Blackstone hace caja con los pisos públicos que le vendió Botella

En medio del ruido mediático de la guerra de Irán, la prórroga de alquileres y las protestas de algunos inquilinos, Blackstone ha ejecutado una de las operaciones inmobiliarias más rentables de la historia reciente del mercado español. El fondo estadounidense ha vendido las 5.000 casas de su socimi Fidere al fondo canadiense Brookfield por 1.050 millones de euros. Y dentro, el mismo paquete que en su día compró, en parte, a precio de ganga gracias a la generosidad institucional del Ayuntamiento de Madrid cuando Ana Botella era alcaldesa.

La operación no es nueva en su lógica. Es la misma que lleva décadas funcionando: lo público se vende barato, lo privado lo rentabiliza y quien paga el pato es quien vive en esas casas. Lo llamativo en este caso es la magnitud del negocio y la frialdad con la que se ha ejecutado mientras medio centenar de vecinos se manifestaban en la calle gritando que Blackstone «está haciendo el negocio del siglo». Tenían toda la razón.

Una de las operaciones de más éxito del mercado inmobiliario

La cartera de Fidere está compuesta por 47 edificios íntegramente en la Comunidad de Madrid. El 96% de las viviendas pertenecen al mercado libre. La última valoración de estos activos, a finales de 2025, ascendía a 1.302 millones de euros según tasación de CBRE. El precio final de la venta, 1.050 millones, quedó aproximadamente un 30% por debajo de esa cifra, lo que en el argot del sector se interpreta no como un fracaso sino como un éxito: Blackstone cerró la operación por encima del umbral de los 1.000 millones que muchos consideraban difícil de superar.

Paradójicamente, ese descuento sobre la tasación se presenta como un acuerdo razonable para el comprador, cuando el precio de partida ya incorporaba una revalorización espectacular sobre lo que el fondo pagó en su día. La lógica inversora tiene esa virtud: siempre sale ganando alguien. Rara vez son los inquilinos.

Para rematar la faena, el consejo de administración de Fidere aprobó un dividendo extraordinario de 492 millones de euros con cargo a los resultados de 2026. El 70% —unos 353 millones— se abona en efectivo la semana siguiente al cierre. El resto se instrumenta mediante la cesión de un derecho de crédito vinculado a 149,2 millones de euros que Fidere mantiene con Samarium Master, sociedad relacionada con el entorno de Brookfield. La retribución bruta por acción alcanza los 48,87 euros, una cifra que habla por sí sola del rendimiento de esta inversión.

La operación bursátil y de dividendos: vender lo público para beneficio de los fondos de inversión

Conviene recordar cómo empezó esta historia. Entre 2013 y 2019, Blackstone fue acumulando carteras de vivienda pública con una voracidad difícilmente comparable. Las 1.860 viviendas protegidas que ahora forman parte de la operación fueron adquiridas a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por alrededor de 128,5 millones de euros, a unos 68.000 euros por unidad, en una transacción que se produjo bajo la alcaldía de Ana Botella (PP) y que fue avalada judicialmente.

Dicho de otro modo: el Ayuntamiento de Madrid vendió vivienda pública a precio de derribo a un fondo de inversión, que años después la vende por más de cuatro veces lo que pagó, reparte casi 500 millones en dividendos y se va tan ancho. La operación es perfectamente legal. Lo que no impide que resulte moralmente escandalosa.

Y no es solo Madrid. Blackstone fue haciendo lo mismo en Móstoles, Alcorcón, Torrejón de Ardoz y Carabanchel, acumulando miles de viviendas de protección oficial que en su día habían sido construidas con dinero público para garantizar el acceso a la vivienda de familias con rentas bajas. El negocio no es sutil: se llama privatizar el patrimonio público para engordar las cuentas de los fondos de inversión.

 ¿Quién es Fidere y cuáles son sus activos?

Fidere es la socimi —sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario— a través de la cual Blackstone ha gestionado su cartera residencial en España. Cotiza en BME, aunque el 98,6% del capital está controlado por el propio Blackstone, lo que convierte la junta de accionistas en un mero trámite de gestión interna. Su cartera agrupa unas 5.200 viviendas en alquiler, la gran mayoría en la Comunidad de Madrid.

JLL y Eastild fueron los encargados de buscar comprador durante meses, y el elegido ha sido Brookfield, uno de los grandes gestores de activos del mundo con sede en Canadá. Brookfield llega con una estrategia clara: no quiere gestionar alquileres, quiere vender piso a piso a particulares. En el sector lo llaman «privatizar el portfolio». La traducción para los que viven en esas casas es más directa: el nuevo dueño quiere sacarlos.

 ¿Qué está pasando con los vecinos de esas casas?

Y aquí es donde la operación financiera se convierte en drama humano. Brookfield no gestiona directamente los inmuebles: ha encargado esa labor a Clikalia, una plataforma especializada en la compraventa de vivienda reformada. El modelo de negocio consiste en reformar los pisos, sacarlos al mercado y venderlos a un precio medio de 295.000 euros, cifra que queda astronómicamente lejos de las posibilidades económicas de los inquilinos actuales.

Los vecinos han empezado a recibir burofaxes. Quienes tienen contratos que vencen en 2026 han sido notificados para que entreguen las llaves antes de junio sin posibilidad de renovación. Los que quieren quedarse se enfrentan a subidas de hasta 500 euros adicionales al mes sobre el alquiler actual, más la exigencia de acreditar ingresos mínimos de 3.000 euros mensuales. Esto, después de años pagando puntualmente. Los afectados lo describen como un «desahucio silenciado»: sin orden judicial, pero con los mismos efectos prácticos. La expulsión por asfixia económica.

Los alquileres, que en sus inicios rondaban los 600 euros mensuales, han ido subiendo hasta superar los 1.100 euros en algunos casos. Ahora el suelo es ese, y Brookfield pide que sea mucho más alto todavía o que los inquilinos se vayan.

La gestión pública, o la falta de ella

Los afectados llevan semanas exigiendo que alguna administración ejerza el derecho de adquisición preferente para recuperar estos inmuebles para el parque público. Han interpelado al Gobierno central a través de Casa 47, a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos. Hasta ahora, silencio.

El Real Decreto-Ley 8/2026, que habría permitido ampliar contratos de arrendamiento y limitar subidas de precio en el contexto de la crisis derivada de la guerra de Irán, fue rechazado en el pleno del Congreso. Eso habría dado a muchos vecinos un margen de dos años para buscar alternativas o renegociar. Sin ese escudo, están solos.

Es el mismo patrón de siempre: las administraciones que vendieron el patrimonio público —o que lo heredaron vendido— no aparecen cuando toca defender a los ciudadanos que pagan las consecuencias. El Ayuntamiento de Madrid vendió barato, Blackstone compró, revalorizó, vendió caro, repartió dividendos y se fue. Brookfield ha llegado con un maletín de burofaxes. Y los vecinos que llevan años en esas casas, pagando religiosamente, reciben un papel diciéndoles que se busquen la vida.

El negocio del siglo, en efecto. Aunque depende mucho de qué lado del contrato estés.