El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta de modificación del Impuesto de Sociedades para conceder beneficios fiscales a las sociedades, empresas o fondos de inversión que ofrezcan sus viviendas en alquiler social o asequible. La medida, que llega en un contexto de gran presión sobre el mercado del alquiler, busca incentivar la colaboración del sector privado en la ampliación del parque de vivienda asequible y reforzar las políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La reforma tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025

La iniciativa socialista se recoge en una enmienda presentada a la ley que transpone una directiva europea sobre criptomonedas. En ella se propone añadir una disposición adicional a la Ley del Impuesto de Sociedades que establezca la exención de rentas derivadas de la transmisión de inmuebles destinados a vivienda asequible o social. En la práctica, esto implicaría que las rentas positivas obtenidas por la transmisión de bienes inmuebles con este fin no tributarían, siempre que dichos inmuebles se integren en los programas de vivienda del Estado.

La reforma tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, una medida con la que el Ejecutivo busca que las operaciones ya realizadas durante el presente ejercicio puedan acogerse a esta ventaja fiscal. Por el contrario, no podrán beneficiarse de la exención las pérdidas por deterioro de los inmuebles ni las cantidades derivadas de la reversión del exceso de amortización contabilizada.

Con esta propuesta, el PSOE pretende dar un impulso significativo al mercado del alquiler asequible, facilitando que el sector privado se sume al esfuerzo público en la creación de una oferta de vivienda más accesible. En la exposición de motivos, los socialistas destacan que la medida persigue “una oferta adecuada y sostenida de vivienda pública y asequible” para dar respuesta a la demanda de hogares con dificultades de acceso.

La exención se aplicaría a los bienes que se incorporen a las políticas de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

La enmienda aclara que la exención fiscal se aplicará exclusivamente a los bienes que pasen a formar parte de las políticas de vivienda promovidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Este enfoque busca coordinar la actuación de las administraciones y garantizar que las viviendas beneficiadas realmente se destinen al alquiler asequible o social, evitando usos especulativos o desvíos de finalidad.

El planteamiento del PSOE responde al creciente consenso político y social en torno a la necesidad de aumentar la vivienda pública y asequible, una carencia estructural que en los últimos años se ha agravado. Según datos del propio Ministerio, España se encuentra a la cola de Europa en parque de vivienda social, con apenas un 2,5% frente al 10% de media europea.

El objetivo es incrementar de manera rápida la disponibilidad de vivienda en alquiler asequible

En un momento en que los precios del alquiler no dejan de subir y el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, el Gobierno busca fórmulas que impliquen al capital privado sin renunciar al control público del destino final de los inmuebles. La medida se plantea como un incentivo para que grandes tenedores, fondos de inversión o promotoras inmobiliarias aporten parte de su stock a programas de vivienda social o asequible.

Desde el punto de vista político, la iniciativa también sirve al PSOE para reforzar su discurso sobre la necesidad de combinar incentivos fiscales con políticas sociales, evitando medidas coercitivas y apostando por la colaboración público-privada. Sin embargo, distintos sectores del mercado inmobiliario advierten que los beneficios fiscales podrían no ser suficientes si no van acompañados de seguridad jurídica y claridad normativa.

En todo caso, el movimiento del Gobierno se enmarca en una tendencia europea que busca reforzar la función social de la vivienda, facilitando que tanto el sector público como el privado participen activamente en la expansión del parque asequible. Con esta propuesta, el PSOE aspira a enviar un mensaje claro: el acceso a una vivienda digna debe ser una prioridad económica y social, y el sistema fiscal puede ser una herramienta eficaz para conseguirlo.

Una vez más, la vivienda se sitúa en el centro del debate político y económico, con un modelo de intervención que busca equilibrar la rentabilidad de la inversión con la protección del derecho a la vivienda. La clave estará en comprobar si la medida logra transformar la buena intención legislativa en viviendas reales y accesibles para quienes más lo necesitan.