La limitación de las viviendas de uso turístico (VUT) se ha convertido en una de las principales herramientas que están utilizando los ayuntamientos para intentar contener la crisis de acceso a la vivienda en las grandes y medianas ciudades españolas. Vigo se suma ahora de forma decidida a esta tendencia con la aprobación de una nueva ordenanza municipal que busca reordenar un fenómeno que ha crecido de manera exponencial en los últimos años y que ha tenido un impacto directo sobre el mercado del alquiler residencial, la convivencia vecinal y la disponibilidad de vivienda habitual.

El caso de Vigo resulta especialmente significativo. La ciudad llegó a superar las 2.400 viviendas turísticas en el verano de 2025, una cifra que duplicaba ampliamente la capacidad hotelera tradicional y que situaba a la urbe gallega entre las que mayor crecimiento habían registrado en toda España. Desde el Concello se reconoce que este incremento ha coincidido con una fuerte presión sobre el mercado del alquiler, con subidas acumuladas de precios superiores al 50 % desde 2014, y con un progresivo desplazamiento de población residente de las zonas más céntricas y litorales.

Los criterios del ayuntamiento

La nueva ordenanza municipal aprobada por la Junta de Gobierno y pendiente de ratificación definitiva en pleno establece criterios mucho más restrictivos para la implantación de nuevas viviendas de uso turístico. A partir de su entrada en vigor, solo podrán autorizarse nuevos apartamentos vacacionales en edificios completos destinados a este uso o en plantas bajas o altas, siempre que no exista una vivienda residencial familiar situada debajo y que cuenten con acceso independiente desde la vía pública.

Además, el Concello prohíbe expresamente el uso turístico en viviendas protegidas y en aquellas que hayan sido reformadas o rehabilitadas con subvenciones públicas, reforzando así la idea de que la inversión pública debe destinarse prioritariamente a vivienda residencial permanente. Estas condiciones se alinean con el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, que considera las VUT como una actividad terciaria, incompatible con la residencia habitual en determinados entornos.

El objetivo declarado del gobierno local es garantizar la compatibilidad entre el derecho a la vivienda y la actividad turística, evitando que el alojamiento de corta estancia siga absorbiendo parte del ya limitado parque residencial existente.

El destino de las viviendas ilegales o aún sin licencia

Uno de los aspectos clave de la ordenanza es su enfoque diferenciado entre viviendas existentes y nuevas implantaciones. La normativa solo afectará a las nuevas viviendas de uso turístico, mientras que las más de 2.000 que ya operan en la ciudad podrán continuar bajo la regulación actual, siempre que cuenten con licencia.

No obstante, el Ayuntamiento ha intensificado la inspección y ha detectado centenares de viviendas turísticas ilegales, muchas de las cuales carecen de título habilitante. La intención municipal es clara: redirigir estas viviendas al mercado del alquiler de larga duración, especialmente aquellas que no cumplen los requisitos para obtener licencia turística y que tampoco se destinan a uso residencial efectivo. Esta estrategia conecta directamente con la necesidad de ampliar la oferta de alquiler estable en una ciudad con una demanda creciente y escasas alternativas públicas.

Otras limitaciones en ciudades gallegas y su resultado

Vigo no actúa de forma aislada. En los últimos años, ciudades como Santiago de Compostela, A Coruña o Pontevedra han aprobado ordenanzas similares con resultados desiguales. En Santiago, las restricciones progresivas han logrado una reducción significativa del número de viviendas turísticas, situándola entre las ciudades españolas donde más ha descendido esta oferta. En A Coruña, sin embargo, pese a la aprobación de la ordenanza, más de la mitad de las VUT continúan operando de forma irregular, evidenciando la dificultad de aplicar estas medidas sin un control administrativo constante.

Estas experiencias muestran que la regulación, por sí sola, no resuelve el problema estructural de la vivienda, pero sí limita la competencia directa entre uso turístico y residencial, especialmente en zonas tensionadas.

La opinión del partido de la oposición

El Partido Popular de Vigo se ha abstenido en la votación inicial, mostrando su apoyo a la idea general de regular las VUT, pero reclamando mayor consenso y seguridad jurídica. Su presidenta local, Luisa Sánchez, ha defendido la necesidad de introducir un régimen transitorio claro, diferenciar entre usos turísticos ocasionales y explotaciones intensivas, y definir las zonas saturadas con criterios técnicos objetivos. El grupo popular ha anunciado la presentación de alegaciones durante el periodo de información pública.

La limitación de las viviendas de uso turístico en Vigo se enmarca en un debate más amplio sobre el modelo de ciudad y el papel de la vivienda como bien de primera necesidad. Para Aquimicasa, estas medidas reflejan una tendencia que se extiende por toda España y que pone de relieve la necesidad de combinar regulación local, política de vivienda pública y planificación urbanística a largo plazo para afrontar una crisis que va mucho más allá del turismo y afecta de lleno al derecho a una vivienda accesible.