El mercado de la vivienda en España sigue acumulando tensiones mientras una parte significativa del parque residencial continúa fuera del circuito legal. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha solicitado la retirada de más de 86.000 anuncios de pisos turísticos y de temporada que no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa estatal, una cifra que vuelve a poner de relieve el impacto real de la vivienda turística ilegal sobre el acceso a la vivienda habitual. La petición se dirige directamente a los grandes portales inmobiliarios y plataformas digitales que, pese a la entrada en vigor del registro obligatorio, siguen albergando miles de anuncios irregulares.

El origen del problema se sitúa en la puesta en marcha del registro único de alquileres turísticos y de corta duración, que entró en vigor el 2 de enero de 2025 y cuya obligatoriedad plena comenzó el 1 de julio del mismo año. Desde entonces, los propietarios deben contar con un número de registro válido, tramitado a través de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, antes de publicitar su vivienda. Sin embargo, según los datos del propio Ministerio, 86.275 viviendas anunciadas carecen de este número pese a haberlo solicitado, al no haber acreditado los requisitos necesarios.

Lejos de tratarse de un problema puntual, la cifra evidencia una práctica extendida: viviendas que permanecen en el mercado turístico sin licencia, fuera del control administrativo y con un impacto directo en la reducción de oferta residencial, especialmente en zonas tensionadas. Mientras miles de familias tienen dificultades para acceder a un alquiler estable, una parte del parque inmobiliario sigue operando en un limbo legal, amparado por la pasividad —cuando no la connivencia— de determinadas plataformas.

Comunidades autónomas con peticiones rechazadas

En los últimos doce meses se han presentado 412.253 solicitudes de registro, de las cuales el 78% correspondían a alquiler turístico y el 22% a alquiler de temporada. Una parte significativa de estas solicitudes ha sido rechazada, especialmente a partir del mes de julio, cuando finalizó el periodo transitorio. Solo entre julio y agosto, el Ministerio denegó casi 35.000 solicitudes de las 69.000 presentadas en ese periodo.

Por territorios, Andalucía encabeza la lista de comunidades con más solicitudes rechazadas, con 21.872 viviendas, seguida de la Comunidad Valenciana (14.387) y Canarias (13.726). Madrid ocupa una posición destacada no solo por volumen, sino por concentración urbana: es la ciudad con mayor número de denegaciones, con 5.344 anuncios irregulares, por delante de Barcelona (5.005) y Málaga (2.993). Tres ciudades donde la presión turística lleva años tensionando el mercado residencial y expulsando población local.

Estas cifras confirman que el problema no es homogéneo, sino que se concentra en los grandes polos urbanos y turísticos, donde la rentabilidad del alquiler de corta duración ha desplazado al alquiler tradicional. Un fenómeno que contribuye de forma directa a la escasez de vivienda disponible, al encarecimiento de precios y a la precarización del acceso a la vivienda.

Vigilancia creciente en los portales inmobiliarios

Ante este escenario, la vigilancia sobre los portales inmobiliarios se ha intensificado. El Ministerio de Vivienda ha sido claro: una vez notificada la irregularidad, las plataformas están obligadas a retirar los anuncios, incluso cuando una misma vivienda se comercializa simultáneamente en varios portales. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas de estas retiradas no se producen de forma inmediata, permitiendo que la actividad continúe durante semanas o meses.

A esta actuación se suma la intervención del Ministerio de Consumo, que ha abierto investigaciones a plataformas como Idealista, Fotocasa o Airbnb por posibles prácticas desleales y engañosas, tanto por la falta de licencias como por la publicación de precios que incumplen la Ley de Vivienda en zonas tensionadas. La monitorización de los anuncios se ha convertido en una herramienta clave para detectar irregularidades que, hasta ahora, habían pasado desapercibidas o directamente toleradas.

El discurso institucional empieza a endurecerse, pero el mercado sigue esperando una respuesta más eficaz. Mientras no exista una corresponsabilidad real de las plataformas, la retirada de anuncios seguirá siendo reactiva y no preventiva, perpetuando un modelo que prioriza el beneficio a corto plazo frente al interés general.

Las multas del Ministerio de Consumo

Las sanciones comienzan a marcar un punto de inflexión. En diciembre del pasado año, Airbnb fue multada con 64 millones de euros por permitir la publicación de viviendas sin licencia, una de las mayores sanciones impuestas por Consumo a una única empresa. No es un caso aislado: otras compañías, como Alquiler Seguro, se enfrentan a multas millonarias por vulnerar los derechos de los consumidores, mientras se refuerza el marco sancionador para las prácticas abusivas.

Estas multas evidencian que la ilegalidad no es solo responsabilidad de los propietarios, sino también de quienes facilitan y monetizan la comercialización de estas viviendas. En un contexto de grave falta de vivienda, la tolerancia hacia el alquiler turístico ilegal se traduce en menos oferta residencial, precios más altos y mayor desigualdad en el acceso a un derecho básico.

El reto ahora es que estas actuaciones no se queden en titulares. La retirada efectiva de los 86.000 pisos turísticos sin registro, la vigilancia continuada y la activación de vivienda pública y asequible serán determinantes para reconducir un mercado desbordado. Sin una política firme que combine control, sanción y obra pública, la vivienda seguirá siendo el gran cuello de botella social y económico en España.