí que el éxito real del plan dependa más de que Alquiler Seguro funcione que del volumen de las subvenciones.

Ayudas para rehabilitación y regeneración

Donde el presupuesto pisa con más fuerza es en la recuperación del parque existente. La Junta destinará 54,93 millones a regeneración urbana y rural, de los cuales 37,03 millones serán para rehabilitación energética y accesibilidad de edificios y viviendas, con la previsión de actuar en casi 1.600 viviendas.

El programa Rehabitare, pensado para recuperar inmuebles públicos en desuso y destinarlos al alquiler social, contará con 16,69 millones. De ellos, 13,09 millones irán a viviendas de titularidad pública (7,91 millones a través de convenios con las diputaciones) y 3,6 millones a una nueva línea para casas privadas. Esta es, probablemente, la medida más interesante del paquete: ayudará a propietarios de viviendas vacías en pequeños municipios a rehabilitarlas y ponerlas en alquiler asequible, con las diputaciones financiando el 50% de las actuaciones. El objetivo es recuperar más de 120 viviendas el próximo año. «Damos un salto cualitativo y cuantitativo», presumió Blanco. Cualitativo, sin duda; cuantitativo, con 120 casas, ya es más discutible.

Beneficios fiscales

El capítulo tributario suma 57 millones de euros en beneficios fiscales para la vivienda. La estrella es la nueva Cuenta Ahorro Vivienda Joven, con una deducción del 15% de hasta 1.500 euros anuales durante cinco ejercicios para menores de 40 años. Un guiño a una generación a la que la emancipación se le escapa entre los dedos, aunque ahorrar para la entrada sigue siendo misión casi imposible con los salarios y alquileres actuales.

La vicepresidenta cerró recordando que se tramitan 40 instrumentos de ordenación del territorio, que movilizarán inversiones superiores a 600 millones de euros sobre más de 1.900 hectáreas, con el reto demográfico como telón de fondo. El planteamiento general es razonable y, por una vez, mira al propietario como aliado y no como sospechoso. Ahora falta que el decreto llegue, que las pólizas cubran de verdad y que los caseros se lo crean. Porque en el alquiler, como en casi todo, la confianza no se decreta: se gana.