En el mundo inmobiliario sevillano hay casos que rozan el esperpento, y este es uno de ellos. Una empresa reincidente, una sanción ridícula y una reacción impropia de quien presume de profesional. Todo un retrato de ese pequeño universo donde algunos se creen dueños del alquiler, la ley y hasta del respeto ajeno.
Imponer el pago de honorarios a inquilinos va contra la legislación vigente
Pese a que la ley es clara —el arrendatario no debe pagar honorarios de agencia en los contratos de vivienda habitual—, hay quienes insisten en reinterpretarla como mejor les conviene. Es el caso de Francisco Javier Ortiz Riquelme, responsable de la antigua Estudio Inmobiliario Javier Ortiz, sancionado con 7.000 euros por cobrar comisiones ilegales a los inquilinos. Una multa tan baja que no asusta ni al más tímido de los infractores. Y así ha ocurrido: Ortiz ha vuelto al ruedo con otro nombre comercial, Elite Homes Real Estate, pero con los mismos vicios profesionales.
Mientras tanto, las autoridades de consumo de la Junta de Andalucía siguen confiando en que la pedagogía de las multas simbólicas funcione. Pero los hechos demuestran que no: las infracciones se repiten y los consumidores siguen desprotegidos ante el descaro de algunos operadores.
Reincidencia en la infracción cambiando el nombre
El mecanismo es casi poético: cambia el rótulo, pero no el modus operandi. Elite Homes Real Estate nace en mayo y ya promete perpetuar el legado de su antecesora. Sin página web ni transparencia, pero con mucha habilidad para camuflar comisiones bajo el título de “servicios de asesoramiento e intervención durante la vigencia del contrato”. Eso sí, cobrando el equivalente a una mensualidad más IVA, como si el 21% añadiera legitimidad a la estafa.
FACUA Sevilla ha vuelto a denunciar al empresario por mantener esta práctica fraudulenta en al menos una docena de anuncios del portal Idealista. Y, además, ha solicitado que la nueva multa sea ejemplar: reincidencia tipificada como infracción muy grave y comiso del beneficio ilícito obtenido. Dicho de otra forma, que la sanción sirva por una vez para algo.
Amenazas contra la asociación de consumidores
Pero lo que ya pertenece a los anales del surrealismo es la reacción del denunciado. En lugar de rectificar, exigir disculpas o esconderse un poco, Ortiz ha optado por amenazar de manera directa y grosera al secretario general de FACUA, Rubén Sánchez. No son simples improperios: los mensajes de WhatsApp rezuman intimidación, soberbia y un aire mafioso impropio de quien gestiona contratos de alquiler.
Frases como “¿quieres que te haga una visita?” o “te voy a hundir, hijo de la gran puta” definen no solo su carácter, sino la cultura de impunidad que todavía campea en ciertos despachos. Una amenaza a quien cumple con su deber cívico denunciando irregularidades no dice nada bueno del profesional… pero sí mucho del tipo de negocio que representa.
Denuncia por amenazas y coacciones
Ante semejante comportamiento, FACUA ha interpuesto denuncia en los juzgados de Sevilla por amenazas y coacciones. Una decisión necesaria y ejemplar, porque no puede tolerarse que un infractor pretenda acallar a los defensores de los consumidores mediante la intimidación. Lo preocupante es que el episodio no es una anécdota aislada: el sector acumula casos de empresas que eluden multas, cambian de razón social y siguen actuando como si la ley fuese un obstáculo administrativo más.
La autoridad de consumo debería preguntarse cuánto daño hace esta permisividad. Sancionar con 7.000 euros a quien factura miles mes a mes por prácticas ilegales no es castigo, es casi un incentivo para reincidir.
La ley hay que cumplirla aunque no guste y las amenazas son comportamientos mafiosos
Si un profesional inmobiliario no está de acuerdo con la legislación de arrendamientos urbanos, tiene una salida muy sencilla: no dedicarse al alquiler de vivienda habitual. Lo que no puede hacer es aprovecharse de la necesidad de los inquilinos y actuar como si la ley fuera opcional. La legalidad no es un menú a la carta. Y si además se acompaña con un repertorio de coacciones verbales, el negocio deja de ser cuestionable para entrar en el terreno del delito.
Porque esto no va de opiniones o interpretaciones jurídicas, sino de cumplir la ley. Quien no lo hace, y encima intenta silenciar a quienes lo denuncian, muestra una forma de actuar más cercana al hampa que al mercado inmobiliario moderno.
Estos escasos ejemplos dan mala imagen al sector
El caso de Elite Homes Real Estate no es solo un episodio lamentable, sino un ejemplo del daño reputacional que generan unos pocos sobre un sector entero. Los profesionales que trabajan cumpliendo las normas, que respetan a los inquilinos y entienden la función social de la vivienda, ven cómo su credibilidad se contamina por la conducta de quienes confunden el negocio con la extorsión.
El mercado inmobiliario español ya sufre bastante desconfianza social. Casos como este refuerzan la percepción de abuso y arbitrariedad, justo cuando más falta hace transparencia y ética. Quizás sea hora de que las sanciones sean proporcionales al beneficio obtenido y de que las autoridades actúen con la misma contundencia con la que los infractores amenazan por WhatsApp.
El caso de Elite Homes Real Estate no es solo un episodio lamentable, sino un ejemplo del daño reputacional que generan unos pocos sobre un sector entero. Los profesionales que trabajan cumpliendo las normas, que respetan a los inquilinos y entienden la función social de la vivienda, ven cómo su credibilidad se contamina por la conducta de quienes confunden el negocio con la extorsión.
El mercado inmobiliario español ya sufre bastante desconfianza social. Casos como este refuerzan la percepción de abuso y arbitrariedad, justo cuando más falta hace transparencia y ética. Quizás sea hora de que las sanciones sean proporcionales al beneficio obtenido y de que las autoridades actúen con la misma contundencia con la que los infractores amenazan por WhatsApp.
A veces, el ruido más alto en el mercado inmobiliario no lo hacen las excavadoras, sino los egos desbocados. Y en Sevilla, parece que algunos todavía no han entendido que la ley no se negocia, se cumple. Aunque no guste.
