El Ayuntamiento de Logroño ha dado un paso decisivo para frenar la expansión de las viviendas de uso turístico y recuperar el equilibrio entre el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal. En su pleno ordinario de noviembre, el consistorio ha aprobado la suspensión por un año de la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos en todo el término municipal, con el objetivo de diseñar una regulación más justa y sostenible. La decisión ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos —a excepción de la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza—, reflejando un consenso político inusual en torno a un problema que se ha vuelto insostenible para muchos vecinos del casco antiguo.

La moratoria se pone en marcha para encontrar la solución más adecuada

La portavoz del equipo de Gobierno, Celia Sanz, ha subrayado la trascendencia de la medida, que busca “alcanzar un equilibrio entre el derecho a la vivienda y al descanso y la actividad económica”. En su intervención, reconoció la dificultad de acceder a una vivienda en Logroño y el impacto creciente del fenómeno turístico sobre el mercado residencial. Durante este año de suspensión, el Ayuntamiento trabajará en la modificación del Plan General Municipal o en la redacción de una nueva ordenanza que regule la actividad, evitando la saturación de ciertas zonas.
Sanz ha explicado que la moratoria permitirá analizar las solicitudes ya presentadas y definir si pueden tramitarse o no, al tiempo que confía en que la nueva normativa esté lista antes de que se cumpla el plazo.

La medida llega en un contexto en el que cada vez más ciudades españolas optan por limitar los pisos turísticos. Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Palma o Madrid han iniciado procesos similares ante la presión vecinal y el desplazamiento de la población local. Durante años se priorizó la libertad de los propietarios y la rentabilidad económica, pero hoy el interés ciudadano por una vivienda digna y asequible empieza a imponerse.

La oposición asegura que la medida llega tarde

Desde la oposición, la portavoz de IU-Podemos, Amaia Castro, ha celebrado que “por fin” se apruebe la moratoria, aunque ha lamentado que “llega tarde”. Según sus cálculos, “si se hubiera adoptado antes, se habrían evitado unos 400 pisos turísticos”. Por su parte, el portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha coincidido en que la situación “se ha salido de control” y ha reclamado una hoja de ruta clara y un procedimiento jurídicamente sólido.
También Vox ha apoyado la suspensión, pero recordando que “no es una solución definitiva”. Su portavoz, María Jiménez, ha advertido que el crecimiento descontrolado del turismo “está teniendo consecuencias evidentes en la vivienda y la convivencia” y que “sin límites claros, dentro de un año estaremos igual”.

El portavoz socialista, Luis Alonso, ha sido igualmente contundente: “llega tarde y sin una acción previa del Gobierno local”, aunque ha instado a “trabajar con rigor” para evitar errores. Desde el Partido Popular, el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha defendido que la medida “es fruto de un trabajo técnico y jurídico” que abre un proceso de escucha con todos los sectores afectados.

Proteger la convivencia en la ciudad

El alcalde, Conrado Escobar, ha cerrado el debate apelando al sentido común y al interés general: “Lo más fácil habría sido mirar hacia otro lado, pero Logroño es una ciudad de convivencia, viva y dinámica, y eso hay que protegerlo”. Escobar ha defendido que el objetivo no es prohibir, sino “compatibilizar un turismo saludable con la salud residencial”. Para ello, ha insistido en que la futura regulación deberá “preservar los valores que nos hacen fuertes como ciudad: la vida en nuestras calles y la cohesión vecinal”.

En el fondo, la decisión del Ayuntamiento de Logroño refleja un cambio de paradigma. La fiebre de los pisos turísticos, alimentada por la rentabilidad y la demanda turística, ha transformado el mercado urbano y expulsado a muchos vecinos de los barrios históricos. Hoy, ante la pérdida de identidad de los centros urbanos y el encarecimiento desbocado del alquiler, las instituciones locales comienzan a reaccionar.

La moratoria logroñesa no será la última. Todo apunta a que otras capitales de tamaño medio seguirán el mismo camino en los próximos meses. Porque más allá del turismo o la inversión, lo que está en juego es el derecho a vivir en la propia ciudad.

Aquimicasa seguirá de cerca esta y otras decisiones que marcan el rumbo del mercado inmobiliario español, donde cada vez resulta más evidente que la vivienda no puede seguir tratándose solo como un activo económico, sino como un bien esencial para la convivencia y la vida urbana. 🏙️