El Principado de Asturias ha decidido tocar uno de los resortes más sensibles de la política de vivienda protegida: el precio del módulo. El Gobierno asturiano ha alcanzado un acuerdo con la patronal de promotores para actualizar el coste máximo de venta de la vivienda de protección oficial (VPO), que pasará de 2.124 a 2.202,59 euros por metro cuadrado útil, un incremento del 3,7% respecto a la última revisión, que databa de diciembre de 2022. La noticia, presentada con la solemnidad habitual de este tipo de anuncios, esconde una realidad más incómoda: en casi cuatro años sin actualizar el módulo, los costes de construcción se han disparado muy por encima de ese 3,7%, así que más que una subida generosa, esto es una regularización tardía que llega cuando el sector llevaba tiempo advirtiendo de que construir VPO a los precios antiguos ya no salía a cuentas.

El acuerdo permitirá la construcción de 400 viviendas VPO

El pacto no se queda en un simple ajuste de cifras. A cambio de la actualización del módulo, la patronal se compromete a promover 400 viviendas protegidas en 2027, una cantidad que suena bien sobre el papel pero que conviene poner en contexto: Asturias arrastra un déficit histórico de vivienda asequible y 400 pisos, repartidos en un año y en todo el territorio asturiano, son una gota en un océano de demanda insatisfecha. Aun así, es una cifra concreta, con fecha y con nombre de los responsables de cumplirla, lo cual ya es más de lo que suelen ofrecer este tipo de anuncios institucionales, habitualmente cargados de buenas intenciones y escasos de compromisos verificables.

 ¿Cómo serán las viviendas VPO?

Con el nuevo módulo, una vivienda protegida de tres dormitorios y más de 70 metros cuadrados útiles tendrá un precio de venta ligeramente superior a los 150.000 euros. Si se añade plaza de garaje y trastero, el conjunto se quedará por debajo de los 200.000 euros. Son cifras que, comparadas con el mercado libre asturiano, siguen resultando atractivas para una familia trabajadora, aunque conviene no perder de vista que estamos hablando de un tope máximo, no de un precio garantizado en todas las promociones. Además, estas viviendas quedarán protegidas a perpetuidad, una novedad que llegará de la mano de la futura Ley de Vivienda de Asturias, actualmente en tramitación en la Junta General. Es, sin duda, el punto más interesante del paquete: hasta ahora, buena parte de la VPO asturiana acababa descalificándose con los años y saliendo al mercado libre, lo que vaciaba de sentido buena parte del esfuerzo público invertido en ella. Que la protección sea indefinida es una decisión con recorrido, aunque su eficacia real dependerá de cómo se redacte finalmente la norma.

¿Quiénes han participado en el acuerdo alcanzado?

El acuerdo se ha cerrado en una reunión entre el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, el presidente de CAC-Asprocon, Joel García, y la presidenta del grupo de Promotores y presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo. La combinación no es casual: Administración autonómica y patronal del sector promotor sentadas en la misma mesa, cerrando un pacto que necesitará, eso sí, un paso más antes de ser efectivo. El acuerdo deberá ratificarse en el marco de la concertación social, en una reunión prevista para los primeros días de septiembre, momento en el que entrará en vigor la actualización del módulo y empezarán a correr los compromisos asumidos por ambas partes.

Un buen acuerdo para todos

Zapico no ha escatimado adjetivos a la hora de valorar el pacto, calificándolo de «buen acuerdo» porque, en sus palabras, «permite a la clase trabajadora asturiana seguir accediendo a una vivienda protegida por alrededor de 150.000 euros, ofrece a los promotores garantías para afrontar las obras con viabilidad y sitúa, una vez más, a las familias trabajadoras en el centro de nuestra acción política». El consejero ha insistido en que la revisión del módulo respondía a un compromiso previo con la evolución salarial y no a «otros intereses». Es un discurso bien construido, pero que conviene leer con cierta distancia: para que la ecuación cuadre sin disparar el precio final, el Principado complementará el coste de ejecución con una aportación pública de 139,41 euros por metro cuadrado construido, financiada a través del Plan Estatal de Vivienda. Dicho de otro modo, el equilibrio entre promotores contentos y precios contenidos no sale gratis: lo paga, en buena medida, el erario público.

¿Cuál es la situación actual de la vivienda VPO en Asturias?

El contexto en el que llega este acuerdo no es menor. La región lleva años lastrada por una oferta de vivienda protegida insuficiente, con un parque envejecido y una demanda que no deja de crecer, especialmente entre jóvenes y familias con ingresos medios que ni acceden al mercado libre ni encuentran suficiente oferta pública. La subida del módulo, combinada con la promesa de protección perpetua y la inyección de fondos estatales, apunta en la dirección correcta, pero el verdadero examen llegará cuando toque comprobar si esas 400 viviendas se construyen realmente en el plazo previsto y si la futura Ley de Vivienda de Asturias blinda de forma efectiva ese carácter protegido. Por ahora, Asturias tiene un acuerdo firmado y una fecha de ratificación en septiembre; lo que tiene por delante es la parte difícil, la de convertir el papel en llaves.