Airbnb ha dado un giro en su política de cumplimiento legal en España. La plataforma ha aceptado finalmente la exigencia del Ministerio de Vivienda de eliminar los anuncios de pisos turísticos que no cuenten con el número de registro correspondiente. Esta decisión, que supone un cambio de paradigma en su forma de operar, llega tras meses de conflicto con el Gobierno, una resolución judicial desfavorable y la presión de las autoridades de Consumo. Desde el pasado 1 de julio, toda vivienda turística o temporal debe disponer de un número de registro emitido por las notarías para poder anunciarse en plataformas digitales, una exigencia que Airbnb ha aceptado cumplir.

La compañía quiere poner final al conflicto abierto con Consumo

El enfrentamiento entre Airbnb y el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, se había intensificado en los últimos meses. El departamento abrió en diciembre un expediente sancionador a la plataforma por mantener en línea miles de anuncios ilegales de pisos turísticos sin licencia. En mayo, se ordenó la retirada de más de 65.000 anuncios y, ante la negativa de la empresa, se recurrió a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) respaldó la actuación de Consumo y obligó a retirar más de 5.800 anuncios de forma inmediata.

El TSJM había dado la razón al Ministerio de Bustinduy

La Justicia respaldó la legalidad del procedimiento del Ministerio, desestimando los recursos de Airbnb. El auto del TSJM, emitido el 20 de junio, fue especialmente contundente, dando cobertura jurídica a la retirada forzosa de anuncios ilegales en comunidades como Madrid, Andalucía, Catalunya, Euskadi, la Comunitat Valenciana y Balears. La empresa, ante el cerco judicial, ha optado por negociar directamente con el Ministerio de Vivienda, reconociendo así su intención de colaborar en el cumplimiento de la normativa nacional.

La compañía anuncia que “colaborará estrechamente con el Ministerio para identificar y retirar aquellos anuncios irregulares”

En un comunicado emitido tras la reunión mantenida el 15 de julio con la ministra Isabel Rodríguez, Airbnb se ha comprometido a remitir de forma mensual la información sobre los anuncios publicados, incluyendo el número de registro estatal y autonómico. Además, la compañía ha asegurado que notificará previamente a los anfitriones si sus anuncios presentan irregularidades, otorgándoles un plazo de 10 días para corregir los defectos. Si no lo hacen, el anuncio será eliminado. En los casos de revocación expresa del registro, el bloqueo se realizará en un máximo de 48 horas.

A 15 de julio, las notarías habían recibido más de 280.000 solicitudes de registro

El nuevo sistema de registro, que ha sido encomendado a las notarías, ya ha recibido más de 280.000 solicitudes desde su apertura. Sin embargo, no todas han sido aceptadas: más de 30.000 han sido rechazadas por incumplir requisitos esenciales como la falta de licencia turística, la no conformidad con la comunidad de propietarios o el intento de alquilar viviendas protegidas. Hasta la fecha, se han activado casi 150.000 registros definitivos de uso turístico, 100.000 provisionales, 33.000 temporales y 20.000 provisionales de temporada.

La plataforma notificará previamente a los anfitriones, ofreciéndoles un plazo para subsanar los defectos

El compromiso alcanzado incluye la obligación por parte de Airbnb de notificar cualquier irregularidad a los propietarios. Si no se subsanan en los 10 días siguientes, el anuncio será eliminado automáticamente. Este nuevo protocolo de actuación responde al Real Decreto 1312/2024, que regula la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y da cumplimiento al Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo, convirtiendo a España en el primer país en trasponer esta normativa.

Vivienda puso en marcha un registro encargado a las notarías

La medida tiene como objetivo poner orden en un mercado que estaba generando tensiones sociales, legales y urbanísticas. El Ministerio de Vivienda estableció el 1 de julio como fecha límite para que toda vivienda de uso turístico o de alquiler temporal se registre oficialmente. La inscripción es condición imprescindible para publicitarse en cualquier plataforma online. Esto excluye del mercado a aquellas viviendas sin licencia o fuera de la normativa, una medida que busca proteger el derecho a la vivienda frente a la especulación.

Es una medida para controlar el alquiler turístico que está convirtiéndose en un problema en algunas zonas

En ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia, el alquiler turístico ha distorsionado gravemente el mercado residencial, expulsando a los vecinos y provocando una escalada de precios que impide el acceso a la vivienda. La normativa y su aplicación efectiva, con la colaboración forzosa de plataformas como Airbnb, pretende frenar esta tendencia y recuperar parte del parque residencial para el alquiler habitual.

España ha sido el primer país en trasponer la normativa europea

Gracias al desarrollo de la Ventanilla Única Digital, España se ha adelantado al resto de Estados miembros de la Unión en la aplicación de una normativa homogénea sobre arrendamientos turísticos. La creación de un registro único que identifica cada propiedad y acredita su legalidad es una herramienta fundamental para evitar fraudes, controlar la oferta y garantizar la convivencia en zonas afectadas por la presión turística.

De la resistencia a la colaboración

Con este acuerdo, Airbnb se pliega a las exigencias legales tras meses de tensiones, litigios y bloqueos judiciales. Aunque la compañía intenta presentar esta decisión como un gesto de buena voluntad, lo cierto es que ha sido la presión institucional, judicial y social la que ha provocado este cambio de rumbo. A partir de agosto, la colaboración entre plataforma y Gobierno será clave para mantener el control de los alquileres turísticos y evitar que sigan erosionando el derecho a una vivienda digna en España.

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