Prácticas comerciales desleales con personas consumidoras que cumplen la legislación

La batalla judicial entre la plataforma turística Airbnb y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso importante después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya denegado las medidas cautelares solicitadas por la compañía para paralizar la sanción de 64 millones de euros que le fue impuesta en diciembre de 2025. La decisión judicial implica que, aunque la empresa recurra la sanción, de momento tendrá que abonar la multa, lo que supone un mensaje muy claro: ninguna empresa, por grande que sea, está por encima de la ley.

La sanción tiene su origen en las infracciones detectadas por el Ministerio de Consumo en 65.122 anuncios de alojamientos turísticos publicados en la plataforma, anuncios que finalmente tuvieron que ser retirados en julio de 2025 tras la investigación administrativa. Según el expediente sancionador, la plataforma habría incurrido en prácticas comerciales desleales con consumidores y usuarios, al permitir la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia o sin cumplir los requisitos legales exigidos por las normativas autonómicas.

Esto supone, además, una competencia desleal respecto a los propietarios que sí cumplen la normativa, registran sus viviendas, pagan impuestos y se someten a la regulación turística. El problema no es solo legal, sino también económico y social, porque estas prácticas contribuyen a la proliferación de viviendas turísticas ilegales y a la reducción de la oferta de alquiler residencial, algo que está agravando la crisis de vivienda en muchas ciudades españolas.

Número de licencia o identificación incorrectos

Otra de las infracciones detectadas por Consumo fue la publicación de anuncios con números de licencia o identificación incorrectos, inexistentes o que no se correspondían con los registros oficiales. En otros casos, los anuncios no informaban correctamente sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, es decir, si se trataba de un particular o de una empresa, lo que también se considera publicidad engañosa y vulnera los derechos de los consumidores.

Por estos motivos, el Ministerio impuso a la plataforma una sanción grave cuyo importe asciende a 63,98 millones de euros, una cantidad que equivale aproximadamente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa como consecuencia de estas prácticas. Es decir, no se trata de una multa simbólica, sino de una sanción económica importante que busca evitar que este tipo de conductas vuelvan a repetirse.

Este punto es especialmente relevante porque durante años las plataformas de alquiler turístico han operado en muchos países en una especie de limbo legal, creciendo muy rápido y adaptándose a la normativa solo cuando las administraciones han empezado a sancionar o regular con mayor firmeza.

Otras infracciones identificadas por Consumo

Además de las infracciones relacionadas con la publicidad engañosa y la falta de licencias, el Ministerio de Consumo identificó otras infracciones adicionales durante la investigación. Entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de los contratos celebrados a distancia al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, la obstrucción o negativa a facilitar datos durante la investigación y el incumplimiento de órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor para evitar daños a los consumidores durante la tramitación del expediente.

Por estas infracciones adicionales se impusieron varias multas menores que sumaron 75.000 euros, pero lo realmente relevante es la sanción principal vinculada a los anuncios ilegales o irregulares. Todo ello conforma un expediente sancionador muy contundente que pone de manifiesto que la Administración considera estas prácticas especialmente graves.

Airbnb recurrió todo ello y pidió medidas cautelares hasta la sentencia

Tras la imposición de la sanción, la empresa decidió recurrirla ante la justicia y solicitó medidas cautelares para no tener que pagar la multa hasta que hubiera una sentencia definitiva. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado esta petición, lo que significa que la empresa debe pagar la sanción mientras continúa el procedimiento judicial.

La compañía todavía puede presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal y seguir litigando, pero la decisión judicial supone un revés importante para su estrategia. La empresa ha señalado que considera la sanción contraria al marco legal español y europeo y sostiene que ha cumplido la normativa aplicable, además de afirmar que la decisión judicial es procedimental y no entra en el fondo del asunto.

Más allá del proceso judicial, este caso refleja un problema mucho más amplio: la actitud de muchas plataformas de alquiler turístico que durante años han actuado como si la legislación de los países en los que operan fuera opcional o negociable. Solo cuando llegan las sanciones millonarias o las sentencias judiciales empiezan a modificar sus políticas, retirar anuncios ilegales o colaborar con las administraciones.

Cumplir la legislación española es obligatorio

El problema es que mientras tanto se han producido efectos muy importantes sobre el mercado de la vivienda: subida de precios, reducción de la oferta de alquiler residencial, expulsión de vecinos de los centros urbanos y proliferación de alojamientos turísticos ilegales. Y todo ello ha ocurrido durante años con una regulación insuficiente o con dificultades para hacer cumplir la normativa existente.

Por eso, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene una importancia que va más allá de una multa concreta. Supone un mensaje claro a las grandes plataformas digitales: operar en un país implica cumplir su legislación, y si no se cumple, hay sanciones. En un momento en el que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, este tipo de resoluciones judiciales marcan un cambio de tendencia en la relación entre las administraciones públicas y las grandes plataformas del alquiler turístico.