El Gobierno ha puesto en marcha una nueva herramienta de intervención en el mercado del alquiler con la aprobación de un Real Decreto que regula un aval público frente a impagos. Una medida que busca —al menos en teoría— ofrecer tranquilidad a los propietarios y aumentar la oferta de alquiler en un mercado tensionado y crónicamente escaso. La gestión recaerá en las comunidades autónomas de régimen común, además de Ceuta y Melilla, y se aplicará exclusivamente a contratos vigentes a 30 de enero de 2025. El Ejecutivo pretende, con esta fórmula, reforzar la seguridad jurídica de quienes arriendan sus viviendas y facilitar el acceso a los colectivos con mayores dificultades.

Facilitar el acceso a la vivienda de determinados colectivos, como los jóvenes y las personas vulnerables

El diseño de la medida pivota sobre dos grupos prioritarios: jóvenes menores de 35 años y personas vulnerables, tal y como se definan en cada comunidad autónoma. El Gobierno parte de una premisa clara: la imposibilidad de acceder al alquiler ya no es solo económica, sino también estructural. Con este aval, pretende que los propietarios estén más dispuestos a firmar contratos con estos colectivos, sabiendo que estarán cubiertos ante posibles incidencias.
El Real Decreto subraya que esta cobertura solo será aplicable si los arrendadores cumplen todas las obligaciones legales: estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, depositar la fianza obligatoria, y firmar contratos que respeten los límites del índice estatal de referencia del alquiler.

Las condiciones para el aval

Para acogerse al sistema, los propietarios deberán cumplir una serie de requisitos concretos. Entre ellos destacan:
– Firmar un contrato con personas vulnerables o jóvenes menores de 35 años.
– Cobrar una renta que no supere el índice estatal de referencia.
– Depositar la fianza legal obligatoria del contrato y sus actualizaciones.
– Firmar el compromiso relativo al aval con el arrendatario, un documento normalizado aprobado por la Administración.
El Gobierno busca así garantizar que el aval no se convierta en una herramienta de distorsión del mercado, sino en un mecanismo para moderar precios y dar estabilidad a perfiles que suelen quedar fuera del mercado libre.

Las comunidades autónomas gestionarán el aval y podrán fijar criterios adicionales

La gestión será íntegramente autonómica, y ahí reside uno de los desafíos. Las comunidades podrán introducir requisitos adicionales, ampliar definiciones de vulnerabilidad o establecer límites complementarios. El Real Decreto subraya que esta cobertura solo será aplicable si los arrendadores cumplen todas las obligaciones legales: estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, depositar la fianza obligatoria, y firmar contratos que respeten los límites del índice estatal de referencia del alquiler.. Este margen autonómico puede generar diferencias territoriales relevantes, lo que ya anticipa debates sobre la equidad en el acceso al sistema.
Será también responsabilidad de las autonomías remitir información semestral al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, detallando los avales aplicados, los impagos cubiertos y los criterios empleados.

Las compensaciones del aval

El aval cubrirá hasta tres tipos de incidencias:
– Impago de rentas de alquiler.
– Daños ocasionados en la vivienda.
– Costes de suministros que queden pendientes de pago.
Es decir, se trata de una cobertura amplia, pensada para reducir la incertidumbre del propietario y evitar el recurrido argumento del “riesgo” como justificación para elevar precios o descartar inquilinos vulnerables. La cobertura, no obstante, solo se aplicará para los contratos vigentes a 30 de enero de 2025, lo que acota su alcance real.

Las personas que podrán acceder al aval

La norma establece dos tipos de beneficiarios:
– Los arrendadores de las viviendas, siempre que cumplan los requisitos.
– Las propias comunidades autónomas, en el caso de que hayan suscrito un seguro con los propietarios.
Ambos deberán estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
El Gobierno ha anunciado que habilitará una línea presupuestaria específica para financiar esta cobertura, aunque todavía no ha detallado el importe. Las autonomías, por su parte, recibirán cada año la transferencia presupuestaria correspondiente, previa certificación del coste asumido.

Una herramienta necesaria… pero insuficiente ante la magnitud del problema

Con este aval, el Ejecutivo busca reforzar la seguridad jurídica y estimular la oferta, pero lo cierto es que su impacto dependerá de tres factores esenciales: el presupuesto final, la velocidad de implementación autonómica y el peso real del índice estatal de referencia en los contratos.
Mientras tanto, España afronta un escenario donde los alquileres llevan años en máximos históricos, con una demanda disparada, una oferta en mínimos y un mercado marcado por la precariedad de miles de hogares. La nueva medida puede aportar algo de oxígeno, pero difícilmente resolverá un problema estructural que excede —y mucho— a un simple mecanismo de avales.