El ayuntamiento quintuplica las ayudas a las comunidades que quieran prohibirlos

La batalla de Barcelona contra los pisos turísticos no da tregua, y esta semana ha llegado un nuevo capítulo que confirma hasta qué punto el Ayuntamiento está dispuesto a mover fichas. El Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) ha decidido ampliar hasta los 256.000 euros el presupuesto destinado a ayudar a las comunidades de propietarios que quieran prohibir el uso turístico de las viviendas en sus edificios, una cifra que multiplica por más de cuatro los 56.000 euros con los que arrancó la partida inicial. No es una anécdota presupuestaria: es la constatación de que el consistorio se ha quedado corto calculando cuánta gente en Barcelona está harta de convivir con maletas de ruedas, fiestas nocturnas y rotación constante de desconocidos en el rellano.

Ayudar a las comunidades que quieran prohibir los pisos turísticos

El objetivo de la medida, aprobada por la Comisión de Gobierno, es tan sencillo como contundente: que sean los propios vecinos quienes, mediante la modificación de sus estatutos de comunidad, puedan cerrar la puerta al alquiler turístico dentro de sus fincas. El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha sido claro al justificar el refuerzo económico: la ayuda busca contribuir a la eliminación de los pisos turísticos en la ciudad, una aportación que nació de los acuerdos con ERC y que ahora se ha visto obligada a crecer porque la demanda real ha superado en un 30% las previsiones iniciales del Gobierno municipal. Que un programa pensado para una demanda modesta acabe desbordado por el interés vecinal dice mucho sobre el hartazgo acumulado en según qué barrios de la ciudad.

La iniciativa, fruto de un convenio entre el Ayuntamiento, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, se puso en marcha en febrero y ya acumula más de 80 solicitudes, volumen que explica por sí solo la inyección de 200.000 euros adicionales y la ampliación del plazo de presentación hasta el 31 de diciembre.

¿Qué cubre la subvención?

Aquí está la parte que de verdad interesa a quienes estén pensando en dar el paso. La subvención cubre hasta el 50% de los gastos de gestión que conlleva modificar los estatutos de la comunidad, incluyendo notaría, registro de la propiedad y honorarios profesionales. En términos prácticos, esto se traduce en un máximo de 1.500 euros si la comunidad modifica unos estatutos ya existentes, y hasta 2.500 euros si lo que hace es redactar unos estatutos completamente nuevos. No son cantidades que vayan a cambiarle la vida a nadie, pero sí las suficientes para eliminar la excusa económica que frena a muchas comunidades a la hora de iniciar un trámite que, sin ayuda, puede resultar tedioso y nada barato.

Que la ampliación llegue justo cuando la convocatoria se ha quedado pequeña es una buena noticia mal disfrazada de gestión reactiva: el Ayuntamiento admite que subestimó las ganas de los barceloneses de recuperar el control de sus propios edificios.

¿Cuáles son las condiciones para acceder a la subvención?

El acceso a la ayuda no es automático, así que conviene tenerlo claro antes de lanzarse. La comunidad debe aprobar en junta la creación o modificación de sus estatutos para incluir de forma expresa la prohibición del uso turístico de las viviendas, así como de aquellas actividades económicas que puedan alterar la convivencia en el inmueble, y el texto tiene que ajustarse a una cláusula homologada por la Cámara de la Propiedad Urbana, el Colegio de Administradores de Fincas y el propio Ayuntamiento, de modo que no valga cualquier redacción improvisada. Una vez aprobado, el acuerdo debe elevarse a documento público e inscribirse en el Registro de la Propiedad para tener validez frente a terceros, paso que blinda jurídicamente la decisión vecinal. Por último, la comunidad solicitante debe estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el Estado, la Generalitat y la Seguridad Social.

Otras medidas del Ayuntamiento de Barcelona contra los pisos turísticos

Esta subvención no es un gesto aislado, sino una pieza más del pulso que el Ayuntamiento mantiene desde hace tiempo contra las viviendas de uso turístico (HUT). El consistorio ya ha anunciado que no renovará las licencias de las más de 10.000 viviendas turísticas que operan actualmente en la ciudad una vez llegue 2028, una decisión que, según el último barómetro municipal, cuenta con el respaldo del 75% de los barceloneses. El respaldo ciudadano no es un dato menor: pocas veces una medida urbanística tan drástica goza de un consenso tan amplio.

Un estudio del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) calculaba el año pasado que la vuelta de estas viviendas al mercado residencial podría reducir entre un 8% y un 13,4% el precio de los alquileres, y hasta un 6,1% el de la compraventa, sin afectar negativamente al PIB de la ciudad. Son cifras que dan la razón al Ayuntamiento, aunque entre el anuncio de una medida y su efecto real en el bolsillo del inquilino suele mediar un trecho considerable. Barcelona ha decidido apostar fuerte contra el turismo residencial descontrolado; que esta subvención sirva de algo dependerá, como siempre, de que la letra pequeña no acabe frenando lo que sobre el papel suena tan bien.